Los teléfonos se asumen como un modo esencial
de operar en el mundo moderno.
Reconocer
a la telefonía móvil como un servicio público y generar los mecanismos
necesarios para que el Congreso nacional la declare como tal, fue uno de los
temas más importantes que trataron los defensores del Pueblo del país durante
el segundo plenario de la organización que los nuclea y que tuvo lugar en la
ciudad de Santa Fe.
En
este nuevo encuentro de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República
Argentina (Adpra), se pusieron de relieve los reclamos que reciben todas las
defensorías y que muestran las innumerables deficiencias que experimenta el
servicio de telefonía móvil en nuestro país.
En
particular, según informó la Defensoría del Pueblo en un comunicado, se tomó
como referencia el caso de La Plata, que durante el temporal e inundación de
principios de abril sufrió la virtual interrupción de las comunicaciones por
celular, quedando claramente en evidencia la deficiencia en la prestación y la
necesidad de encuadrar su funcionamiento en un marco que garantice a los
usuarios la correcta prestación del servicio.
Los
defensores indicaron que la telefonía móvil es un verdadero servicio público,
ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma
continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea
privada. Por eso, indicaron que es necesario limitar y establecer su
regulación, registros y tarifas, con el fin de garantizar un régimen de
protección al más débil.
Para
que esta iniciativa tenga tratamiento en el Congreso nacional, los miembros de
Adpra proyectarán una serie de encuentros con legisladores de distintos puntos
del país, con el objetivo de consensuar una normativa que apunte a normalizar
las actuales deficiencias del servicio.
En
el plenario también se analizaron diferentes problemáticas que reciben las
defensorías argentinas. Atendiendo a la problemática derivada los aumentos de
las tarifas de los servicios, los defensores acordaron recomendar a las
legislaturas provinciales que exijan a los distintos organismos la puesta en
marcha de audiencias pública cada vez que se proyecten subas, se informó.
