(La Nación)
Son numerosos los casos de intendentes bonaerenses en condiciones de ser
reelegidos que están acusados o incluso condenados por graves delitos. Es necesario
poner en debate estas situaciones irregulares para dotar de decencia y
transparencia a la función pública.
El cierre
del plazo para presentar candidaturas se avecina y en los municipios
bonaerenses se espera la estrategia local de los intendentes. La mayoría
apostará por su reelección, pero muchos de ellos lo harán complicados por
acusaciones o
condenas judiciales por corrupción . Se trata de situaciones que
habría que procurar evitar en pos de transparentar la política. Aun cuando no
se pueda tildar a nadie de culpable hasta que haya una sentencia judicial
firme, una condena penal en primera instancia debería vedar una candidatura
para, así, complementar la saludable ley que limita las reelecciones de los
mandatarios locales en la provincia de Buenos Aires.
El caso que
involucra al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, tiene un grado de avance
muy importante, porque llegó hasta la condena. En diciembre de 2018, en un
juicio oral y público efectuado en Mar del Plata, lo sentenciaron a dos años y
seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Lo consideraron culpable de "fraude a la administración pública" por
irregularidades ocurridas en los casinos Central y Del Mar, en los años 2006 y
2007. El caso se conoció mediáticamente como "Mochila Verde", porque
en un bolso de ese color se habrían trasladado 600.000 pesos del Casino Central
al Del Mar para superar una auditoría ante un faltante de dinero. Menéndez era,
por esa época, el director de Casinos de la gobernación de Felipe Solá.
Menéndez, quien fue anfitrión del primer acto de campaña de la fórmula Alberto
Fernández-Cristina Kirchner, apeló la condena judicialmente y la vinculó,
cuándo no, con intencionalidades políticas fomentadas por Cambiemos. Más allá
de la sentencia en su contra, irá por otro mandato en Merlo.
La causa que
tiene a su cargo el juez federal Claudio Bonadio contra un grupo de intendentes
y exfuncionarios kirchneristas por irregularidades en el manejo de fondos de un
programa para gestionar residuos sólidos urbanos tiene procesados a varios
jefes comunales en condiciones de volver a ser elegidos. En ese caso se plantea
el descontrol sobre el destino del dinero y la falta de construcción de plantas
para el tratamiento de residuos, entre otras irregularidades. La investigación
salpica a exjefes de Gabinete kirchneristas, como Aníbal Fernández, Jorge
Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, que están procesados.
En febrero,
Bonadio procesó a varios intendentes por el caso de los residuos. Algunos de
ellos ya no son jefes comunales, pero otros siguen en funciones y pueden
aspirar a su reelección. Uno de ellos es el ultrakirchnerista Francisco
"Paco" Durañona, quien si lo desea puede presentarse a un nuevo
mandato en San Antonio de Areco. Es el intendente que, a principios de marzo,
en un encuentro político, pidió que la Corte Suprema de Justicia esté ocupada
por militantes del kirchnerismo. "Los miembros de la Corte tienen que ser
militantes nuestros; no acomplejados que, cuando llega el momento o la hora de
jubilarse, se vayan y abandonen el cargo", fue su desafortunada frase, que
generó naturales rechazos por su profundo desprecio por uno de los poderes de
la República.
Francisco
Echarren, intendente de Castelli que irá por la reelección, es otro de los
procesados por Bonadio en la causa por los fondos para el tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Pertenece al kirchnerismo, al que regresó tras
haberse sumado a Cambiemos como subsecretario de Tierra, Vivienda y Urbanismo
en el gobierno de María Eugenia Vidal, cargo que dejó para volver a la
intendencia y al espacio de Cristina Kirchner.
Entre otros
intendentes que fueron procesados en la causa de los residuos y pueden
presentarse a un nuevo mandato están Pablo Zurro (Pehuajó), Walter Torchio (Carlos
Casares), Alfredo Fisher (Laprida), Gustavo Cocconi (Tapalqué), Alberto
Conocchiari (Leandro N. Alem), Héctor Olivera (Tordillo), Oscar Ostoich
(Capitán Sarmiento), Gustavo Walker (Pila) y Marcos Fernández (Monte Hermoso),
quien también es investigado por presuntamente haber ordenado llevar a votar a
gente de bajos recursos de Bahía Blanca en las elecciones del balneario,
haciendo constar domicilios falsos. El vecinalista Marcelo Skanski, de Carmen
de Areco, también está procesado en este expediente y puede aspirar a su
reelección.
En Cambiemos
hay un intendente complicado en múltiples frentes. Es Camilo Etchevarren, jefe
comunal de Dolores, que llegó al cargo en 2007, desde la boleta de la Coalición
Cívica, y tiene en la mira una nueva reelección. Pesan sobre sus espaldas 11
causas en total, por delitos como malversación de fondos, falsedad ideológica,
amenazas y coacción, según resumió el periodista Daniel Bilotta en una reciente
nota en el diario Perfil.
El
kirchnerista Mario Secco irá por su quinto mandato consecutivo en Ensenada. Es
recordada su irrupción violenta en la Legislatura bonaerense en diciembre de
2017, hecho por el que será sometido a juicio oral, acusado de coacción
agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa.
Con un
repaso breve y solo enfocado en casos que tuvieron fuerte resonancia es
suficiente para advertir que entre los intendentes bonaerenses las condenas,
los procesamientos y las investigaciones judiciales son una realidad muy
presente. Es de esperar que la dirigencia instrumente mecanismos para evitar
candidaturas de personas con imputaciones tan graves en su contra como las aquí
reseñadas. La agilización de los tiempos judiciales es clave para que estos
fallos no se dilaten en el tiempo y queden firmes o sean anulados si así
correspondiera. De este modo, se aportaría un imprescindible manto de decencia
a la política local.
