El juez
federal de San Nicolás, Martín Alberto Martínez declaró la inconstitucionalidad
parcial de la Ley que limita las medidas cautelares y también le puso un freno
a la elección por voto popular de los consejeros de la Magistratura.
El
magistrado solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que "se abstenga" de
aplicar la Ley 26855 que modifica la conformación del Consejo, "debiendo
suspender el llamado a elección" dispuesto por Decreto para llenar los
nuevos cargos en el cuerpo, "hasta tanto se resuelva en definitiva".
Martínez
señaló que "encuentra prima facie la existencia de elementos suficientes
que en apariencia están demostrando una postura no ajustada a derecho",
por parte del Estado.
En los
considerandos, el juez evaluó que la Ley "rompe el equilibrio exigido por
la Constitución" en cuanto a los procedimientos de elección de los
consejeros y que el quórum simple para nombrar y remover jueces "refleja
una hegemonía política que contraria el espíritu de la Constitución
Nacional".
El
magistrado indicó también que la Ley "obliga" a los abogados
matriculados que sean potenciales miembros del Consejo a "incorporarse a
un determinado partido político, con lo que también se aprecia que el
equilibrio entre lo político y otros estamentos no políticos queda frustrado".
También se
refirió al "peligro de la demora" y señaló que evaluó la
"celeridad" de la sanción de la norma, junto al llamado a elecciones,
por lo cual, dijo, "existe un real interés en el peligro de la demora,
habida cuenta de los tiempos en trámite" y añadió que "no advierto
que pudiera obtenerse por otro medio la cautelar solicitada".
En cuanto a
la Ley 26854 que limita las cautelares, antes de resolver sobre la composición
del Consejo de la Magistratura, Martínez interpretó que el
"menoscabo" que sufren los litigantes por la intervención del Estado
y la necesidad de que no se "lesionen preceptos constitucionales" y
por eso declaró "inconstitucionales" los artículos 4, 3 inciso 4, 9,
10, 13, 14 y 15 y mantuvo otros que habían sido cuestionados en la solicitud.
La
presentación judicial fue efectuada por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados (FACA), apenas las leyes fueron publicadas en el Boletín Oficial.
