El juez federal resolvió la situación de los imputados por presunto desvío de fondos del programa GIRSU. Sólo a uno le dictó falta de mérito. El calvario de los jefes comunales, en la mira del magistrado que hace temblar al peronismo. Razones y justificaciones.
Intendentes
en aprietos: el peso de la ley
Defraudación
a la administración pública, en carácter de partícipes necesarios. Así calificó
el juez federal Claudio Bonadío al delito por el que decidió procesar a 92
actuales y ex--intendentes de todo el país -entre ellos, 29 de la Provincia-,
en el marco de la investigación por el destino de más de 604 millones de pesos
otorgados a municipios para tareas medioambientales entre 2013 y 2015.
En tiempos
K, cuando los jefes de Gabinete fueron Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y
Juan Manuel Abal Medina (también procesados), la Secretaría de Medio Ambiente
giró fondos, dentro del programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos), para tratamiento de la basura de tipo residencial.
El polémico
magistrado sostiene en su auto de procesamiento que “cada intendente con su
accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas
del Estado”, y que “los aquí involucrados habrían participado de esta maniobra
defraudatoria, la que sin su participación no se podría haber pergeñado”.
Los motivos
de la decisión judicial son variados: desvío de fondos, gastos sin justificar,
cambios en el proyecto sin aviso o sin el OK de Nación y tareas que no se
realizaron, entre otros. En algunos casos “hicieron lo que a su criterio se les
antojaba”, sentencia, “o no lo hicieron”.
El juez,
también se adelanta a críticas y recuerda el motivo por el que todos -con
excepciones, como la del exalcalde de Hipólito Yirigoyen Enrique Tkacick (GEN)-
son de extracción peronista. Precisa Bonadío que resulta ese uno de los puntos
investigados: el direccionamiento de dineros a municipios “amigos”,
transferidos discrecionalmente hacia determinadas provincias.
Una compleja investigación que incluyó auditorias y dictámenes
El
procesamiento de 29 actuales y ex-intendentes resuelve la situación procesal de
los jefes comunales a los que el Juzgado Federal N° 11 había llamado a
indagatoria, en la causa que comenzó con una auditoría realizada tras el
triunfo de Cambiemos en 2015.
Luego de una
auditoría de Medio Ambiente y la SIGEN, el Director General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Bolado, presentó una denuncia
ante la Fiscalía N° 2, a cargo de Carlos Rívolo, quien, a su vez, presentó su
dictamen ante Bonadío. El juez ordenó inspecciones para corroborar el estado de
las obras. Tras ello procesó, además de Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y
Juan Manuel Abal Medina (a instancias de la Cámara Federal), a los ex
secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis. Igual
suerte corrieron los ex jefes de Gabinete de Asesores Ricardo Hugo Salvioli,
Raúl Alejandro Fernández, Jorge Eduardo Alcántara y Andrés Matías Meizner.
Los informes
de los auditores llevaron a que el magistrado imputara a 32 intendentes
bonaerenses, entre los 98 de todo el país, a quienes fue llamando a de-clarar
entre mayo y octubre del año pasado.
En sus
considerandos, el juez Bonadío mencionó algunas de las irregularidades
detectadas, además de la discrecionalidad, como la ausencia de estudios de
factibilidad, falta de control en la ejecución de los planes, transferencias
pendientes de rendición, modificaciones e incumplimiento de proyectos y
solicitudes aprobadas sin cumplir los requisitos o con tiempos disímiles: algunos
en dos meses, otros en seis años.
Carlos Casares: Camiones y retroexcavadoras por casi 5 millones
En el caso
de Carlos Casares, Bonadío concluye que “se habría comprado un camión volcador
y un camión recolección de residuos, no así los quince (15) contenedores”,
desvirtuándose de ese modo las finalidades preestablecidas.
Tras evaluar
que hubo retrasos y cambio de componentes por una sentencia judicial, para
trasladar el relleno sanitario existente, menciona desprolijidades a la hora de
reflejar las modificaciones en las actas de acuerdo y no presentación de
adendas (contratos). Si bien reconoce que se informó con posterioridad asegura que “los recursos
ya fueron invertidos de forma ajena a lo pautado y sin autorización previa”.
En
cuanto al segundo desembolso indica que no hay constancia de adquisición de
material y maquinaria, que se hizo “mucho tiempo después con fondos municipales”,
y que no se optó por la mejor oferta. También que se gastó menos y no
se reintegró el dinero remanente.
“Recibimos
una autorización para comprar los dos camiones que están comprados y acreditados,
sin problemas, y recibimos una acreditación por 15 contenedores”, afirmó.
Torchio en
la argumentación habla de dos proyectos diferentes, uno de los cuales era para
la adquisición de “dos camiones volcadores” y “quince contenedores de cien
litros”.
Revista La Tecla
