Luego
del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a vecinos de 9 de Julio
afectados por el alto contenido de la sustancia en la red, ciudadanos de
Alberti, Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos también reclaman ser
alcanzados por la medida.
Luego del
histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que “el acceso
al agua potable es un derecho humano básico” y benefició a vecinos del distrito
de 9 de Julio afectados por el alto contenido de arsénico en la red de agua
potable, otros distritos comenzaron a organizarse para reclamar la misma
medida, que obliga a la empresa estatal ABSA a suministrar agua en bidones
hasta tanto solucione el problema.
En diciembre
del año pasado, el máximo tribunal del país falló en una causa iniciada por un
grupo de vecinos de 9 de Julio contra ABSA por los altos niveles de arsénico en
la red domiciliaria, y ordenó al juez de la causa que haga lugar al pedido de
los denunciantes y obligue a la empresa a repartir agua potable en los
domicilios hasta que se realicen las obras pertinentes.
En ese
fallo, la Corte pidió a los jueces en general que tutelen el derecho de la
población al acceso al agua potable, recurso que declaró como “un bien público
fundamental para la vida y la salud”. Y pidió que se aceleren los procesos en
los que se vea vulnerado el derecho al acceso al agua potable para “evitar la
frustración de derechos fundamentales”.
Tras la medida
judicial, habitantes de otros municipios afectados por la alta presencia de
arsénico en el agua también iniciaron amparos colectivos.
El impulso
que dio el pronunciamiento de la Corte nacional llevó a vecinos de Alberti,
Bragado, Chivilcoy, Pehuajó, Rojas y Los Toldos, entre otras comunas de la
zona, a reclamar a ABSA los mismos beneficios que los usuarios de 9 de Julio.
Fernando
Cabaleiro, el abogado que patrocinó a los vecinos de 9 de Julio, señaló que el
fallo de la Corte animó a otras organizaciones vecinales a realizar denuncias
contra ABSA y algunos municipios que tienen a su cargo el servicio,
aprovechando que la disposición del máximo tribunal sienta un precedente
favorable.
Es que el
fallo ordenó al juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes, que tramitó la causa 9
de Julio, a fallar a favor de los vecinos en ese y otros casos en los que la
falta de acceso al agua potable vulnere sus derechos y ponga en peligro la
salud. En esa línea, ratificó un fallo de primera instancia que obligaba a la
empresa a distribuir bidones de agua potable a los damnificados, ampliando el
beneficio a todos los habitantes del distrito.
El letrado
explicó que en los casos de Alberti, Bragado y Chivilcoy ya se encuentran en
sede judicial, mientras que vecinos de Pehuajó, Los Toldos y Rojas están
iniciando el camino judicial.
Cómo se llegó al fallo
La
resolución de la justicia, cabe recordar, surgió a partir del caso de 9 de
Julio, donde el problema con el agua y el alto nivel de arsénico es bien
conocido por los vecinos.
Analía
Canusso (56) es parte de la organización 9 de Julio-Todos por el Agua y tiene
hacre: hidroarsenicismo crónico. El médico que la atendió y derivó a La Plata
en 2006 fue el intendente radical Walter Battistella, que aún gobierna la
ciudad. Un funcionario que, en 2007, hizo su campaña basada en el agua, en una
planta potabilizadora que recién este año está en construcción.
Analía
estuvo seis meses postrada en su casa, hasta que por una mancha se descubrió el
desastre: tenía varios tumores en la piel del rostro y un 67% de arsénico en
orina. “En 2007 le digo a la dermatóloga lo que pasaba con el agua acá y me
manda a toxicología al Sor Ludovica. Cuando me vio la planta de los pies y las
palmas de las manos, el toxicólogo me dijo que seguramente era el arsénico. Me
dieron quelantes, un medicamento fuertísimo para eliminar el metal pesado. Pero
el daño ya estaba hecho.” Hace 7 meses que Analía está jubilada por
incapacidad.
Panorama que asusta
El mapa de
arsénico de la provincia de Buenos Aires asusta. El caso de 9 de Julio no es un
hecho aislado: Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy,
Junín y Chacabuco son otras ciudades en las que el problema es conocido porque
los vecinos también se movilizaron. Pero son muchas más las que tienen el
arsénico en niveles mayores a los permitidos por el Código Alimentario
Argentino (0,01 mg/l) y todavía no saben que están consumiendo un líquido que
les puede causar, entre otras cosas, cáncer de piel.

