Casaresonline entrevistó a Sergio R. Andreoli, abogado de los pacientes enfermos renales de Carlos Casares.
¿Cuál es el estado de los pacientes?
¿Y del proceso judicial?
Los enfermos renales crónicos
continúan viajando tres veces por semana a otras localidades para mantenerse
con vida. Realizan un esfuerzo
intolerable que daña su salud física y psíquica. Viajan más de 400 kilómetros
semanales en promedio. Lo que sumado a las horas de tratamiento, los priva de
unas 20 horas semanales para trabajar o estar con su familias. Aun no cuentan con un médico nefrólogo
radicado en
Carlos Casares que los pueda asistir de urgencia. Pese a la orden
de la justicia en ese sentido.
Los niños/ adolescentes en diálisis
no pueden cumplir con las horas de escolaridad necesarias.
Todos tienen una pésima calidad de
vida, y deben atravesar estas fiestas viajando para cumplir con diálisis. Les
resulta imposible tomarse vacaciones. Resulta muy dificultoso / imposible
encontrar centros en lugares de veraneo y los costos de traslados son
altísimos.
Hemos construido un proceso judicial
tipo comando-control que continua abierto ante la Suprema Corte Provincial. Con
el transcurso de las sentencias quedó más que evidente la omisión estatal en
reestablecer el servicio de hemodiálisis que se prestó en Carlos Casares hasta
el año 2003.
Repaso sentencias condenatorias
Luego de que la Suprema Corte
Provincial aceptara nuestra acción de amparo colectivo en diciembre de 2014,
condenando al Municipio de Carlos Casares a cargar con las costas del proceso.
Durante Febrero de 2015 el juez Marcelo Centeno ordenó una serie de medidas
cautelares a cumplir en 30 días, a saber: la prestación de diálisis aguda en
terapia intensiva del Hospital; la incorporación de un médico nefrólogo; la
inscripción de los pacientes en lista de espera para trasplante; entre otras
medidas asistenciales.
Dichas medidas –inexplicablemente-
fueron apeladas por el Municipio. Como si el fin del Estado Municipal no fuera
cumplir con la salud. Pero dicha apelación fue rechazada luego de acreditarse
la falta de atención a otro paciente que requirió diálisis de urgencia y
falleció sin conseguirla (el vecino Walter Prieto). Lo cual se sumó a los casos
de Herrera; Gabrieli; De Santa Eduviges; Ramallo; Lozauro. Todos pacientes
fallecidos sin la atención médica que indica la ley local.
En Agosto de 2015 el Juez Centeno
condenó al Municipio y a la provincia de Buenos Aires a prestar el servicio de
hemodiálisis, instalando el servicio de diálisis en un plazo de 90 días.
Dicha sentencia, por orden del
Intendente Walter Torchio, también fue apelada por los abogados contratados por
el Municipio. Apelación que también fue rechazada. Pues en diciembre de 2015 la
Cámara de Apelaciones de San Martín volvió a condenar al Municipio a “impulsar
el rápido avance de la obra del Centro de Diálisis”.
Aun no se han incorporado las
maquinas, los sillones, ni siquiera el equipo de tratamiento de agua y la obra
del centro se encuentra vacia.
¿Por qué motivo cree Ud. que el
Intendente se opuso al reclamo y apeló la sentencia que ordenó prestar diálisis
en Casares en 90 días?
El Municipio contrató abogados por
decisión del Intendente (pero con dinero público) para oponerse al reclamo de
los pacientes; para dilatar el proceso y entorpecer la ejecución de las
resoluciones. Todo lo cual redundó en un perjuicio para la salud y la vida de
los vecinos. Porque a un año y medio de la sentencia que ordenó diálisis en 90
días (Agosto de 2015), aun no pueden contar con el tratamiento y deben seguir
viajando para mantenerse con vida.
Lo paradójico (y no menos chocante)
es que el actual gobierno malgaste el dinero público en un proceso judicial por
egocentrismo y capricho, llevando a los pacientes a juicio, oponiéndose a las
sentencias del poder judicial. En vez de invertir ese dinero en prestar el
servicio cumpliendo con las ordenanzas, y las sentencias obtenidas.
El dinero del Estado es del Pueblo, y
no puede ser gastado contra los intereses del pueblo.
¿Qué opina de la salud de los
Casarenses en general?
No es mi función realizar una
evaluación general sobre el servicio de salud. Solamente soy abogado y mi rol
se limita al reclamo de los enfermos renales. Pero es notable como el actual gobierno ha
tergiversado e invertido el rol del Estado en cuestiones de salud.
Es curioso ver como el intendente, el
secretario de Gobierno y el Director del Hospital se sacan fotos con cada
aparatología que el Municipio adquiere y las suben a las redes sociales para
que los empleados municipales las compartan;
como si dicha aparatología fuese propia, como si la compraran con su
dinero.
El intendente trata a los ciudadanos,
como “clientes” o “consumidores de un servicio” del cual ellos serían
prestadores. No como ciudadanos con derechos, donde ellos simplemente son
servidores públicos con obligaciones impuestas por la ley. Ahí es donde se nota
un “manejo empresarial” del Muncicipio y una “confusión” entre la gestión de
gobierno “Walter T” y el Estado.
Porque el Estado no es lo mismo que
la “Gestión verde”. Sin embargo, la gestión utiliza dinero del Estado para
nutrirse. No solo al pintar todo de color verde con dinero del pueblo. Sino
porque la gestión de gobierno absorbe el rol del Estado, llegando a eludir
obligaciones que pertenecen al Estado (prestar el servicio de hemodiálisis). Lo
cual resulta poco serio y roza el incumplimiento de deberes de funcionario
público.
