Un informe elaborado por la entidad expone el estado crítico de la red vial en donde 70.000 km de caminos se encuentran en condiciones regulares o malas. También se analiza que la cantidad de recursos que se destina anualmente a la conservación y mantenimiento de la red vial es suficiente para que los mismos estén en muy buen estado.
La provincia
de Buenos Aires tiene más de 120.000 km de caminos rurales de tierra, por los
cuales transitan anualmente más de 45 millones de toneladas de granos, 2.500
millones de litros de leche y más de 9 millones de cabezas de ganado, entre lo
que va a faena y movimiento de la invernada.
El
mantenimiento de los caminos está a cargo de los municipios. Para el
financiamiento de la conservación de los mismos, se abona lo que se llama una
tasa vial; cada municipio determina su valor, al igual que la tasa de guías y
señales. Además, la provincia envía el 12 % de lo recaudado del impuesto
inmobiliario rural, Ley 13.010, el cual vuelve a los municipios como un fondo
compensador para el mantenimiento de la parte de los caminos rurales que son
provinciales.
La
Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP)
presentó un informe donde se pone de manifiesto el estado crítico de la red
vial, a pesar del aporte millonario, más de 4.700 millones de pesos durante el
2018, que aportaron los productores para el mantenimiento de estos; salvo muy
pocas excepciones, esos fondos se terminan derivando a gastos generales en los
municipios y no a prestar el servicio del mantenimiento de la red vial, como
debería ser.
En marzo de
este año, la gobernadora María Eugenia Vidal anunció un plan para reparar
12.000 km de caminos, de los cuales, según lo anunciado, 4.000 km se deberían
haber reparado este año. Dicho plan, por el momento, se encuentra en la etapa
de promesa.
En mayo, en
la localidad de Rauch, CARBAP organizó el Simposio de Caminos Rurales, donde se
expuso la problemática y estado de situación de la red vial de la Provincia.
Asistieron, además de productores, el ministro de Agroindustria, Leonardo
Sarquis, funcionarios de Vialidad de Buenos Aires y La Pampa, intendentes
municipales y funcionarios encargados de la red vial de los municipios.
Desde CARBAP
consideraron que "lamentablemente, han pasado más de 6 meses y es muy poco
lo que se ha logrado en mejora de los caminos rurales". Cabe destacar que,
los pocos intendentes que participaron son aquellos que tienen los caminos con
el mantenimiento adecuado. La mayoría de los intendentes que faltaron, ven las
tasas viales y de guías como un mero impuesto que se recauda y que es de libre
disponibilidad. "Esta práctica no es corregida, ni siquiera advertida por
los concejales municipales ni por el tribunal de cuentas de la Provincia",
advirtieron.
"Los
productores consideran que unos 70.000 km de caminos se encuentran en
condiciones regulares o malas", señaló el informe. La mayoría de los
municipios con caminos en condiciones buenas o muy buenas son aquellos en donde
los productores a través de entes viales, como consorcios, comisiones viales o
una especie de vinculación público-privada, tienen intervención directa en el
manejo de los fondos y la asignación y control de estos. También, en la mayoría
de esos casos -varía de acuerdo con el convenio de cada municipio- se deriva a
esos entes el 70 a 75% de lo recaudado de la tasa vial y los aportes
provenientes de la ley 13.010.
El financiamiento del mantenimiento
Tasa de
Marcas y Señales (guías). En su origen, lo que motivó la creación del tributo
de "guías" fue atender el "cuidado de las calles y caminos
vecinales" que se deterioraban con el paso de las "tropas y
tropillas" que provocaban su "pisoteo" y obligaban a
"rastrear" los caminos para emparejarlos y alisarlos para uso
vehicular.
Por eso se
percibía un gravamen "por cabeza", para que su monto total resultara
de la cantidad de hacienda en tránsito y fuera "directamente proporcional
al deterioro" que el paso de los animales provocaría. Era pues, una
especie de "permiso de transitar con animales" que intentaba
solventar, aunque fuera parcialmente, el "costo de mantenimiento" de
los caminos, realizado bajo el consiguiente "servicio municipal". Por
lo tanto, al crearse la tasa vial y dejar de moverse animales a través de
arreos, la tasa de guías y señales debería de haber desaparecido, pero lejos de
eso, lo que terminó sucediendo fue que se derivaron esos recursos a otros
gastos municipales que nada tienen que ver con el mantenimiento de los caminos.
Si bien el
registro de la propiedad de los animales vacunos es potestad de la Provincia, a
los municipios les fue cedida por el Código rural, la expedición de los
certificados o autorizaciones (guías) que necesitan los productores para
cumplir con las leyes vigentes y el Estado tenga un control de los movimientos,
por lo que la tasa de marcas y señales debería tener el mismo valor monetario
en todos los municipios, ya que se trata del mismo servicio, y si analizamos
dichos valores, se observa que hay municipios que cobran hasta 120 pesos por
cabeza y otros menos de la mitad.
Tasa Vial o
de Servicios viales. Las tasas viales se crearon cuando la provincia, en el
proceso militar de los 60', les transfirió a los municipios la responsabilidad
del mantenimiento de todos los caminos de tierra, habilitando la creación de
una tasa para financiarlo. La mayoría de los municipios cobra una tasa por
hectárea y dicho valor se pone arbitrariamente, sin tener un plan de
mantenimiento de los caminos y del costo de dicho plan de obras.
