Las
declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que
centró las responsabilidades de la inseguridad en el ámbito judicial al manifestar
que “el garantismo en Argentina se terminó convirtiendo en puerta giratoria”
generó la reacción de la Red de Jueces Penales de la provincia, organismo que
tiene como vicepresidenta a la ex camarista local Adriana Nanni. Los
magistrados dieron a conocer un informe para desmentir al Ejecutivo.
En medio de
los fuertes reclamos por la inseguridad que asola a la sociedad a raíz de lo
cual el pasado martes una multitud se congregó frente al Congreso de la Nación
pidiendo justicia, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires dio
a conocer un estudio que muestra que de las 700.000 causas penales ingresadas
en los últimos cinco años en Tribunales bonaerenses, la mitad queda impune y
sin sentencia definitiva.
El informe
realizado por el organismo presidido por el juez de la Cámara de Apelaciones y
Garantías en lo Penal de San Isidro, Gustavo Herbel, y la ex jueza de la Cámara
de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Trenque Lauquen,
Adriana Nanni apunta a desmitificar la idea de la “puerta giratoria” que se
utiliza para argumentar que la causa principal de la inseguridad es el accionar
de los magistrados que dejan libres a los delincuentes, versión que en las
últimas horas avalaron funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal como el
ministro de Justicia, Gustavo Ferrari y el ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo.
Así,
mientras los ministros bonaerenses ponen el foco en el excesivo “garantismo” de
los magistrados, el organismo apunta a las fuerzas policiales y a su
capacitación como parte principal del problema.
En tanto que
el Fiscal del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial de T. Lauquen Dr.
Martín Butti opinó que “la seguridad es un tema que compete al Poder Ejecutivo
y no al judicial” aunque destacó que incide sobre la cuestión de manera
indirecta “cuando decide las causas en los temas penales”. Una polémica en
torno a la cual las aguas están divididas.
Informe
Según el
informe realizado por la Red de Jueces Penales de Buenos Aires “la mitad de los
700.000 procesos judiciales investigados en territorio bonaerense en el último
lustro quedaron sin resolución ni sentencia. Solo un poco más del 2% de los
casos ingresados terminan en juicio oral”.
De acuerdo a
los datos proporcionados por la organización judicial, en el 50 por ciento de
los procesos judiciales “no se logra determinar al autor” y en aquellas en
donde sí se individualiza al sospechoso del delito “solo un pequeño número se
presenta ante los Tribunales”.
El documento
presentado por los magistrados deja al descubierto una realidad complicada, que
lleva a que del total de las causas que transcurren con normalidad su curso
legal, solo el 2,5 por ciento termina en manos de un juez o un tribunal oral,
ya que el resto se resuelve por otros métodos extrajudiciales que no son
observados ni informados a los jueces.
Reforma
Además el
informe se ocupa de la reforma procesal que impulsa el Ejecutivo bonaerense y
destaca que esta “promueve intervenciones de las víctimas que ya están
previstas en ley vigente, cuando debieran diseñarse dispositivos eficaces para
éxito de las investigaciones y no para molestia constante del ciudadano, la
revictimización”.
Asimismo el
estudio asegura que en ocho de cada diez casos, los abogados defensores
(públicos o privados) no presentan absolutamente ninguna prueba en defensa de
su cliente o representado, y que en siete de cada diez casos los defensores no
presentan ningún recurso contra las medidas tomadas por la fiscalía o el juez,
ralentizando el accionar de los funcionarios judiciales.
Problema
Según los
jueces que componen esta Red, “el acuciante problema de la seguridad es
fundamentalmente de competencia policial y, por lo tanto, constituye una
cuestión ajena al sistema judicial, que reclama depuración y capacitación de
las fuerzas de seguridad, así como también la implementación de la Policía
Judicial” y agregan que “el no cumplimiento de las normas administrativas hace
que se acelere la impunidad e impide que la Justicia trabaje con normalidad,
conduciéndola sin rumbo directamente hacia un callejón sin salida”.
La Opinión de T. L.
