Con el avance de las fumigaciones, cada
vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa
Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos Aires. Bajo esa introducción,
Página/12 presentó una reciente investigación publicada en sus ediciones
impresa y digital, en cuyo desarrollo nombra a Rojas.
Con el avance de las fumigaciones, cada
vez más pueblos dan batalla a los agrotóxicos. A los casos de Córdoba y Santa
Fe, ahora también se suma la provincia de Buenos
Aires. Bajo esa introducción,
Página/12 presentó una reciente investigación publicada en sus ediciones
impresa y digital, en cuyo desarrollo nombra a Rojas. La transcribimos:
Por
Darío Aranda - Alberti en Buenos Aires, San Jorge
en Santa Fe y Río Cuarto en Córdoba, sólo algunas de las localidades de la
Pampa Húmeda donde también se cuestiona al modelo agropecuario y las
fumigaciones con agroquímicos. En Alberti, un fallo del Superior Tribunal de
Justicia bonaerense prohibió fumigar a mil metros de viviendas, pero los vecinos
denuncian que no se respeta la sentencia judicial. En Río Cuarto rechazan la
instalación de Monsanto y proponen un modelo alternativo. Decenas de pueblos de
la Pampa Húmeda cuestionan la propuesta empresaria de fumigar a sólo 100 metros
de las viviendas, exigen la prohibición total de fumigaciones aéreas y proponen
límites de entre 800 y 1500 metros para las aspersiones terrestres.
Alberti está ubicado en el norte de
Buenos Aires. María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández comenzaron a ser
fumigados en 2006. Los rociaban con glifosato, atrazina y cirpermetrina hasta
la puerta de su casa. El vecino sembraba soja. Y el caso llegó a tribunales. En
agosto de 2012, la Corte Suprema de Buenos Aires prohibió fumigar a menos de
1000 metros de las viviendas. Incluso citó el principio precautorio vigente en
la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario
tomar medidas protectoras.
Con el fallo de la máximo tribunal de
Buenos Aires, los vecinos de Alberti solicitaron a los concejales que aprobaran
una ordenanza que limitara las fumigaciones. Todo lo contrario, la
Municipalidad autorizó fumigaciones a cien metros de las casas. En enero pasado
rociaron con glifosato a sólo 40 metros de la vivienda de Monsalvo-Fernández y
a cincuenta metros del polideportivo municipal, el mismo día en que comenzaba
la colonia de vacaciones de cientos de niños. La primera semana de noviembre
volvieron a fumigar a metros del polideportivo y a 300 metros de la casa
familiar que la Corte Suprema había protegido.
“El
fallo de la Corte establece que para otorgar permisos deben hacer primero
estudios ambientales, audiencia pública y recién luego dar permiso. Nada de eso
se cumple”, denunció Cristina Monsalvo y alertó: “Seguiremos en la lucha contra
este modelo que no duda en sacrificar a las poblaciones”.
Situaciones similares se repiten en
Carmen de Areco, Cañuelas, Chacabuco, Rojas, Luján, Ramallo, Marcos Paz, Los
Toldos, Saladillo y hasta en Guernica, partido de Presidente Perón, a sólo 40
kilómetros de Capital Federal.
Río Cuarto está ubicada al sur de
Córdoba. En junio pasado, cuando la empresa Monsanto anunció la instalación de
una planta de experimentación en la ciudad (también otra en Tucumán y una gran
planta de semillas en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas), nació la
Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos. Iniciaron una “iniciativa popular”
para que se aprobara una ordenanza que establezca un territorio libre de
agroquímicos, y proponen una transición del modelo de transgénicos y químicos
hacia la agroecología.
El 10 de septiembre se realizó un debate
público en el Concejo Deliberante, con 70 expositores que disertaron tanto en
apoyo como con críticas al modelo agroindustrial. “Si no son peligrosos los
agrotóxicos, ¿por qué fumigan de noche?”, preguntaron dos nenas de 9 años de la
escuela primaria Eva Duprat, ubicada frente a un campo fumigado.
Similares debates y críticas se repiten
en las localidades cordobesas de Morrison, Huinca Renancó, General Levalle,
Coronel Moldes, General Cabrera, Las Perdices, Coronel Baigorria, Villa Ciudad
Parque e Italó, entre otros. En Alta Gracia está vigente una ordenanza que
prohíbe fumigar a 1500 metros de la zona urbana, pero productores quieren vetar
la ordenanza.
En San Jorge (Santa Fe), un grupo de
familias del barrio Urquiza denunció en 2009 a un productor que, calle
mediante, los fumigaba y provocaba intoxicaciones, alergias y problemas
respiratorios. Jueces de primera y segunda instancia prohibieron fumigar a
menos de 800 metros si era por métodos terrestres y 1500 metros si lo hacían
con avión. Mientras se respetó la decisión judicial, los chicos no enfermaron.
Viviana Peralta, una de las madres que
iniciaron la denuncia, afirmó que las fumigaciones volvieron a fines de 2012.
“Y volvimos a denunciarlos. Ahí frenaron. Tienen que entender que la Justicia
ya dijo que paren y que la salud es lo primero”, reclamó.
Otras localidades de Santa Fe donde
existen asambleas y rechazos al modelo son Alvear, Carcarañá, San Lorenzo,
Desvío Arijón y San Justo, entre otros. A nivel provincial, la Multisectorial
Paren de Fumigarnos (que nuclea a decenas de localidades y organizaciones)
impulsa una ley que prohíba por completo las fumigaciones aéreas y legisle un
resguardo de 800 metros libre de agroquímicos.
Ordenanza en estudio
En Rojas no existe una ordenanza
municipal que reglamente las distancias permitidas de las fumigaciones aéreas,
respecto de poblados, escuelas, centros de salud, cursos de agua, etc.
Lo más actual es del mes de setiembre,
cuando el Gobierno Local anunció que había empezado a debatir un anteproyecto
con los sectores involucrados en la comercialización y aplicación de los
productos, así como la disposición final de los envases, buscando consensuarlo
antes de enviarlo al Concejo Deliberante.
Se indicó que la iniciativa aborda una
conflictiva problemática, sobre todo en lo que hace a la fijación de la zona de
resguardo ambiental que protege a áreas urbanas, centros de salud y educación,
cursos de agua, etc.
En ese sentido, el director de
Bromatología, doctor Daniel Gallo mencionó "la zona de resguardo
ambiental, el cerco que rodea a una ciudad, es un tema que genera
inconvenientes porque los agroquímicos son volátiles y pueden llegar a la
planta urbana. Esto debe ser consensuado con los aplicadores en función de la
maquinaria que tengan, ya sea aérea o terrestre, y probablemente haya alguna
prohibición, sobre todo con los agroquímicos fosforados. Hasta dónde se va a
extender esa zona de resguardo es uno de los temas a discutirse".
También mencionó la apertura de
registros, tanto de aplicadores (que recibirán un carnet del Ministerio de
Asuntos Agrarios) como de apicultores, un sector más que perjudicado por el uso
de sustancias tóxicas en el campo.
No hubo información posterior. Pero el
tema adquirió altísimo voltaje político cuando se hizo referencia a que se
ubicaría en el Corralón Municipal el depósito de envases de agroquímicos, para
su lavado y disposición final, al punto tal que su evolución podría derivar en
una interpelación del intendente en el H, que es implsada por los concejales de
la oposición. (Fuente: Diario Hoy, de Rojas)
