El procurador interino, Eduardo Casal,
dictaminó que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la
Provincia es "inconstitucional" y abrió el espectro de las cadenas
que pueden operar en el territorio.
La
Procuración General de la Nación avaló el desembarco de Farmacity en la
provincia de Buenos Aires, dos días después de que el vicejefe de Gabinete,
Mario Quintana, anunciara que venderá las acciones que le quedan en la
compañía. El
funcionario intenta desde 2010 abrir sus puertas en territorio
bonaerense, aunque la última palabra la tiene la Corte Suprema de la Provincia
que deberá expedirse sobre el tema.
El
procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la
Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es
"inconstitucional" y de ese modo se abriría el espectro de las
farmacias que pueden operar en el territorio.
La Ley
provincial 10.606 establece que las farmacias son un “servicio de utilidad
pública” y precisa en el artículo 14 que “se autorizará su instalación cuando
la propiedad sea: de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de
Sociedades integradas totalmente por profesionales habilitados; de hospitales
públicos dependientes de la Nación, Provincia o Municipios; y de las Obras
Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales”. Es decir, la norma vigente no
permite que sociedades anónimas como Farmacity ingresen a competir con las
anteriores mencionadas.
El diputado
provincial del Frente Renovador, Lisandro Bonelli, repudió el fallo que emitió
el procurador de la Nación y afirmó que “una vez más, sin ponerse colorados,
Mauricio Macri y Mario Quintana usan la política para hacer negocios”.
El nicoleño,
que impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para poner un freno
a la cadena, consideró además que “el visto bueno de la Procuración evidencia
una clara presión del vicejefe de Gabinete de la Nación y accionista de la
empresa a la Corte Suprema de la Provincia que se debe expedir sobre el tema”.
Por su
parte, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, Isabel Reinoso,
explicó: “Es un juicio que inició Quintana en 2012 y ha perdido en todas las
instancias en la provincia de Buenos Aires. El año pasado cuando la empresa
presentó una queja y pidió el expediente a La Plata, nosotros salimos a alertar
que esto se estaba dando vuelta por la influencia del vicejefe de Gabinete de
la Nación”.
“La Procuración le está dando indicaciones a
la Corte. Es un avasallamiento a la independencia de poderes y a las Provincias
que son las que tienen que resolver las cuestiones de salud. Y el acceso de
medicamentos y la salud es un tema de salud pública”, finalizó Reinoso.