Como cada
municipio es autónomo, las dispersiones del valor de la tasa oscilan dentro de
la provincia, existiendo municipios que cobran hasta 10 veces más que otros.
Ley 13.010.
Esta ley, sancionada a fines del 2002, se creó en el marco de descentralización
tributaria de la Provincia; en la misma, aquellos municipios que suscriban a
esta Ley, la provincia les enviaría por coparticipación el 35 % de lo recaudado
por el impuesto inmobiliario rural. Y a su vez, también trasladaba a los
municipios la obligación del mantenimiento de los caminos provinciales de
tierra. Para esto, la Ley 13.010, Art 1 Inciso b. establece un fondo
compensador que se debe conformar con el 12 % de lo recaudado por el impuesto
inmobiliario, con el fin de financiar el mantenimiento de los caminos.
Luego la Ley
13.450, del 2006, establece en su artículo 4 que se deben aplicar mecanismos
para el seguimiento y evaluación de la tereas de mantenimiento y obras que
realizan los municipios en los caminos provinciales. Esto aún no ha sido
implementado, y nadie tiene un control de cómo se gastan esos recursos y las
obras realizadas con los mismos.
Desde
CARBAP, a través de sus rurales, se reunió la información de lo que se paga de
tasas viales en cada municipio y de guías para realizar los cálculos de
recaudación. El aporte de la Ley 13.010 se obtuvo de la página web del
ministerio de Economía de la Provincia, el cual detalla cuánto le envía
mensualmente a cada municipio.
"Como
se observa, la cantidad de recursos que se destina anualmente a la conservación
y mantenimiento de la red vial es muy significativa. Si consideramos que hay
120.000 kilómetros de caminos de tierra a mantener, en promedio son unos 40.000
pesos anuales por kilómetro, más que suficiente para que los mismos estén en
muy buen estado. Una caja que la mayoría de los intendentes manejan sin ningún
control, ya que como se dijo anteriormente, el tribunal de cuentas hace años
que ha decidido no inmiscuirse en estas cuestiones", señaló el informe de
la entidad.
Si bien el
costo del mantenimiento de los caminos difiere entre municipios, ya que
influyen cuestiones de tipo de suelo, precipitaciones, producción, etc.,
"no se encuentra una relación entre lo que se cobra por las tasas y el
servicio que se presta. Hay localidades que anualmente disponen de más de
100.000 pesos por kilómetro de camino rural y el estado es regular o malo, y
otros distritos, con menos de 40.000 pesos anuales, los tienen en perfecto
estado".
El otro
común denominador que encontraron es que, además de no prestar un servicio
adecuado, los municipios no han invertido en modernizar los parques de
maquinaria vial y se encuentran con máquinas viejas, las cuales tienen mayor
desgaste y, por lo tanto, mayor costo de mantenimiento o con un insuficiente
número de estas para mantener adecuadamente la totalidad de los kilómetros de
camino.
"Tengamos
en cuenta que con la recaudación anual de las tasas de viales y de guías, más
el 12 % del impuesto inmobiliario, alcanza para comprar más de 1.000
motoniveladoras nuevas, lo que equivale a unas 10 máquinas nuevas por municipio
por año".
En los
próximos días, los intendentes estarán enviando, o ya lo han hecho, los
presupuestos fiscales que definen los valores de las tasas para el 2019. De
acuerdo con los números analizados, la mayoría de los distritos no tienen
ninguna necesidad de aumentar dichos valores, ya que lo que recaudaron en 2018
fue muy superior a lo ejecutado.
Hay que
tener en cuenta la diferencia entre el concepto de "Tasa" e
"Impuesto": las tasas se cobran como contraprestación de un servicio
que da el Estado, en este caso el mantenimiento de la red vial. De acuerdo con
la definición jurídica, lo que se cobra por estas tasas debe ser igual al costo
del servicio brindado.
Otro punto
que mencionó CARBAP es el abuso de muchos municipios que dentro de la tasa
vial, o bajo el concepto de Tasa, han ido incorporando cargos (seguridad,
cultura, salud, alumbrado, etc.) por supuestos servicios que, desde ya, no
prestan, son meramente recaudatorios y, en muchos casos, su valor supera el de
la misma tasa vial. Y para algunas actividades intensivas, este tipo de tasas
llegan a volverlas inviables. Acá nuevamente la Provincia no hace nada para evitar
estos abusos de los municipios.
Desde la
entidad afirmaron que este 2019, en el segundo simposio que organizarán sobre
el tema de la transitabilidad de los caminos, invitarán a funcionarios
provinciales, diputados, intendentes y productores a buscar herramientas y
mecanismos legales que aseguren que los recursos aportados sean efectivamente
utilizados para el mantenimiento de los caminos. Asimismo, instaron a las
autoridades municipales a no continuar gravando las actividades productivas con
tasas por las cuales no prestan ningún tipo de servicio y que lo único que
buscan es seguir financiando un Estado cada vez más grande e ineficiente.
