El
fallo del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires obliga al ex
titular de ABSA y a sus colaboradores de esa repartición pública a, en un plazo
de 90 días, a devolver 51 millones de pesos al estado provincial
Guillermo
René Scarcella, ex director de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA)
durante
el gobierno de Daniel Scioli e investigado por malversación de fondos de la
administración pública, deberá devolver, con otra decena de ex funcionarios, 51
millones de pesos al estado provincial al comprobarse irregularidades en los
gastos de la empresa durante su gestión.
El fallo del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires obliga al ex funcionario y
a sus colaboradores de esa repartición pública a, en un plazo de 90 días, a
devolver 51 millones de pesos al estado provincial. No obstante, los ex
funcionarios, hasta 2015, podrán interponer un recurso ante el fuero
Contencioso Administrativo.
Asimismo, la
resolución del Tribunal resulta uno de los soportes de la causa iniciada por el
fiscal Alvaro Garganta contra Scioli, parte de su gabinete y responsables de
organismos como ABSA, IOMA y Lotería. Es que la fiscalía intenta determinar la
existencia de lavado de activos a partir de “distintos delitos contra la
administración pública”, investigación que comenzó con una denuncia presentada
por la diputada nacional Elisa Carrió.
En ese
sentido, las auditorías iniciadas por el Tribunal el año pasado revelan un
aparente festival de dispendio de recursos en ABSA, la empresa encargada del
servicio de agua y cloacas en el Gran La Plata, Bahía Blanca e Interior.
Incluso, de la revisión surgió el gastó de 800 mil pesos para financiar el
catering de una fiesta sindical y el contrato por 273.250 pesos a una persona
que hace títeres y espectáculos de circo.
La “falta de
razonabilidad de gasto” que detalla el Tribunal surge la erogación de 50 mil
pesos para la realización del XIV Simposio Internacional de Transplante de
Intestino u otras extravagancias, que contó con 54 mil pesos destinados por la
empresa para la contratación de servicios de una experta en “coaching
psicológico”.
Scarcella
En tanto,
los descargos correspondientes de Scarcella y colaboradores no conformaron al
Tribunal que, en el artículo tercero de la resolución publicada en el Boletín
Oficial, dispuso multas de 48 mil pesos al propio Scarcella; de 40 mil a Carlos
Alberto Coronel, otro tanto a Matías García, a Ricardo Juan Bautista Moratoy y
a Heriberto Jáuregui Lorda. Se completa con 10 mil pesos a Mario Miguel
Vuillermet; 30 mil a Jorge Enrique Radivoj; 25 mil a Lorenzo Pablo Giannelli;
20 mil a María Julieta Casajús y otro tanto a Jorge Héctor Di Leo; y de 5 mil a
Francisco Antonio La Porta.
Ellos serían
los responsables de irregularidades como “incompatibilidad laboral” por el
trabajo de un mismo agente en dos o más reparticiones del Estado y la
contratación de proveedores por ABSA para obras y servicios que, además de
proveedores, eran empleados de la misma empresa. Es por eso que aseguran que
hubo ausencia de controles y de documentación sobre la ejecución de las
prestaciones que pagó el organismo.
De acuerdo
con el dictamen de los auditores, hubo comprobación de “falta de pertinencia y
razonabilidad en los reajustes de precios” sobre diversos contratos con firmas
privadas. Incluso, Scarcella negó ser testaferro del ex gobernador Scioli y le
quitó entidad a la sospecha de Garganta sobre un movimiento de casi 29 millones
dólares con un depósito en Isla Caimán, atribuido al exfuncionario y su
familia.
Fuente: elintransigente.com
