Un total de 300 efectivos dejaron de pertenecer a la Policía bonaerense en los primeros siete meses del año, según el registro oficial que lleva adelante el Ministerio de Seguridad provincial. Entre ellos, unos 121 fueron cesanteados o exonerados por causas de corrupción.
Los datos se
desprenden del registro público lanzado el año pasado por la gobernadora María
Eugenia Vidal. El mismo es desarrollado por la Auditoría General de Asuntos
Internos, dependiente del Ministerio de Seguridad, y contiene información desde
1966.
Según
constató DIB, la última actualización del listado es del 2 de agosto y contiene
datos desde los primeros días de enero de este año hasta el 12 de julio. En ese
lapso, Seguridad resolvió 300
exoneraciones y cesantías: 81 por abandono de fuerza y unos 219 por diferentes
delitos.
La mayoría
de las causas de exoneración de la fuerza estuvieron vinculadas durante los
primeros siete meses de este año a casos de corrupción. En total fueron 121
agentes los que se vieron involucrados en delitos como conductas extorsivas, el
lucro indebido o manejo irregular de fondos, y la participación en robos y
estafas.
Si bien
todas las resoluciones son de 2019, hay exoneraciones que corresponden a hechos
de los últimos años. Tal es el caso, por ejemplo, de un grupo de policías del
distrito de Pilar y Malvinas Argentinas que ya había sido desafectado de la
fuerza por “amparar el juego clandestino” durante 2016; o el de un agente de
Mar del Plata planeaba realizar robos junto a un preso.
El listado
además revela que 21 efectivos fueron expulsados por violencia policial. La
mayoría de estos se desempeñan en distritos del conurbano bonaerense como Lomas
de Zamora, Avellaneda, General San
Martín y Tigre; aunque también hay casos de Mar del Plata y Mercedes.
La violencia
policial incluye torturas, excesos en detenciones, violencia psíquica y abuso
de armas, entre otras cuestiones. En este punto, vale señalar que no figuran
aún en el registro oficial de exonerados ninguno de los 13 agentes separados
por la Masacre de San Miguel del Monte en la que murieron cuatro jóvenes tras
ser perseguidos y baleados por un móvil policial. Ese hecho ocurrió el 21 de
mayo de este año.
En la nómina
también aparecen unos 10 policías expulsados por “irregularidades funcionales
graves en dependencia”. En estos casos entran las “fugas por negligencia”, los
incendios en comisarías, los incumplimientos a la hora de recibir denuncias y
la omisión de declaraciones juradas. Asimismo, durante este año, hay unos 50
casos en los que no se especifican las causas.
Violencia de género en la fuerza
En los
primeros siete meses de 2019 hubo unas 17 cesantías y exoneraciones por
“violencia de género y/o familiar”. Entre los casos, por ejemplo, figura el del
oficial platense Elio Daniel Gergoff que a mediados de 2017 apuñaló al hermano
de su pareja.
Aunque no
están en la nómina los implicados, durante este año hubo además varios
femicidios dentro de la Bonaerense. En La Plata, la sargento Laura Romina
Gutiérrez fue asesinada presuntamente por su exnovio y policía Danilo Alberto
Acevedo, quien luego intentó suicidarse; y en Cañuelas, el oficial Nicolás
Fernando Agüero fue detenido por el crimen de su novia Romina Elizabeth Ugarte,
también integrante de la fuerza.
Asimismo, la
oficial Mariana Alejandra Del Arco murió en Nueva Atlantis tras recibir seis
disparos. El homicida, su exesposo y teniente primero Omar Ariel Acosta, se
suicidó. Mientras, en Almirante Brown, fue asesinada la agente Melisa Navarro.
Por este hecho fue aprehendido su novio policía Damián Rubén Benítez.
Datos desde 2015
Ante la
consulta de DIB, desde la Auditoria General de Asuntos Internos señalaron que
desde el 10 de diciembre de 2015 hubo un total de 2.300 policías bonaerenses
exonerados y que hay otros 1.500 que están en proceso de expulsión. Asimismo,
se iniciaron unos 36.541 sumarios, 13.323 agentes fueron apartados y 967
quedaron detenidos.
Entre los
sumarios, en los últimos tres años se iniciaron 2.049 por enriquecimiento
ilícito. “Esto implica un total de efectivos más su entorno, más posibles
testaferros, de más de 3.500 investigados”, explicaron desde la cartera de
Seguridad. De este total, 211 fueron denunciados ante la Justicia por
enriquecimiento ilícito y 11 de ellos también por lavado de activos.
(DIB)