Se
cumplieron dos años de la gestión de Mauricio Macri. El sistema de medios
cambió mucho en este período: Decretos, promesas incumplidas y más poder a los
más grandes.
Puede
resultar inoportuno proponer en este contexto convulsionado, tan diciembre en
Argentina, un balance de las políticas de comunicación del primer gobierno de
Cambiemos a dos años de su inicio. A dos
años de su cierre. Pero la fecha
redonda invita. Y los procesos complejos como la transición cambiemista demandan
la puesta en circulación de una serie de análisis críticos, focalizados y que
dialoguen.
Diciembre
2017 llegó justo en momentos en que el Gobierno parece encontrar límites más
severos en la calle que en el Congreso. Sucedió con el Fallo de la Corte
Suprema del “2x1” y la semana pasada, con manifestaciones masivas,
visibilizadas y no, reprimidas y con sectores violentos que las complicaron.
El Gobierno
avanza en las transformaciones que propone para diferentes aspectos, áreas,
zonas y temáticas. Y en su recorrido –que ya superó la primera mitad- expresa
su concepción del modelo de Estado, su relación con el capital privado y su
interpelación a los sectores sociales a partir de su capacidad de negociación.
El campo de
la comunicación, los medios y sus tecnologías fue el primero en el que
Cambiemos materializó su perspectiva. Aplicó cambios regulatorios, pero también
en los agentes estatales y en la relación con los medios. Quedó a mitad de
camino entre la devolución de favores a los grupos concentrados que
contribuyeron a su llegada y el cumplimiento de promesas como las del “fin de
la guerra con el periodismo” o la de un marco regulatorio actualizado y que
resultara fruto de un proceso democratizador. Ambas engrosan la lista del debe.
A mitad de camino
La gestión
de Mauricio Macri heredó un sistema de medios concentrado, geográfica y
económicamente. Con alta incidencia del capital extranjero. Que presenta una
centralización muy marcada en la producción de contenidos -y definición de
temáticas- en Buenos Aires. Y avanza hacia el crecimiento de modelos de acceso
para las audiencias cada vez más excluyentes.
El contexto
comunicacional lo exponía a una crisis sistémica e integral -que ya trabajamos
en Letra P-, generada por la combinación del desarrollo tecnológico, las nuevas
formas de producción-distribución-consumo de bienes y servicios culturales y la
dificultad de encontrar un modelo de negocio sólido. Es una estructura muy
dependiente del Estado -dinero, regulación, exenciones, etcétera- que cuenta
con cierta capacidad de presionar a los gobiernos y/o de optimizar su relación
con ellos en pos de sus intereses, necesidades y demandas.
Como rasgo
relevante también se constata la presencia de un sector de medios sin fines de
lucro dinámico, activo e históricamente segregado -sobre el que trabajó Agustín
Espada hace poco en Letra P-. Y que había celebrado la sanción de la ley
audiovisual pero no alcanza a ver materializada sus ventajas.
Con la gestión Cambiemos el sistema mutó en varios de sus rasgos
- Una serie
de decretos modificaron la regulación, fundamentalmente el núcleo
anti-concentración y el organismo de control de la ley audiovisual;
- El ENACOM
reemplazó a la AFSCA y fortaleció la centralización de la toma de decisiones en
el Poder Ejecutivo, que además dio de baja (a menos de dos años de crearlo) al
Ministerio de Comunicaciones y la fallida gestión de Oscar Aguad;
- No le ha
resultado (tan) sencillo (como esperaba) lidiar con los intereses de empresas
que provienen de sectores diferentes y avanzan, por la convergencia, hacia un
futuro que las pondrá en competencia directa con el cuádruple play -telefonía
fija y móvil, banda ancha, TV de pago- y demás servicios -fintech, e-commerce,
etcètera-. Los intereses de las empresas de telecomunicaciones -de capitales
extranjeros, además, como Telefónica y Claro- tratan de incidir tanto como las
que provienen de medios tradicionales y ya son “telcos” también -el Grupo
Clarín-;
- La pauta
oficial tuvo su regulación a medias –una resolución estableció criterios para
su administración- pero exhibió continuidades en sus lógicas. Mientras las
empresas públicas y privadas llevaron a cabo miles de despidos de trabajadores
y cierres que no se quedaron a un lado u otro de la grieta;
- El final
del Programa Fútbol para Todos fue seguido por el regreso de un sistema de
distribución restrictivo para un contenido de interés cultural relevante. Hoy
son muchos menos los argentinos que ven los partidos por televisión;
- La TV
Pública vio oxigenada la línea editorial de sus contenidos periodísticos. Su
pantalla ya no exhibe una defensa gubernamental fundamentalista e incluye uno
de los aportes del momento al debate público en los medios: Ronda de Editores,
el programa conducido por María O¨Donnell. Claro que la renuncia de Horacio
Levín a su cargo de director ejecutivo del Canal y la incertidumbre sobre la
programación de 2018 pone todo en un manto de dudas;
- Acompañó
un proceso intenso de compras y fusiones de empresas de medios que
incrementaron la concentración. Y la entrega de una serie de licencias que
todavía no resuelven el problema de medios en conflicto -Jorge Fontevecchia
recibió la de Radio América y hace algunos meses dos de TV que todavía no
operan-;
- La más
importante resultó la operación a partir de la cual el Grupo Clarín pasó a ser
un gigante de las telecomunicaciones. El 21 de diciembre se aprobó en el Enacom
la fusión Cablevisión-Telecom. La Secretaría de Defensa de la Competencia tiene
45 días para expedirse sobre el tema. Son varios los aspectos críticos sobre
los que debería expedirse. Como sostiene Gustavo Fontanals, “se da origen a la
principal compañía de telecomunicaciones del país, con una posición de
liderazgo en todos los segmentos del mercado y un control mayoritario sobre
recursos públicos escasos e infraestructura esencial”. Las empresas habían
iniciado su integración desde hace meses, con la reformulación de aspectos
administrativos.
