El Ministerio de Justicia provincial recomendará a la Justicia que una gran cantidad de detenidos reciba arresto domiciliario debido a la sobrepoblación en los penales de la provincia
Altas
fuentes del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires a cargo de
Gustavo Ferrari confirmaron a Infobae el comienzo de una medida tan radical
como aparentemente polémica: 1.421 presos de los penales bonaerenses podrían
irse a sus casas por recomendación del Ministerio a la Justicia con el
beneficio del arresto domiciliario bajo tobillera electrónica. El motivo de la
decisión en los cálculos de Ferrari es simple: ya no hay lugar en las cárceles.
Los penales y alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que
dependen de la cartera de Justicia enfrentan el mayor pico de sobrepoblación de
su historia.
Las cárceles
provinciales tienen, colectivamente, lugar para albergar a 28 mil detenidos.
Actualmente, según cifras del SPB mismo, hay 41.267 personas privadas de su
libertad, un número actualizado en la tarde de ayer, con dependencias como la
Unidad Nº49 de Junín excedida en un 135% (hay 958 presos donde debería haber
poco más de 400). En todo este universo de presos hay 23 mujeres embarazadas,
tres de ellas que conviven con hijos y 73 niños que se crían junto a sus madres
detenidas, además de 82 personas trans.
La idea no
es nueva, al menos no en el país. En marzo de este año, el Servicio
Penitenciario Federal, también superpoblado, compiló una lista de posibles
detenidos a los que se les recomendaría judicialmente la prisión domiciliaria o
la libertad condicional, con 96 condenados por crímenes de lesa humanidad como
Jorge "El Tigre" Acosta, en promedio mayores de 70 años de edad con
categorías como detenidas embarazadas o alojadas con hijos, presos
discapacitados.
La medida
del SPF generó cierta polémica. ¿María Eugenia Vidal entiende el costo político
aparente de recomendar liberar presos? Una voz de peso en el sistema de
cárceles provincial asegura: "La gobernadora está de acuerdo, siempre que
sea justificado."
Existe un
criterio para recomendar el arresto domiciliario de los 1.421 presos. "Se
trata de mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades",
asegura un funcionario. También, de gran cantidad de detenidos por delitos
menores como amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad. Casi un
tercio del total de los presos provinciales están detenidos por robo agravado
por el uso de arma. Las chances de que se les recomiende la libertad son casi
nulas.
La sobrepoblación
se traduce en cuestiones obvias. Para empezar, el SPB tiene un déficit de al
menos 2.000 colchones ignífugos para que duerman detenidos. Organizaciones LGBT
como OTRANS y organismos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y
la Defensoría de Casación de Mario Coriolano denuncian desde hace años graves
condiciones de encierro en lo que no dudan en llamar una crisis humanitaria.
Durante los últimos meses, el Juzgado Correccional Nº2 de La Plata a cargo del
doctor Eduardo Eskenazi recolectó una decena de habeas corpus presentados por
detenidos a lo largo de la provincia y celebró una serie de audiencias además
de enviar personal a inspeccionar cárceles.
Gustavo Ferrari, ministro de Justicia de la provincia
Esta semana,
el Juzgado Nº2 tomó una decisión determinante: la creación de un Comité de
Crisis para lograr metas a corto y mediano plazo para descomprimir la
sobrepoblación penitenciaria en la provincia.
En la mente
de los conductores del SPB, el juez Eskenazi peca de algo parecido al pensamiento
mágico. "No se va a resolver todo ya", asegura una voz fuerte en la
cartera de Justicia. Para el ministro Ferrari, lograr una descompresión gracias
a decisiones judiciales masivas por la tobillera electrónica es la salida más
inmediata. La saturación de las cárceles, en los cálculos políticos y de
expertos como James Cavallaro, ex relator de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, viene de la Justicia bonaerense misma con la aplicación en
exceso de la prisión preventiva. La mitad de los presos en el SPB estaban bajo
esta figura a fines del año pasado, con más de 1.200 detenidos en las
comisarías provinciales también con preventiva dictada.
"La
puerta giratoria se ve cada vez menos", asegura un funcionario que señala
a jueces que aplican en exceso la prisión preventiva, espantados por la chance
de que un delincuente liberado reincida con una violación o un homicidio para
terminar escrachados, con un jury en su contra o destituidos. Volver a la
cárcel, por otra parte, es una constante bonaerense: poco más del 40% de los
presos actuales del SPB está detenido por segunda o tercera vez.
Centro de Monitoreo del SPB en La Plata.
Hay, por el
momento, poco más de 1.900 presos en toda la provincia con arresto domiciliario
y tobillera, una cifra baja. Puertas adentro, el SPB habla de aparentes
garantías como un centro de monitoreo instalado en La Plata durante la gestión
de Ferrari y de una tasa de menos del 4% de quebrantamiento, con penitenciarios
que instalan tobilleras mal a propósito como "raras excepciones
fuertemente castigadas", aseveran en el Ministerio de Justicia.
La otra
razón para pedir mayor cantidad de detenciones domiciliarias es tan obvia como
descomprimir las cárceles: el significativo ahorro. El alquiler de una
tobillera a las diversas empresas que las proveen cuesta "mucho
menos" que los poco más de $33 mil que gasta el Servicio Penitenciario en
mantener un preso por mes.
Por lo
pronto, el SPB ya evaluó el perfil psicológico de 304 internos, con otros 455
en proceso de examen. Los nombres de más de 170 internos, aseguran fuentes, ya
fueron remitidos a juzgados en departamentos como Campana, Quilmes, Mar del
Plata y Bahía Blanca.