El motivo sólo parece encontrase en
una caprichosa e infantil predisposición por mantener un exagerado protagonismo
en los medios.
¿Los medios de Carlos Casares
controlan al gobierno?
Si un medio de comunicación dedica
sus páginas a publicar lo que le envían desde el Municipio, sin ningún tipo de
reparo. Si es pantalla para justificaciones y excusas, entonces solamente es
afín a una gestión de gobierno. No hace periodismo. No participa en la búsqueda
de la verdad objetiva. Ni tampoco cumple el rol democrático de proteger a las
minorías y controlar al Estado.
En nuestro caso de diálisis, si los
medios de comunicación en vez de condenar al gobierno por su actitud caprichosa
y egoísta, contraria a los fines del Estado, consistente en postergar el
servicio. Por el contario sólo les brindan páginas para intentar justificar su
larga omisión. Entonces esos medios no tienen ningún compromiso con los
Derechos Humanos de los ciudadanos.
Especialmente cuando, la gravedad de
la omisión estatal es tal que daría lugar hasta para que la oposición inicie un
juicio político al Intendente por la causal de “mal desempeño en la función
pública”. Está en juego la vida de la gente y ya se ha pronunciado toda la
justicia provincial.
Si un periódico local publica el
titular “La mejor noticia, en un año se prestará diálisis” durante 2014
(en ocasión en que el Intendente firmara un contrato administrativo con dos
médicos de Junin, para prestar diálisis
en Agosto de 2015) y luego, ya pasado un
año y medio no adopta una actitud crítica ante semejante incumplimiento en la
palabra de un Funcionario, en la Fe de la Administración pública y en especial,
al compromiso asumido con vecinos discapacitados. Entonces ese medio de
comunicación solo es un boletín del Intendente que se burla de los ciudadanos.
¿Qué opina de la bicicleta que el grupo
de pacientes regaló al intendente?
Han sido negados primero y ahora
postergados. Además el Intentente Torchio los obligó a emprender un juicio para
hacer valer sus derechos. Está en juego su vida. Podrían enojarse, hasta
violentarse, pero siempre han mantenido una actitud constructiva.
Destaco que gente humilde y con una
enfermedad terminal, tenga buen sentido del humor y opte por transformar la bronca
en creatividad. Es increíble hasta dónde puede llegar el pensamiento y la
actitud de un ser humano cuando se trata de su salud. Me parece un reclamo
originar y gracioso.
Lo que no es gracioso, y por el
contrario, es lamentable; es que la palabra de un Funcionario Público, de un
Intendente y escribano, se devalué tanto, y valga tan poco. Todos recordamos su
compromiso en la apertura de Sesiones del H. Concejo Deliberante, y sus
anteriores compromisos. Todos incumplidos.
No es gracioso, es triste, que un Intendente pueda prometer e incumplir
tan burdamente un compromiso moral para con la comunidad y siga “bicicleteando”
a ciudadanos discapacitados.
¿La Universidad de Palermo sigue
participando del reclamo?
La Clínica jurídica de la UP, se
presentó en calidad de tercero imparcial, pero acompañando a los ciudadanos de
Carlos Casares y destacando la cantidad de muertes evitables causadas por no
prestar el servicio de hemodiálisis en nuestra ciudad. La Clínica Jurídica,
dirigida por Ezequiel Nino, hizo
público un comunicado y confecciono dos documentos firmado por distintos
profesores universitarios.
¿Realizarán otras marchas?
Anunciamos y convocamos abiertamente
a una manifestación para el día 20 de Febrero próximo. Donde marcharemos hasta
el Municipio y posiblemente a los domicilios particulares de los funcionarios
responsables de poner en funcionamiento el servicio. Requeriremos la presencia
física de los médicos nefrólogos a cargo para que brinden explicaciones y
den respuesta a los pacientes sobre la real puesta en funcionamiento del
tratamiento.
Un mensaje a los pacientes en
diálisis y sus familiares
“Conozco las dificultades de los
pacientes para integrarse en estas fiestas navideñas. Entre los años 2002 y
2008 mi madre Alicia Vázquez, atravesó el tratamiento de diálisis. Mi padre,
José Juan Andreoli, ya había fallecido y fueron años muy duros para nosotros.
No es sencillo para el paciente y su familia cumplir con todas las obligaciones
de la vida. Trabajar y someterse al tratamiento implica un esfuerzo de toda la
familia. Los traslados y las distancias. Coordinar turnos, realizar estudios.
Someterse a estrictas dietas. Sufrir descompensaciones, mareos y además tener
que viajar con una amenaza constante: porque está en juego la vida.
Todos tenemos problemas que nos
pesan. Les pido a los pacientes en diálisis sean constantes y cumplan
estrictamente con el tratamiento. Hoy la sociedad los conoce, los acompaña, y
los valora. Háganlo por sus hijos, por sus amigos.
A aquellos vecinos sin problemas de
salud, o aquellos pacientes trasplantados que ya no lo necesitan; les pido, les
suplico sean solidarios y sepan ponerse en lugar del otro. Exijamos todos
juntos a las autoridades la pronta puesta en funcionamiento del servicio. El reclamo no es contra nadie, es por la
salud de todos.
Al Intendente Municipal le pido, haga
lucir su sentido más humilde y humano; deje egocentrismos de lado, suspenda las
fotografías y simplemente cumpla con su deuda, con su deber, con la ley. Honre
su mandato, su apellido, y el de la familia Grobocopatel: preste efectivamente
el servicio”.