La gobernadora dejó sin efecto por medio de un
decreto la ley 14.656 que garantizaba la celebración de paritarias y reflotó
una vieja ley del duhaldismo, la 11.757, declarada inconstitucional en muchos
de sus puntos, que permite a los intendentes otorgar aumentos de manera
unilateral.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires,
María Eugenia Vidal, suspendió por decreto y por el plazo de 180 días las
discusiones paritarias. Lo hizo a través del decreto 26/15 con fecha del 15 de
diciembre de 2015 pero publicado recién el miércoles pasado en el Boletín Oficial.
La decisión de Vidal, tomada apenas unos días
después de asumir y oficializada recién esta semana suspende por seis meses la
ley que regulaba la negociación paritaria y los derechos laborales de los
trabajadores municipales bonaerenses y establece como nuevo marco normativo una
vieja ley del duhaldismo que le abre las puertas a los intendentes a fijar los
salarios de este año de manera unilateral.
Según advirtió en su edición de este sábado
Página/12, "a través del decreto, Vidal restablece la vigencia de la ley
11.757, una vieja norma sancionada durante la gobernación de Eduardo Duhalde y
que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial en varios de sus
puntos, como consecuencia del reclamo sindical".
Se establece como marco normativo una vieja ley
del duhaldismo que permite a intendentes fijar salarios de manera unilateral
En 2015 había comenzado a regir una nueva ley, la
14.656, que garantizaba la legislación necesaria para enmarcar el reclamo
salarial dentro de paritarias y establecía un nuevo piso de derechos, entre
ellos el camino legal para la incorporación de los trabajadores contratados
como planta permanente. Sin embargo "la última etapa de implementación de
la ley quedó en manos de Vidal, que a cinco días de asumir la borró de un
plumazo".
En su artículo 104, la ley de Duhalde sancionada
en 1996 establece que "el Departamento Ejecutivo determinará por vía
reglamentaria el escalafón y las nóminas salariales para el personal de la
administración municipal".
Las críticas a la gobernadora bonaerense no se
hicieron esperar. "El decreto es absolutamente inconstitucional y
significa un retroceso enorme de los derechos fundamentales de los
trabajadores", denunció Lucas Arakaki, abogado de ATE.
ATE: "El decreto es absolutamente
inconstitucional y es un retroceso de los derechos de los trabajadores"
En la misma línea Marcelo Ponce Núñez,
representante legal de la CTA autónoma de la provincia, aseguró que la medida
apunta a "disciplinar a los trabajadores en el contexto de ajuste salarial
y represión", y adelantó que desde la central buscarán judicializar el
decreto.
La Federación de Sindicatos Municipales
Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo), por su parte, se encuentra en alerta desde que se
conoció la intención del nuevo gobierno de anular las paritarias, algo que en
un principio trascendió que el gobierno provincial intentaría impulsar por ley.
"Buscaron la salida para lastimar a los trabajadores. Si logran suspender
las paritarias costará mucho más recuperarlas. No lo permitamos",
advirtieron en un comunicado.
"Se suspende, hasta la culminación del
proceso de acompañamiento y reglamentación, la aplicación de la Ley Nº 14.656,
quedando las relaciones de empleo municipal regidas por la Ley Nº 11.757 y
modificatorias", reza el artículo clave del decreto, que lleva las firmas
de Vidal y de los ministros de Trabajo, Marcelo Villegas, de Gobierno, Federico
Salvai y de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, con fecha del 15
de diciembre.
CTA: "La medida busca disciplinar a los
trabajadores en un contexto de ajuste salarial y represión"
El plazo establecido para la anulación de las
paritarias es de 180 días. "Eso es una falacia", explicó Arakaki,
"porque en general los decretos de este estilo se prorrogan
automáticamente, por lo que es esperable que el decreto funcione como una
ley". "Y si suponemos que es sólo por 180 días la paritaria para los
municipales se anuló, porque estarían discutiendo salarios recién en
junio", aseguró.
La ley 14.646 establecía los derechos básicos de
los trabajadores municipales, entre ellos la discusión paritaria libre, que de
todas formas, señalan desde CTA, no se aplicaba a todos los municipios
"No se entiende cual es la urgencia, en
ningún tramo del decreto está justificada", aseguró Ponce Núñez, para
quien no es casualidad la fecha de publicación, en plena feria judicial.
"La situación de precarización de los trabajadores ya era de por sí
preocupante, dado que en la mayoría de los casos eran contratados", afirmó
sobre la planta de municipales, que estimó en más de 300 mil empleados.
"Pero ahora, con represión, ajuste sobre el salario y sin paritarias, la
situación es cada vez más grave".
