Como
consecuencia, quedaron invalidadas las elecciones de consejeros (previstas para
los próximas primarias, el 11 de agosto), sin perjuicio de que se puedan
realizar los comicios para las categorías de senadores y diputados.
"Es inválido
obligar a los jueces, abogados y académicos a someterse a elecciones
populares", determinó el Máximo Tribunal en su sentencia. Además,
consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la Magistratura
que prevé la ley sancionada a instancias de Cristina Kirchner.
El fallo fue
avalado por seis de los siete miembros de la Corte Suprema, mientras que el
juez Raúl Zaffaroni firmó en disidencia.
