El
Ministerio de Agroindustria presentó una serie de restricciones para la
utilización de agroquímicos. La ley aún descansa en comisión. El lobby de
empresarios y productores.
A pesar de
los intentos, la Provincia aún no tiene una nueva ley propia que regule la
aplicación de fitosanitarios en campos de su superficie. Hasta tanto, continúa
vigente el decreto 499/91, que reglamentó la ley 10.699, sancionada en 1988.
Por ello, dos décadas más tarde, el Ministerio de Agroindustria, que conduce
Leonardo Sarquís, puso manos a la obra para avanzar en un marco normativo que
arroje un poco de claridad sobre el asunto, a la hora de fumigar las
plantaciones del territorio bonaerense.
A través de
una resolución, el ministro ordenó los usos y límites de la fumigación en las
llamadas Zonas de Amortiguamiento (ZA), es decir, las superficies adyacentes a
determinadas áreas de protección que, por su naturaleza y ubicación, requieren
de un tratamiento especial para garantizar su conservación.
En este
sentido, el ministerio determinó que las ZA estarán comprendidas por “los lotes
contiguos al área urbana, zona residencial extraurbana, área de población
dispersa, márgenes de cursos o cuerpos de agua, zonas de bombeo,
establecimientos educativos, áreas de esparcimiento y reservas naturales”.
Allí, los
productores agropecuarios y aplicadores podrán hacer uso de fitosanitarios,
pero con ciertas restricciones.
En primer
lugar se deberá considerar el nivel de toxicidad y la tensión de vapor del
producto a utilizar. No es lo mismo aplicar un herbicida (como el glifosato)
que un insecticida de baja intensidad.
En segundo
término se tendrá en cuenta la regulación del equipo aplicador (velocidad de
avance, presión y caudal de trabajo, tamaño de gota, altura de los picos
pulverizadores y tipo de boquilla).
Por último
deberán atenderse las condiciones meteorológicas, antes y durante la
aplicación. Por ejemplo: la temperatura, humedad relativa, velocidad y
dirección del viento. Eso sí, cuando se fumigue en cercanías de un
establecimiento educativo deberá hacerse fuera del horario escolar.
“Hasta que la Legislatura apruebe la ley
provincial se pone en vigencia esta resolución, a la que podrán adherir los
municipios”, aclararon desde Agroindustria a La Tecla.
¿Pero qué
pasó con la ley? En 2017, el Senado aprobó sobre tablas un proyecto del
entonces legislador massista Alfonso Coll Areco, pero cuando llegó a la Cámara
Baja quedó en stand by. Es que distintas asociaciones ambientalistas
cuestionaron la iniciativa porque consideraban que achicaba drásticamente,
respecto de numerosas ordenanzas municipales que rigen en la actualidad, los
metros de distancia con relación a una población para poder realizar las
aplicaciones.
Ahora, la
comisión de Asuntos Agrarios trabaja sobre otro proyecto, elaborado por el
diputado Oscar Sánchez y su equipo, que buscará llegar al recinto con el total
consenso de los bloques.
“Como
todavía no tenemos la ley terminada tratamos de aggionarnos en una normativa
que abarque tanto a la Provincia como a la Nación. Nación ya sacó un manual de
buenas prácticas y, a partir de eso, el ministerio sacó la resolución en la
Provincia”, aseguró a La Tecla el diputado Sánchez. En este marco indicó que la
resolución del ministerio pone “un pequeño marco de lo que va a ser la ley
final. Cuando salga la ley, va a poner un mínimo. De ahí para arriba, cada
municipio va a poder regular como le plazca, porque, obviamente, la Ley
Orgánica se lo permite”.
Actualmente,
cada distrito tiene una legislación propia y, por ende, diferente. De los 135
partidos de la Provincia, 128 se dedican a la actividad agroindustrial, de los
cuales 46 tienen distintas ordenanzas aprobadas y 14 cuentan con proyectos en gateras.
Pero, más
allá de esto, lo cierto es que el lobby de aplicadores, productores y grandes
empresas que producen fitosanitarios está a la orden del día. Y no tiene que
pasar inadvertido el hecho de que varios legisladores, también, son productores
agropecuarios.
