lunes, 10 de julio de 2017

Trasplante renal: Una vez más el municipio de Casares desoye una fallo judicial

Ariel Navarro y Mariela Lobos

El municipio estaría negando su derecho a igualdad de oportunidades en el acceso al trasplante de órganos – el municipio “solidario-inclusivo y saludable” no acataría el fallo judicial que indica que el mismo debe “Costear los gastos de traslado de pacientes a ciudades vecinas para efectuar el tratamiento de diálisis y todos los gastos relativos para asistir con un acompañante a los centros de trasplante”. Un paciente tiene fecha de operación para el 26 de Julio y desde la comuna solo aportarían 2 mil pesos.


Se trata del ciudadano Ariel Roberto Navarro, oriundo de Moctezuma,  quien junto a 15 vecinos actualmente se encuentra afrontando el tratamiento de diálisis fuera de la ciudad, (en su caso, viajando tres veces por semana a la ciudad de Pehuajó).
Con mucho esfuerzo y tras meses de estudios y trámites Ariel Navarro logró una fecha para ser transplantado de riñon, el próximo día 26 del corriente mes, en la clínica “Nefrologhi” ubicada en el barrio porteño de Palermo. Ello con el objetivo de dejar el tratamiento de diálisis, y dejar de viajar (ya que aún no contamos con el servicio de diálisis en Casares pese a las órdenes de la justicia), obteniendo con el trasplante una mejor calidad de vida y una mayor expectativa de vida.
Ariel Navarro se encuentra en pareja con Mariela Lobos; ambos emprendieron una despensa en el barrio Butazoni. Conforman una familia muy humilde que con admirable esfuerzo y coraje intenta salir adelante.
 Su mujer, Mariela Lobos, en un acto altruista digno de admiración,  que conmueve al vecino más indiferente,  le ofreció donarle uno de sus riñones para “darle vida”, sometiéndose también Mariela al riesgo de afrontar una cirugía de significación. 
Sin embargo esa posibilidad se encontraría en riesgo por omisión y negativa del Municipio. Ya que la pareja no cuenta con recursos suficientes para hospedarse en un hotel/departamento cercano a la clínica donde será operado, y Ariel y Mariela podrían ver frustrada su única oportunidad de trasplante.

Solo 2 mil pesos

El Dr. Gustavo Laham (Coordinador trasplante CEMIC) ha dado su testimonio respecto a que la ablación requiere contar con controles diarios, que exceden a la internación, durante dos o tres veces posteriores a la misma. Es un requisito ineludible contar con la posibilidad de acudir a la clínica fácilmente, de manera periódica. Estar cerca para poder realizar todos los estudios que prescribe el equipo de trasplante y cumplir con los controles. Ya que el pos-operatorio es tan importante como la cirugía.
Mariela y Ariel vienen solicitando ayuda al Municipio, sin embargo, desde acción social, les dijeron que la Municipalidad solo puede ayudarlos con dos mil pesos (2.000-). Cifra irrisoria, que no les alcanza siquiera para los viajes.
Dado que los estudios médicos necesarios para el trasplante vencen a los pocos meses, de frustrarse esta posibilidad,  en caso de que el Municipio no aporte el dinero para un hospedaje, Navarro perdería su única posibilidad de sobrevida.  

El fallo Judicial
Con fecha 27/2/2015 el grupo de pacientes renales que litigaron contra el municipio junto al Dr. Andreoli en la causa “Cuadrado, Miguel S/ Amparo Colectivo” obtuvieron sentencia que contempla una serie de medidas asistenciales:
Así, con fecha 24/02/2015 el juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen, además de lo referente al centro de diálisis, ordenó:
Punto: 5) “Costear los gastos de traslado de pacientes a ciudades vecinas para efectuar el tratamiento de diálisis y todos los gastos relativos para asistir con un acompañante a los centros de trasplante. Asimismo deberá costear los gastos de estudios médicos y trámites necesarios para que los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica que no posean recursos y/o cobertura médica, accedan a la inscripción en lista de espera”
Dicha medida asistencial, entre otras, fueron presentadas durante el 2013 por el Dr. Andreoli ante el HDC y convalidadas por su presidenta Ana Laffont, bajo “Comunicación 03/13”.  Conformaron un “Programa Preventivo”, que incluía la conformación de un servicio especialmente dedicado a los pacientes renales. Servicio asistencial que Nunca fue creado. Por cuanto los pacientes también acudieron a la justicia en su reclamo.
Dicha sentencia fue convalidada por los jueces Marcelo Centeno (TOC trenque Lauquen); por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Adm. de San Martín y por la Suprema Corte de Justicia Provincial.  La Universidad de Palermo también hizo público un comunicado en apoyo.

Donar vida

Mariela, en un acto de generosidad y amor incondicional decidió donar vida. En un mundo donde priman los egoísmos y el individualismo, la desconfianza, los distanciamientos,  esta pareja es un ejemplo de amor, de entrega, confianza y generosidad.
El periodismo, la política y el Estado Municipal, no solo debe aplaudir estos actos. Tiene la obligación ética y legal de asistir a sus protagonistas de manera íntegra, completa y sin mezquindades. Brindar salud es el primer fin del Estado.
CasaresOnline se comunicó con el abogado Andreoli, quien remitió copia de la sentencia cautelar obtenida en el amparo colectivo, que se encuentra firme desde el año 2015. El letrado expresó “Con la sentencia lograda el Municipio de Carlos Casares tiene la obligación legal de asistir en forma íntegra a los ciudadanos que se encuentren con posibilidades de trasplante. El derecho al trasplante de órganos y el derecho a la igualdad real de oportunidades, son derivación directa del derecho a  la salud y a la vida. El funcionario que niegue esa colaboración indispensable cometerá los delitos de abandono de persona; e incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiendo iniciarse una causa penal al respecto”.

El “Municipio SIS” debe asegurar a Ariel y Mariela que contarán con el hospedaje necesario para acceder al trasplante de órganos y a su posoperatorio;  de lo contrario el sólo ejemplo de Ariel y Mariela, acreditará que “SIS” constituye una frase vacía y pobre. Un mero maquillaje de campaña que se burla de los derechos de los más necesitados y de las órdenes judiciales.