Muchas preguntas
se abren a partir de esta decisión. ¿Cuál es el tamaño real de la nueva firma
en relación a los mercados que opera y domina? ¿Cuántos despidos implicará en
las empresas a partir de las sinergias posibles? ¿Será que está vez el Gobierno
comprenderá que la concentración es un problema y no un aspecto necesario para
los medios? ¿Se cuenta esta operación como parte de la “lluvia de inversiones”
que todavía no moja?
Promesas sobre el bidet
El Gobierno
prometió al asumir que cumpliría una serie de objetivos distintivos. Uno tenía
la pompa y circunstancia de “unir a los argentinos”. Para ello se buscaría
cambiar la relación medios-Gobierno y coadyuvar en la reducción de la famosa
“grieta”. Lejos de eso, a mitad del mandato se constata que apenas cambiaron los
sombreros. Los que antes eran críticos hoy son “adictos”. Quienes eran afines
al kirchnerismo hoy son opositores y hostilizados. Tanto que, según varios
periodistas, el presidente dijo en off que habría que subir a un cohete a la
luna “a los que frenan el cambio”. No casualmente ese es el título del portal
al que mudó sus columnas Horacio Verbistsky, luego de más de 20 años de
escribir en Página/12, uno que cambió de sombrero.
Otra promesa
trunca fue la sanción de una ley convergente, actualizada, democrática y que
adaptara el país a las transformaciones tecnológicas. La creación de una
comisión para redactarla estableció 180 días de plazos, que se renovaron en
tres oportunidades. Cumplido el período no hay novedades al respecto. Los
integrantes de aquel colectivo sostienen que ya hicieron su trabajo. Mientras
tanto, llegamos a las fiestas con decisiones que habilitan mayor concentración
tomadas por un ente gubernamental, que tiene cinco de siete integrantes
designados por Macri. Y a la espera de un nuevo decreto, que lime las asperezas
entre los principales jugadores -Clarín y Telefónica- ante el inminente 2018 en
que todos podrán competir en todos los soportes. La convergencia como argumento
para mantener y reforzar la concentración.
Las
políticas de comunicación de Cambiemos han reforzado los aspectos negativos que
heredó del sistema, de su lógica regulatoria y de administración. Mientras que
habilitó –o rehabilitó- decisiones que en su conjunto sesgaron las
posibilidades de democratizar el sistema.
Expuso
algunos aspectos destacables –ciertos rasgos de la programación de la TV
estatal, no así de la radio y la agencia de noticias- y otros intentos que no
lograron sus objetivos –como la regulación de publicidad oficial o la ley de
acceso a la información pública-. Pero no acompañó ni defendió a los
trabajadores de medios que perdieron sus puestos de trabajo. Los estigmatizó
por trabajar en medios afines al gobierno anterior y dejó libradas a su suerte
a empresas emblemáticas que caminan a la quiebra -como Radio Rivadavia-.
Mientras que la afinidad con los grandes grupos concentrados muestra otra cara
de la tesis que guía su gestión: la concentración no es un problema.
Quedan dos
años de gestión. La mitad del camino. Los próximos meses asoman como muy desafiantes.
Se abrirá la competencia convergente en un contexto que resultó muy beneficioso
para el Grupo Clarín. En ocasiones, el Gobierno parece desconocer -o negar- el
peligro de lidiar políticamente con un actor con tanto poder económico y
simbólico. Los pendientes son muchos. La lista del debe asoma robusta.
