Es una investigación que alcanza a nueve provincias y siete municipios de Buenos Aires. Se detectó que más de 500 farmacias en todo el país falsearon recetas para cobrar por medicamentos que nunca vendió. Una solo lo hizo con más de 60 mil tiras reactivas e insulina.
A Juana A.
la llamaron del PAMI y le preguntaron si era diabética. Contestó que no. La
misma pregunta le hicieron a Jacinta F., Manuel L. y otros tantos jubilados. Y
todos respondieron que no. Pero sus nombres figuraban en el padrón de
diabéticos de la obra social y en recetas que se usaron para obtener la
medicación para esa enfermedad. Los llamados fueron una de las primeras medidas
de una investigación judicial en la que se tiene estimado que la obra social
fue estafada en al menos 100 millones de pesos por distintas farmacias en todo
el país.
La maniobra
se investiga en nueve provincias y en siete municipios de la provincia de
Buenos Aires. Y no solo con afiliados que no padecen diabetes. También con
jubilados fallecidos. Según el trabajo que realiza desde 2016 la Unidad Fiscal
para la Investigación de delitos cometidos en el PAMI, 583 farmacias usaron el
nombre de 1133 afiliados muertos para que el organismo pague por 23.330 tiras
reactivas y 364 farmacias hicieron lo mismo con 863 jubilados fallecidos para
6.104 productos de insulina.
A eso hay
que sumarle los afiliados vivos que no son diabéticos: una sola farmacia de la
localidad de San Isidro falseó recetas para cobrar casi 69 millones de pesos
por 61.854 remedios, entre tiras e insulina.
La obra
social más grande latinoamérica, se presenta PAMI en su pagina web, tiene cinco
millones de afiliados en todo el país que son jubilados, pensionados, ex
combatientes de la guerra de Malvinas .
La maniobra
que la UFI PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, tiene probada
era así: al padrón de diabéticos se agregaban -lo hacían empleados de la obra
social- el nombre de afiliados que no tenían esa enfermedad. Luego, las
farmacias completaban las recetas de PAMI con los datos de los jubilados y les
ponían troqueles falsos de tiras reactivas e insulina. Con esa receta se
presentaban cada 15 días y le cobraban al PAMI el 100 por ciento del costo del
remedio ya que para la diabetes la cobertura de los remedios es integral.
Las recetas
que se usaban eran verdades. “Creemos que las robaban del propio PAMI o de
hospitales y las vendían a las farmacias”, explicó una fuente del caso. “Los
troqueles con buenas impresoras se pueden falsificar sin mucha complejidad. De
hecho es algo habitual en el mundo de las farmacias”, agregó.
Una de las
recetas con troqueles falsos que fue secuestra por la justicia
Una de las
recetas con troqueles falsos que fue secuestra por la justicia
En el caso
de los afiliados ya fallecidos todavía seguían en el sistema como activos. La
maniobra comenzó a ser denunciada por algunos afiliados que sí requerían la
medicación y cuando la iban a buscar a la farmacia les decían que por sistema
le figuraban que ese mes ya la habían retirado. La diabetes es el exceso de
azúcar en sangre porque el páncreas no segrega insulina que es la encargada de
la metabolización. La diabetes puede llevar a otras enfermedades, como
cardíacas, cerebrales, renales, de circulación y provocar ceguera y la
amputación de miembros. Por eso, los pacientes requieren la aplicación de
insulina de por vida.
En algunos
casos se detectó que los troqueles eran verdaderos. “Pero el remedio no le fue
entregado al paciente de la receta, sino que se vendió ilegalmente. Eso es muy
grave porque la insulina debe mantener una cadena de frió que no sabemos si la
tuvo”, explicó una fuente.
De todas las
estafas la más grande corresponde a la farmacia “Añon”, en San Isidro. La
investigación determinó que de 2013 a 2016 le facturó al PAMI 68.760.435 de
pesos por 61.854 remedios, entre tiras e insulina. Según el análisis que hizo
la UFI PAMI esa farmacia pasó de cobrarle 23 mil pesos por mes a la obra social
millones. Un mes fueron 5 millones de pesos. Cuando la maniobra fue detectada
los valores volvieron a los habituales.
El volumen
de la estafa de esta farmacia era tan alto que comenzaron a utilizar sellos con
los nombres de los afiliados y los médicos para no tener que completarlos a
mano. El caso Añon forma parte de una causa judicial que involucra a otras
farmacias de la ciudad de Buenos Aires que está a cargo del juez federal
Sebastián Casanello.
¿Por qué
esta maniobra era habitual en todo el país y pudo sostenerse en el tiempo?, le
preguntó Infobae a uno de los investigadores. “Porque los controles de PAMI,
que estaban cargo de una empresa privada, no eran buenos. En parte porque el
PAMI es tan grande que a veces se hace dificultoso, sobre todo cuando la estafa
es baja. Ahora cuando es más grandes las alertas se encienden”, respondió la
fuente.
El PAMI pasó
de las recetas manuales a las electrónicas, que permiten un control más
riguroso. Solo se usan recetas de papel (ahora son de color celeste) cuando no
funciona el sistema o en aquellos lugares del país donde la conectividad no
siempre llega o no es buena. Pero en esos casos las recetas tienen códigos de
barra que permiten seguir “la ruta del remedio”.
Por estas
estafas ya hubo un caso con condenas penales. Ocurrió en Mendoza en marzo del
año pasado en un juicio abreviado. Once personas recibieron penas de entre
cinco años y 11 meses a un año y seis meses de prisión.
