Se habla de una suba de hasta 50 por ciento. Ayer, los intendentes del peronismo se reunieron y enviaron un mensaje a los gobiernos de Macri y Vidal. Pero la preocupación abarca a muchos sectores de la economía y la sociedad.
La política
tarifaria adoptada por los gobiernos de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri
llevó al límite de la supervivencia a las familias, y, con ellas, puso en
verdaderos aprietos a los municipios que brindan asistencia. Ese análisis se
desprende -o, mejor, va de la mano- con la preocupación que los alcaldes del
peronismo -no atados a la “obediencia debida” de Cambiemos- expresaron en las
últimas horas.
El
desencadenante es la noticia de que la luz está a las puertas de experimentar
un salto drástico en los próximos días. Se prevé que el Gobierno bonaerense
autorice a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDES y EDEN -y a las 200
cooperativas que funcionan en Buenos Aires- a aumentar hasta el 50 por ciento
desde febrero, el momento indicado por María Eugenia Vidal para dar a conocer
la estrategia electoral del oficialismo, que se llevará minutos de aire y
páginas de diarios.
La suba está
explicada por la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución y
por el aumento de la energía decretado desde Nación. En la Provincia juran que
la suba estará por debajo de la inflación de 2018. Lo que no dicen es que son
cifras muy similares, y tampoco que a la suba de febrero le deberían llegar
“ajustes” de 10 por ciento en mayo y 20 por ciento en agosto.
Los datos
duros, revelados por un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda,
revelan que en Buenos Aires, el 26 por ciento del salario mínimo se destina al
pago de servicios públicos. En redondo es uno de cada cuatro pesos que ingresan
a una familia que vive con lo justo. El mismo informe explica que la
electricidad, por ejemplo, se encareció un 2.300 por ciento en tres años.
Los otros
servicios se encarecieron menos, pero más que el salario. En gas el aumento ya
lleva acumulado un 1752%, en agua alcanzó el 655%, en colectivos urbanos 329%,
los trenes aumentaron 401%. El problema es que van a seguir en esa tendencia y
en proporciones nada razonables.
Esta
situación pone en jaque a los vecinos y a los intendentes que prestan
asistencia para pagar las boletas. Algunos de ellos cuentan con angustia que
sostienen con 800 pesos a grupos familiares y que ese dinero se va directo al bolsillo
de los dueños de la energía. Y ven con preocupación que, con el próximo aumento
no alcanzará ni para un aporte de esa modestia.
Los
municipios se hacen cargo, por transferencia de obligaciones ordenada desde
Nación, de la tarifa social. Eso implica enormes erogaciones para las arcas
comunales, golpeadas por la quita del Fondo Sojero y por la imposibilidad de
subir en la misma proporción sus contribuciones. Se sabe: la Tasa SUM -el viejo
ABL- es lo primero que se deja de pagar en épocas de vacas flacas.
¿Cómo afrontarán estas nuevas obligaciones?
Pero hay más
actores en el escenario, con intereses que defender, y que también están
perdiendo por goleada contra los dueños del sector energético, que parecen
actuar en connivencia con las más altas esferas de Cambiemos.
Esto se
produce en un contexto en el que la demanda de la energía cae drásticamente
producto del parate industrial -se registran caídas de la demanda de hasta 70
por ciento en distritos industriales de la Provincia-, y el aumento de la
morosidad, las intimaciones y los avisos de corte se disparan de manera
exponencial.
Otra parte
del asunto a la que no se presta atención es qué pasa con el dinero que están
percibiendo las distribuidoras que sostienen, una puja salarial con sus trabajadores
jerárquicos que puede derivar en un paro general del sector el próximo 16 de
enero. Los grandes jugadores, como EDENOR Y EDESUR, acordaron pautas salariales
modestas con gremios “disciplinados”, pero no logran cerrar con los más duros.
La APSEE -Asociación
del Personal Superior de Empresas de Energía-, que conduce Carlos Minucci, se
enrola entre los últimos. Ese es el espacio que promueve la huelga del 16.
Minucci se esforzó en aclarar durante una conversación con este portal que las
empresas no muestran interés en acordar salarios y que ponen a los gremios
entre la espada y la pared: si acuerdan, perjudican a sus afiliados, si
profundizan medidas de acción, pueden ser usados como chivos expiatorios ante
los recurrentes cortes.
Minucci dejó
una interesante reflexión durante su exposición: “Aumentaron las tarifas, está
claro que no invirtieron en infraestructura y que no quieren pagar salarios,
¿qué están haciendo con la plata?”, se preguntó.