“9 de
Julio-Todos por el Agua” empezó por Facebook. Como se sumaban 300 personas por
día, Julia Crespo y Juan Kersich, junto con otros vecinos, armaron la primera
reunión vecinal el 24 de septiembre de 2010. El objetivo era demostrar que
había arsénico en el agua. Empezaron, entonces, a hacer una campaña de
concientización. Hacían carteles, sumaban cada día más voluntarios parando a la
gente en la peatonal para decirle que el agua que salía de sus canillas estaba
envenenada.
Mientras,
hacían los análisis: recibían las muestras de orina de los vecinos y
completaban una planilla por cada persona en una sede que llamaron “la casita”.
Después mandaban todo a analizar a la Universidad Nacional de Rosario. Luego el
resultado llegaba por mail. “Conseguimos donaciones de empresas y comercios e
hicimos cerca de 200 análisis, el 70% de esa gente tenía altos los niveles de
arsénico”, cuenta Julia Crespo.
Los vecinos
insisten que éste es un problema que tienen desde siempre. Mientras tanto,
pagan el agua que sale de sus canillas, un agua que no pueden consumir. Pagan,
también, una factura que no los advierte del nivel de arsénico que tiene lo que
toman. Desde enero de 2011, fecha del primer fallo, ABSA incumple con la orden
judicial de informar ese dato.
Miguel
Dicipio es el jefe de operaciones de ABSA en 9 de Julio y dice que el arsénico
está en todos lados, en el cigarrillo, en la tintura del pelo. Julia Crespo se
enoja. “¿Te dijo eso? En las reuniones ya no lo puede decir más de lo que le
discutimos. Uno decide fumar o teñirse, puede vivir sin eso, pero no puede
vivir sin tomar agua”. Además, Dicipio dice: “No tenemos ningún caso comprobado
de que el arsenicismo en el cuerpo sea producto del agua”. La Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) determinó que el arsénico
es carcinogénico.
Planta de ósmosis inversa
Al lado de
las oficinas de ABSA (Cardenal Pironio 689) hay una planta de ósmosis inversa.
De ahí sale el agua de las canillas comunitarias a las que la gente debe ir con
sus bidones a buscar agua potable. Luego tienen tres puntos en la ciudad, que
funcionan uno el miércoles, otro el jueves y otro el viernes, de 10 a 14, donde
entregan agua en sachets. Catorce litros por semana por factura presentada, es
decir, por cada casa. En el fallo dice no menos de 200 litros por persona por
mes. Si viviera una sola persona por casa, los litros que tiene por mes son 56.
Entonces los otros 144 debe ir a juntarlos en bidones a la canilla comunitaria
más cercana.
“Son parches
que hicieron”, dicen los integrantes de 9 de Julio-Todos por el Agua, que no se
rendirán hasta ver terminada y en funcionamiento la nueva planta de agua.
La obra del acueducto
El nivel de
arsénico en el agua también se debatió recientemente en la Legislatura
bonaerense, a partir de un pedido del diputado del bloque Frente Amplio
Progresista (FAP) por Rivadavia, Abel
Buil, quien solicitó que se incluya la obra del acueducto del Río Paraná.
Ese
emprendimiento fue desarrollado en conjunto por la Universidad Nacional de La
Plata y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia durante 2010 y 2011.
La
iniciativa alcanza a los partidos de Florentino Ameghino, General Pinto,
General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Leandro N. Alem,
Lincoln, Nueve De Julio, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas,
Salliqueló, San Nicolás, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Guaminí, Daireaux,
Trenque Lauquen y Tres Lomas.
Como se
dijo, el problema del arsénico obligó a varios municipios y a la empresa Aguas
Bonaerenses S.A. a repartir, ya sea por iniciativa propia u orden judicial,
botellones con líquido apto para beber, medida que ya se implementa en Nueve de
Julio, Alberti, Lincoln, Rivadavia, San
Nicolás, entre otros.
El
intendente de Rivadavia, Sergio Buil, hermano del diputado bonaerense por el
FAP que realizó el pedido en la legislatura afirmó que el distrito se encuentra
“complicado” en función al máximo permitido de 0,01 miligramos por litro de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, aclaró que dentro de la
reglamentación vigente de 0,05 en la Provincia de Buenos Aires se encuentran
dentro de la norma.
“Tenemos
agua corriente para bañarnos, pero para tomar y hacer la comida tenemos una
planta de ósmosis inversa y se reparten bidones de agua potabilizada casa por
casa”, dijo Buil, quien además explicó que en esa zona “el agua tiene bastantes
problemas de sales, un gusto muy feo”.