La mayor
condena recayó en Jorge Emanuel Godoy Resa, ex empleado del PAMI, y su padre,
José Antonio Godoy Torres. Como empleado de PAMI, Godoy obtenía las recetas y
los nombres de los afiliados para falsificar y cobrar el reintegro. Con esa
modalidad pasó a ser dueño de dos farmacias. En la causa se hicieron
allanamientos, escuchas telefónicas y declararon como arrepentidos dos
imputados. Con la condena se incautaron autos de alta gama, propiedades y el
dinero en efectivo que fue secuestrado en los allanamientos.
Quienes
también están bajo investigación son los médicos que firmaron las recetas. “Hay
casos en los que los nombres de los médicos se repiten mucho. Estamos viendo
qué rol tuvieron”, le explicó a Infobae una fuente judicial. Y por el momento
se descartó la participación de autoridades del PAMI.
Una de las
causas más avanzadas la tramita el juez Casanello. Se investiga a las farmacias
“Nuova Varrone SCS”, “Guida”, “Esteve” y “Larocca”, de la ciudad de Buenos
Aires, y fueron citados a indagatoria los cuatro directores técnicos o
propietarios de los negocios y a dos empleadas del PAMI, quiénes le dieron de
alta en el padrón de diabéticos a los afiliados cuando no padecían esa
enfermedad.
La causa se
inició por una presentación que hizo la farmacia “Nueva Costa” en el PAMI.
Relató que un hombre, de nombre Matías Fernández, dijo ser empleado de un
geriátrico y llevó 29 recetas de insulina. Pero todos los datos eran falsos: el
DNI estaba a nombre de una mujer, el domicilio en el que dijo vivir corresponde
a un service de GNC, los jubilados de las recetas no necesitaban esa medicación
y la prescripción médica era de la misma persona y con firmas y sellos falsos.
Un peritaje
determinó que de las cerca de 470 recetas que emitieron esas cuatro farmacias,
433 eran falsas. También que los afiliados fueron dados de alta en la unidad de
gestión de PAMI de la localidad bonaerense de San Martín cuando sus domicilios
y las farmacias eran de la ciudad de Buenos Aires.
El
magistrado procesó por el delito de defraudación contra la administración
pública y falsificación de documentos a los responsables de las farmacías,
Oscar Oviedo, Alberto Guida, Ana María Esteve y Ana María Fortunato, y por
defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad a las
empleadas del PAMI, Ana Victoria Villalba y María Alejandra Mina. Cuando fueron
indagados negaron la acusación.
“Existió un acuerdo previo entre los
farmacéuticos y las funcionarias que tuvo como finalidad beneficiarse
económicamente, mediante la dispensa de recetas apócrifas –con datos falsos de
´terceros intervinientes´ y médicos/as y troqueles apócrifos de productos de
insulina y tiras reactivas- las que utilizaron para simular la venta de
medicamentos para diabéticos insulino requirientes, los que el INSSJP-PAMI
reintegraba en un 100%”, sostuvo Casanello en su resolución del 6 de noviembre
pasado en la que resaltó que la estafa de esas farmacias fue de 2.915.085 de
pesos.
Pero la
Cámara Federal revocó esa decisión el 20 de diciembre porque la consideró
prematura y ordenó que se hagan una serie de medidas de prueba. Así, le dictó
la falta de mérito a las dos empleadas del PAMI y a uno de los responsables de
la farmacia. Los otros tres siguen procesados porque no apelaron sus
acusaciones.
En la
segunda causa abierta en el juzgado de Casanello se investigan a otras cuatro
farmacias, “Mutual Mitre 669 Amtrasel”, “Medicfarm”, “Farmacia Herman” y
“Pelontri de Raccagni SCS”. Sus responsables fueron indagados a fines del año
pasado y el magistrado debe resolver si los procesa.
Además de la
ciudad de Buenos Aires, según los registrados de la UFI PAMI hay causas
abiertas en nueve provincias (Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes,
Tucumán, Misiones, La Rioja, Santa Fe y Chaco) y en siete municipios de la
provincia de Buenos Aires (Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, Tres de Febrero,
Quilmes, Mar del Plata y San Nicolás).
Cada
investigación está en distintos estados. Algunas en sus primeras medidas de
pruebas y en otras ya se hicieron allanamientos en los que se incautaron
recetas y documentación. Los montos de las estafas y la cantidad de recetas
falsas y farmacias involucradas varían.
En Córdoba
se investigan a más de 100 farmacias por un perjuicio de casi nueve millones de
pesos. En Lomas de Zamora la estafa fue de 1.600.000 pesos de parte de 54
farmacias, en Quilmes de 458 mil pesos, en Entre Ríos de 74 mil y en Chaco de
46 mil. Lo que la investigación arrojó es que en cada provincia no actúa la
misma organización de personas.
Uno de los
objetivos de las investigaciones es recuperar los millones de la estafa. “En
todas las causas pedimos el embargo de bienes y del dinero que en algunos casos
se encuentran en los allanamientos. La idea es que cuando haya condena ese
dinero vuelva al estado”, explicó una fuente.
Por cada
causa interviene el juzgado y la fiscalía federal de la jurisdicción y la UFI
PAMI brinda colaboración en cada expediente.
La estafa
con los medicamos no solo es un perjuicio económico para el PAMI, sino también
un problema de salud para los afiliados que necesitan esa medicación y pueden
no tenerla en el tiempo que el tratamiento lo requiere. Las fuentes consultadas
señalaron que este tipo de maniobras se ha detectado con prótesis, pañales y
remedios oncológicos. Pero nunca en el volumen de los remedios para la diabetes
que llega a los 100 millones de pesos.
