Fue el 17 de mayo aunque no trascendieron
sus argumentaciones. El juez federal llamó a
indagatoria a una treintena de alcaldes bonaerenses por la causa GIRSU,(Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) en la
que solicitó la comparecencia de 98 jefes comunales de todo el país. Algunos ya
desfilaron y otros tienen fecha. Entre los convocados hay un fallecido. Cabe
señalar que el Intendente Municipal Walter Torchio suscribió convenios con el
entonces Jefe de Gabinete de Ministros Sr Aníbal Fernández en el marco del
programa mencionado por los cuales el municipio de Carlos Casares percibió la
suma de $1.000.000, $1.800.000 y $2.000.000 para camiones volcadores,
contenedores, maquinaria y el relleno sanitario en nuestra ciudad, cuyas
transferencias se habrían realizado los días 18 de octubre de 2013, 25 de
octubre de 2013 y el 22 de septiembre de 2015 respectivamente.
(La Tecla) ¿Por qué va
Armani, que no jugó un solo partido? ¿Mascherano es convocado porque es amigo
de Messi? ¿Cuántos tuits con insultos publicará Wanda porque Sampaoli no llamó
a Icardi? Podríamos seguir varias horas recopilando los cuestionamientos de los
casi 45 millones de directores técnicos con que cuenta nuestro bendito país,
tras conocerse la lista de 23 futbolistas argentinos que disputarán la Copa del
Mundo en Rusia dentro de pocos días.
Sin embargo,
hay otra lista, que asusta un poco más. Una que no admite discusiones ni
debates en las mesas de café. Es la que elaboró un temido juez federal, de
nombre Claudio Bonadío, en la que incluyó a 98 intendentes de todo el país,
entre ellos, 32 del territorio bonaerense. ¿Son todos a los que llamará?
Difícil saberlo; nadie arriesga a asegurar que no haya otra tanda de convocados
más adelante.
En el marco
de la causa medioambiental que investiga el destino de 600 millones de pesos,
de los que se beneficiaron más de 190 municipios entre 2013 y 2015, el
magistrado ya comenzó a tomar declaración indagatoria a parte de los jefes
comunales, para saber si el dinero fue a parar a las obras que se planificaron.
El programa
en cuestión se denominó GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos),
sobre el cual se realizó una auditoría -junto con la Sindicatura General
(SIGEN)- que arrojó irregularidades y manejos poco claros. Inmediatamente, el
director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo
Bolado, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos
Rívolo. Resultado: dictamen ante Bonadío, quien ya procesó, entre otros, a dos
ex jefes de Gabinete del kirchnerismo (Aníbal Fernández y Jorge Capitanich) y a
los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis.
El análisis
de la información, luego de que Bonadío ordenó enviar auditores a varios
municipios para corroborar el estado de las obras, permitió al juez concluir
que hubo discrecionalidad en el otorgamiento de los fondos (casi la totalidad,
dados a comunas peronistas o de aliados); además de otras irregularidades, como
la ausencia de estudios de factibilidad; falta de control en la ejecución de
planes; transferencias pendientes de rendición; modificaciones e incuplimientos
de proyectos; o solicitudes aprobadas sin cumplir requisitos o con tiempos
disímiles: algunos en dos meses y otros en seis años.
Tal como
anticipó en exclusiva La Tecla, el tiempo de los análisis llegó a su parte
final. Bonadío ya tiene sobre su escritorio los informes de cada uno de los
distritos beneficiados, que requirió al área legal del ministerio a cargo de
Sergio Bergman, y comenzó a citar a jefes comunales a indagatoria.
Los
intendentes aseguran estar tranquilos con la tarea realizada, aunque no ocultan
su preocupación. “Yo no soy abogado, pero tampoco soy boludo. Te sentás frente
a Bonadío y nunca sabés cómo terminás”, confió, atemorizado, uno de los jefes
comunales que ya se presentaron ante Su Señoría.
El desfile
de alcaldes por Comodoro Py, sede de los tribunales federales de nuestro país,
ya comenzó. Como un prolijo fixture, Claudio Bonadío diseñó un cronograma que
ya se inició y que acabará el 26 de octubre, a razón de casi uno por día. El
último de los bonaerenses, citado para el 6 de septiembre (a las 10 de la
mañana, como todos) será el exmandamás de Quilmes Francisco “Barba” Gutiérrez.
El fuego lo abrió el día 16 de mayo Ricardo
Casi, intendente de Colón, a quien siguió, un día después, su par de Carlos
Casares, Walter Torchio. El jefe comunal colonense aseguró a La Tecla que tomó
conocimiento “de la denuncia que se nos hace y ahora tenemos que justificar
todas las erogaciones”.
“Se nos acusa de que el programa se cumplió
parcialmente y que no hubo saneamiento del basural, pero eso formaba parte de
una segunda etapa. Y también que hubo demora en la presentación de la
documentación, como la rendición hecha fuera de tiempo”, aclaró.
En el
caso de Torchio, descartó que se trate de una maniobra, como señaló alguno de
sus colegas. “Me parece bien que se investigue cómo se gastan los fondos”,
dijo.
Sin
embargo, a pesar de las voces tranquilizadoras y los gestos serenos con que se
muestran públicamente, la preocupación entre los alcaldes es indisimulable.
Aunque no lo hagan de manera pública, murmuran que la sospecha de una maniobra
política está en el aire y que el nombre de Bonadío les genera algo -bastante-
de inquietud.
Así lo hizo
saber el propio Casi, quien se mostró sorprendido por la citación y consideró:
“No le veo sentido a que la Justicia Federal se meta en los municipios, cuando
nosotros, por la Constitución, somos sometidos a examen tanto por el Tribunal
de Cuentas como por la rendición de cuentas en los concejos deliberantes”.
