(La Tecla) Varios alcaldes están en la cuerda floja.
Supuestas irregularidades seducen a los bloques opositores, que no dudan en
llevarlos a una interpelación. La importancia de tener un HCD a favor. (Torchio y Vivono en la mira).
La interpelación a los intendentes está prevista en el
artículo 108, inciso 7, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), que
plantea que en caso de que existieran dudas con respecto a la administración o
utilización de los recursos y fondos públicos, o incluso vacilaciones
referentes a un hecho de la administración pública que a veces está ordenado de
una forma y se realiza de otra, se puede llamar al jefe comunal a que brinde
explicaciones al HCD. Algunos ediles que solicitan la interpelación señalan que
esta instancia no tiene ninguna gravedad, porque en la administración pública
muchas veces la saturación de expedientes y cuestiones lleva a que las
gestiones municipales cometan errores. Un pedido de interpelación no sólo tiene
como objetivo dilucidar lo investigado, sino que también, y aunque no se diga
abiertamente, tiene como búsqueda romper, fragmentar o debilitar al intendente
de turno, y el premio mayor es la destitución del mismo.
“Nosotros tenemos que atenernos a lo que establece la LOM,
que en uno de sus artículos dice que dentro de las facultades del concejo está
la citación del intendente, que puede venir con sus funcionarios para que
contesten”, exponen como “excusa” algunos ediles opositores.
Otro tema importante es saber con qué HCD cuenta cada
mandatario. Se sabe que si el alcalde no posee el número como para sortear un
escollo, inevitablemente, cae en el juego de la oposición.
En la provincia de Buenos Aires hubo innumerables casos de
interpelación; algunos de ellos terminaron con la destitución del intendente, y
en otras oportunidades el jefe municipal zafó de dejar el sillón. Tener mayoría
en el recinto es fundamental, o por lo menos contar con aliados para recurrir en
casos extremos, como lo es una interpelación.
Estas movidas, las de pedidos de informes o sacar a la luz
presuntas irregularidades, surgen a menudo en vísperas de un acto eleccionario,
por eso el alcalde debe tener el HCD a su favor, para sortear algún imprevisto.
Los casos más emblemáticos de los últimos tiempos fueron los de Pinamar y
Necochea. La historia reciente del primer distrito es bastante compleja. En los
últimos cinco años, dos alcaldes no terminaron su mandato. Roberto Porretti fue
apartado de su cargo por ser responsable de diez transgresiones “graves o muy
graves”. Y Blas Altieri fue destituido el año pasado, tras comprobarse 31 de
las 33 denuncias que tenía en su contra. También el interino Hernán Muriale fue
interpelado por el HCD.
En Necochea, en tanto, Horacio Tellechea fue destituido por
irregularidades por unos dos millones de pe-sos en la compra de equipamiento médico
para el hospital local.
En la actualidad hay varios intendentes que están en la
cuerda floja. El mandatario de Villa Gesell está sospechado por el uso de
dinero y el pago a prestatarias de servicios públicos donde participarían
personas cercanas a él. A esto hay que sumarle la caída de dos refugios de
colectivos -de cemento-, uno de los cuales lo hizo sobre un adolescente,
ocasionándole graves lesiones.
En Carlos Casares,
los concejales de la oposición denunciaron penalmente al in-tendente, Walter
Torchio, y al jefe de Inspección, Edgardo Vivono, por incompatibilidad en sus
funciones públicas. Dicen que este último tiene una remisería que vende sus
servicios al Municipio y facturaría a nombre de su mujer. No obstante, la causa
no está cerrada.
Otro caso que aún no se resolvió en plenitud ocurrió en
Carlos Tejedor. La alcaldesa, María Celia Gianini, casi perdió su cargo por una
interna policial. Las denuncias entre efectivos estuvo al filo de poner en
jaque la gestión de la intendenta, ya que en ese distrito la Policía es
comunal, y la oposición le pidió explicaciones, que nunca llegaron.
Lobería, distrito gobernado por Hugo Rodríguez, también está
en problemas. La UCR desaprobó las cuentas correspondientes al período 2012, y
puso de relieve una serie de irregularidades ocurridas con el programa Mejor
Vivir, que se realiza con fondos de la Nación.
Pablo Guacone es otro alcalde que está en la mira. Lo acusan
de utilizar el dinero proveniente del Fondo Educativo para fines personales, y
de financiar su campaña de 2011 con dinero público. No obstante, el mandatario
sampedrino tomó un poco de aire al saber que la jueza de San Nicolás, María
Fulghieri, ordenó frenar el avance de la comisión investigadora.
Por último, el jefe comunal de Azul fue uno de los pocos que
pudieron salir airosos. José Inza fue interpelado tras habérsele solicitado
explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la licitación para la
tercerización del cobro de deudas de tasas. Los alcaldes están en la mira, y la
oposición espera, agazapada, para dar el golpe.
