Los
intendentes bonaerenses perderán una facultad clave que manejaron en los
últimos años: la posibilidad de ejecutar (y controlar) los planes de viviendas
sociales, que volverá a manos del gobierno provincial.
La novedad
será anunciada en los próximos días por la gobernadora María Eugenia Vidal y el
ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que acordaron
avanzar con la
modificación como una manera de mejorar la eficacia de la construcción de las
viviendas para los sectores menos favorecidos.
La intención
es que la Nación siga financiando las obras como hasta ahora, pero que una vez
que los fondos sean girados a la provincia, ese gobierno no los mandará a las
comunas, sino que directamente los usará para hacer las viviendas.
Se trata de
una modificación simple pero sustancial respecto del régimen que rigió hasta
diciembre, cuando el gobierno provincial era “salteado” por la Nación y solo se
limitaba a girar los fondos que recibía para que los municipios hiciesen las
obras.
En ese
momento, el esquema tenía una explicación política: se trataba de una
herramienta para “fidelizar” políticamente a los intendentes al gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner (y de Néstor Kirchner) y restarle influencia a
Daniel Scioli, entonces gobernador.
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