
La Dirección General de
Cultura y Educación presentó una denuncia penal por los delitos de Defraudación
en Perjuicio de la Administración Pública y Asociación Ilícita contra los
transportistas y/o empresas de transporte que prestaron servicio en General
Pueyrredón, Lincoln y Roque Pérez a través de los Consejos Escolares
bonaerenses.
La cartera educativa
provincial realizó la denuncia tras obtener información de diferentes
auditorias, investigaciones y análisis sobre los documentos de rendición de
órdenes de pago y sus anexos complementarios.
Se constató la articulación de
acciones tendientes al ocultamiento de un monopolio en la prestación del
servicio, lo que podría implicar además un intento de evasión fiscal en
términos de reducción de la carga impositiva.
En ese sentido, se detectó la
existencia de contratos con transportistas que poseen como apoderados a una
misma persona, donde especifican la misma flota de vehículos e inclusive con
los mismos choferes. También se encontraron facturas confeccionadas con una
tipografía similar caligráfica.
En el caso de Roque Pérez, los
informes determinaron que se facturó el servicio por más días que los que
efectivamente se realizaron y correspondían por contrato. Las facturas no
contaban con el detalle requerido, es decir el precio unitario por kilómetro,
días y distancias recorridas.
En tanto, en General
Pueyrredón y Lincoln no se cumplía lo establecido por las obligaciones
contractuales. No se realizaban la totalidad de los recorridos o se efectuaban
con menos vehículos que los estipulados.
“Esta presentación ante la Justicia se produce
en el marco de una política de regularización de todas las situaciones
administrativas y los procesos de contratación para la compra de bienes y
servicios, de acuerdo a las necesidades de la comunidad educativa y en pos de
mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas bonaerenses”, informaron
desde la cartera que conduce Gabriel Sánchez Zinny.