El año pasado se realizaron en Argentina 701 procesos de donación de órganos que permitieron trasplantar a 1.681 personas, lo que significó una “marca histórica de donantes y trasplantes de órganos en el país”, según informó hoy el Incucai.
Los 701
donantes “fueron generados por la intervención de los profesionales y técnicos
de 230 establecimientos hospitalarios del país”, mientras que “el 74% de los
procesos con donación de órganos se concretó en establecimientos públicos”,
detallaron desde el organismo.
En tanto,
precisaron que de los 1.681 trasplantes realizados, 986 fueron renales, 409
hepáticos, 125 cardíacos, 84 renopancreáticos, 43 pulmonares, 21 hepatorenales,
seis cardiorenales, cinco pancreáticos, uno cardiopulmonar y uno
hepatointestinal.
Alberto
Maceira, presidente del Incucai, adjudicó el récord a “la nueva ley de
trasplante de órganos, tejidos y células (más conocida como ley Justina) y a
que el sistema de salud supo interpretar el alma de la norma”.
“Desde la ley Justina la oposición de las
familias a donar bajó del 40% al 17%. El récord es producto del incremento de
donaciones en los últimos seis meses”, destacó el especialista. De esta manera,
nuestro país alcanzó la tasa de 15,75 donantes por millón de habitantes, la más
alta de su historia.
La anterior
marca histórica se había registrado en 2012, con 630 donantes, mientras que, en
comparación con 2017, la donación de órganos creció 18%, precisó el Incucai en
un comunicado.
La nueva
ley, que entró en vigencia el 4 de agosto tras ser aprobada por unanimidad en
ambas cámaras del Congreso, se inspiró en Justina Lo Cane, una nena de 12 años
que murió en la Fundación Favaloro mientras aguardaba un trasplante de corazón.
Dispone que
“todas las personas mayores de 18 años sean donantes de órganos o tejidos,
salvo que en vida dejen constancia expresa de lo contrario”, por lo que los
familiares del fallecido “ya no son los encargados de tomar esa decisión”.
“La concreción del trasplante es posible
gracias a la sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de
los profesionales y trabajadores de la salud de todo el país y al trabajo de
los organismos provinciales de procuración”, subrayó Maceira. (DIB)