En línea con lo planteado por legisladores oficialistas y el propio Gobierno Provincial, el Bloque de Concejales “8 de Enero” presento un proyecto de ordenanza donde le solicitan al intendente Walter Torchio que se abstenga de usar el nombre propio en el ploteo de innumerables automotores y rodados pertenecientes al municipio, como así también la propaganda en variadísima cartelería existente en la vía pública o propaganda que se utiliza en actos de gobierno y/o campañas de programas oficiales que se difunden ya sea por medios gráficos, radiales, audiovisuales y/o electrónicos.
La argumentación del proyecto
Los argumentos
del proyecto de ordenanza presentado por los concejales del Bloque “8 de Enero”
señalan “Que resulta de público y notorio conocimiento la creciente propaganda
política de la gestión municipal y particularmente el uso del nombre propio del actual
Intendente que se evidencia en el continuo ploteo de innumerables automotores y
rodados pertenecientes al municipio (automóviles de guardia urbana, barredora
municipal, ambulancias, vehículos oficiales destinados a diversos usos, etc.),
como así también la propaganda en variadísima cartelería existente en la vía
pública (entre ellas la señalización de tránsito) o propaganda que se utiliza
en actos de gobierno y/o campañas de programas oficiales que se difunden ya sea
por medios gráficos, radiales, audiovisuales y/o electrónicos”.
También
destacan que la propaganda también comprende el uso de logos y colores
determinados que no se corresponden con símbolos oficiales de nuestro
municipio, que se estampan en vestimenta
y diversos elementos de trabajo del personal de distintas áreas municipales.
Dicha
propaganda política, resalta la argumentación, se financia mediante el uso de recursos
públicos aportados con el esfuerzo de todos los ciudadanos casarenses a través
del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como asimismo de los recursos
provenientes de la administración provincial y/o nacional que se otorgan a fin
de articular y concretar políticas públicas locales”.
No mal gastar los recursos publico
El proyecto
señala que actualmente no existe control ciudadano ni administrativo alguno en
relación a las sumas utilizadas por la administración municipal para propaganda
política en el distrito de Carlos Casares, desconociéndose los montos
destinados a ese fin, los cuales podrían invertirse en otras problemáticas
locales que requieren urgente atención y solución.
Por otro lado
destaca que quienes se encuentran a cargo de la administración municipal, tienen
el deber inexcusable de velar por el cuidado y uso razonable de los recursos públicos
de todos los casarenses y le solicita al Ejecutivo que interrumpa
inmediatamente el uso de dinero público en propaganda política.
Teniendo en
cuanta los argumentos planteados, el alma del proyecto insta al Intendente Walter
Torchio a que se abstenga en forma inmediata destinar fondos públicos para la
realización de propaganda política y/o utilización de símbolos y/o logos que no
resulten oficiales y le solicita además que informe los montos destinados a
propaganda política en el transcurso de los años 2011 a 2017 inclusive.
Trabajan en una ley provincial
Legisladores
provinciales del oficialismo y del Frente Renovador salieron a mover proyectos
de ley que apuntan a prohibir que los intendentes puedan “firmar” con sus
nombres móviles policiales u otros bienes públicos.
Las
iniciativas se sumaron a la polémica que se inició el lunes pasado, cuando
trascendió que la jefa comunal de La Matanza Verónica Magario había ordenado
“plotear” con su nombre y apellido unos cuarenta móviles adquiridos con fondos
municipales para reforzar el patrullaje en ese distrito.
El de La
Matanza, con todo, no es el único caso, el intendente de José C. Paz, Mario
Ishii, también “firmó” móviles, en este caso ambulancias. La polémica también
incluyó al distrito de Moreno, donde gobierno otro peronista, Walter Festa, que
puso su nombre en patrullas, y a Vicente López, donde el intendente oficialista
Jorge Macri ploteó móviles de atención veterinaria con su nombre y apellido.
En ese
marco, el diputado provincial del Frente Renovador Pablo Garate presentó un
proyecto de ley para prohibir la colocación de los nombres de intendentes y
gobernadores en bienes del Estado. La limitación también abarca a “todo tipo de
publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o
comunicación gubernamental alternativa”.
En tanto, el
diputado de Cambiemos Guillermo Castello dijo que viene trabajando en un
proyecto para que la Provincia adhiera a una ley nacional “que tiene como
objetivo poner sanciones a los intendentes que utilizan la propiedad pública”.
