De
las 40 mil personas detenidas por la justicia de la provincia de Buenos Aires,
casi el 60% son inocentes. Solo este dato demuestra que la idea tan difundida
de "puerta giratoria" es un mito que nada tiene que ver con el
funcionamiento del sistema penal.
Además, con
su funcionamiento
arbitrario y desigual, la justicia legitima la persecución
sobre los sectores más excluidos de la sociedad que son los que menos recursos
tienen para defenderse y, por lo tanto, permanecen detenidos. Por eso, la
Comisión por la Memoria repudia los recientes ataques mediáticos que definen a
diez magistrados de la provincia de Buenos Aires como “jueces de la puerta
giratoria”, y manifiesta su preocupación por la difusión masiva de estos
nombres en una especie de lista negra que replica una lógica siniestra que
remite a los tiempos de la última dictadura. Al mismo tiempo, expresa su
solidaridad con los magistrados acusados por sus fallos.
El
punitivismo y el paradigma de la guerra contra el delito han guiado las
políticas púbicas en materia de seguridad y de justicia. A lo largo de todos
estos años se aumentaron las penas, se limitaron garantías constitucionales, se
saturaron los territorios con presencia policial. Las políticas de "mano
dura" provocaron un colapso del sistema penitenciario. A la par, se
consolidaron la tortura como práctica sistemática, el hacinamiento y las
condiciones inhumanas de detención.
Sin embargo,
una y otra vez aparece en el debate público la demanda y la reivindicación de
este tipo de políticas. Recientemente, en el programa de TV La Cornisa, que se
emite por el canal América, se presentó un informe en donde se menciona a diez
magistrados como "jueces de la puerta giratoria". Se trató, lisa y
llanamente, de la elaboración de una lista negra. Una metodología propia de los
regímenes totalitarios que remite a los peores años de nuestra historia y exige
el más enérgico repudio.
Por otra
parte, debemos abandonar estos discursos falaces y simplificadores para
discutir seriamente sobre la justicia y el funcionamiento del sistema penal. En
las cárceles de la provincia de Buenos Aires no hay puertas giratorias. Como
expuso la Comisión Provincial por la Memoria en su último informe anual, un 56
% de las 39.900 personas detenidas están sin condena. Estos datos dejan
expuesta la fragilidad de este discurso. Si existe es para los delincuentes de
guante blanco o los responsables del delito complejo pero no para los eslabones
más débiles de la cadena delictiva que pertenecen a los sectores más
empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
Desde hace
al menos 17 años el uso abusivo de las detenciones y prisiones preventivas se
han constituido en regla del accionar de los operadores judiciales que, bajo la
presión mediática, no buscan la justicia sino la condena. Todo esto evidencia
la selectividad del sistema penal que persigue y encierra a aquellos que menos
recursos tienen.
Esta campaña
contra los “jueces de la puerta giratoria” ataca a magistrados que aplican la
Constitución y la ley, cumpliendo con su deber y sus obligaciones. Cuando se
habla peyorativamente de "garantistas" se pretende asociarlos con
jueces que favorecen o encubren los delitos. Es todo lo contrario: la
democracia necesita de jueces que hagan cumplir efectivamente la ley y
defiendan los principios constitucionales sobre los que se sustenta nuestro
país. Con los discursos manoduristas se pretende debilitar el ordenamiento
jurídico democrático y la igualdad ante la ley, favoreciendo el autoritarismo y
el discurso punitivo desde la perspectiva de la venganza.
A pesar de
esto, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, se
anunciaron una serie de proyectos para limitar las excarcelaciones y disminuir
las garantías durante el proceso. Si estas iniciativas finalmente son
sancionadas, sólo conseguirán agravar este escenario y fortalecer políticas de
seguridad que produjeron el peor colapso del sistema penal y la violación de
los derechos humanos.
