El senador
provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Gustavo De Pietro, solicitó hoy
la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley 27.130, con el objetivo de
garantizar la detección y atención de personas en riesgo de suicidio, así como
la asistencia a las familias de personas que se hubieran quitado la vida.
“Es necesario desarrollar acciones y
estrategias para sensibilizar a la población, desarrollar los servicios
asistenciales, capacitar a los recursos humanos y crear redes de apoyo de la
sociedad civil
para garantizar la detección de las personas en riesgo y
garantizarles un tratamiento adecuado”, indicó el legislador y añadió que “lo
que se busca es la disminución de la incidencia del suicidio a través de la
prevención, asistencia y posvención de las personas en riesgo, por medio de un
abordaje interdisciplinario e interinstitucional”.
Argentina se
encuentra entre los países con mayor tasa de suicidio de la región y, de
acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el Ministerio de Salud de
la Nación, es la segunda causa de muerte traumática en el país, ubicándose por
encima, incluso, de la cantidad de homicidios registrados. Sólo entre 1997 y
2012 se produjeron más de 46 mil suicidios, lo que supone un incremento del 49
por ciento en la cantidad de casos para ese mismo período.
La
iniciativa impulsada por De Pietro prevé que la Provincia capacite a su
personal en salud y educación; elabore protocolos de intervención; lleve
adelante un registro de las instituciones, asociaciones organizaciones no
gubernamentales y profesionales del sector público y privado, que cumplan con
los estándares establecidos; habilite una línea telefónica gratuita de escucha
en situaciones críticas; y establezca la obligatoriedad de la notificación a la
autoridad competente de los casos de suicidio y las causas de los decesos,
respetando la estricta confidencialidad sobre la identidad de la persona, entre
otras muchas responsabilidades. Asimismo establece que prepagas, servicios
médicos asistenciales y toda entidad que brinde atención médica, deberá
garantizar la cobertura asistencial a las personas que hayan sido víctimas de
esta problemática y sus familias.
La legislación nacional establece de interés nacional
la atención biopsicosocial de la problemática, la investigación científica y
epidemiológica sobre el tema, la capacitación profesional en la detección y
atención de las personas en riesgo de suicidio y la asistencia a las familias
de víctimas de este flagelo.
