La
Gobernadora Vidal ha anunciado una experiencia piloto que busca, según se
afirma, garantizar el mejor uso de los recursos del SAE, responsabilidad ésta
de los Consejo Escolares conforme la legislación vigente.
La decisión
se funda en auditorías realizadas que dan cuenta de falencias en las
prestaciones alimentarias en esos distritos y se complementa con el anuncio de
una posible extensión a 41 distritos más.
Ello coloca
bajo un manto de sospecha a Consejos
Escolares en los que las falencias no existen y que, por el contrario, son
eficaces y prudentes administradores de los recursos asignados y han mejorado
en este año de gestión las prestaciones alimentarias del Programa.
Las razones
que se invocan parecieran dar a entender que los Intendentes “comprarán más
barato” y “asegurarán una más transparente administración de los recursos”
afirmaciones estas que suenan más a expresión de deseos que a efectiva garantía
de esos objetivos.
Lo cierto es
que la decisión, cuya modo de implementación se desconoce y cuyo marco legal
aún no ha sido dado a conocer, pone en tela de juicio –al compás de otras
medidas como el mantenimiento del Fondo Educativo, del Fondo Escuela y el
vaciamiento de las políticas de infraestructura de la DPI dependiente de la
DGCE- el papel institucional de los Consejos Escolares, órganos desconcentrados
de rango constitucional que forman parte de la estructura institucional de la Dirección General de Cultura y Educación
y no de las Municipalidades.
Como parte
integrante de Cambiemos los
Consejeros Escolares de la UCR, el PRO la Coalición Cívica, agrupaciones de
origen justicialista y vecinalistas ratifican su compromiso con las decisiones
adoptadas a lo largo del año pasado para sanear las deudas del SAE y los nuevos
valores de las prestaciones como así también el anuncio del aumento de esos
valores para el año entrante. Ello no impide que se señale la preocupación por
la medida anunciada que, si forma parte de una planificación, lejos estamos de
conocerla.
Como parte
integrante de la estructura institucional de la DGCE y de la ejecución de los
acuerdos celebrados entre ésta y el Ministerio de Desarrollo Social aún vigentes, reclamamos un espacio de
construcción y participación en esa estrategia que deberá preservar el papel
central de los Consejos Escolares que
hunden su raíz en la historia de la educación argentina: nacieron en 1873, con la Constitución Provincial de
aquellos años y su mentor Fue Domingo
Faustino Sarmiento. Solo los gobiernos dictatoriales y autoritarios
impidieron su funcionamiento.
Si se trata
de debatir y construir un nuevo perfil institucional para estos Organismos
Constitucionales, asumimos la responsabilidad de aportar nuestra experiencia.
