La ley de Responsabilidad Fiscal fue promulgada el 7 de diciembre. A partir de ahí, los municipios, a través del Concejo, pueden adherir a la misma. Los que lo hicieron, los que no y los que lo harán. Las diferencias entre oficialistas y opositores. ¿Cómo puede incidir en el futuro de los municipios en cuanto a tomar deudas y obras?
El juego del
pacto fiscal: los distritos que firmaron, los que no y la áspera rosca política
detrás
Si existiera
la posibilidad de hacer una gran foto con la presencia de la gobernadora María
Eugenia Vidal, sus ministros y cada uno de los 135 intendentes, bajo el título
“La Provincia y la totalidad de los municipios firmaron el Pacto Fiscal”,
seguro se haría, o, al menos, se intentaría. Por estas horas es el gran
objetivo de la administración bonaerense.
Con diversos
métodos, desde el Ejecutivo se busca casi de manera desesperada que los jefes
comunales, del color político que sean, estampen la rúbrica cuanto antes (la
ley fue promulgada el 7 de diciembre). “Se muestran insistentes, a veces
demasiado”, se queja un peronista del interior que todavía no firmó y que, por
el momento, no piensa hacerlo.
Por
supuesto, para las comunas lideradas por Cambiemos y con el Concejo Deliberante
con mayoría propia, el asunto es un mero trámite. Les guste o no lo que están
firmando, los alcaldes adhieren sin condicionamiento alguno. “Hay que acompañar
las políticas del Gobierno”, coinciden, palabras más, palabras menos.
“Estamos convencidos que en un municipio con
una buena administración y con equilibrio económico y financiero, nos
beneficiamos todos”, expresaron desde la bancada de Cambiemos de Lezama, para
alegría del jefe comunal, Arnaldo Harispe.
Minutos
después llegaría la adhesión, a pesar del voto negativo de Unidad Ciudadana.
“Nos ayuda a todos ir marcando algunos límites
de gastos”, señaló, en tanto, el jefe comunal de Pergamino, Javier Martínez
(Pro), y agregó que “se puede interpretar que nos recorta alguna función como
intendentes, pero, en definitiva, nos debemos a la gente, y la normativa, lo
que tiende a proteger es a las arcas públicas, así que estoy conforme”.
Por eso de
ser orgánicos es que el número es tan contundente. Apenas unos meses después de
aprobada la iniciativa en la Legislatura, de los 68 distritos liderados por
Cambiemos, adhirieron cincuenta y ocho y, según confían en el entorno del
ministro de Economía, Hernán Lacunza, ocho de los diez que aún no dieron el sí
se plegarán en la primera sesión del Concejo de este 2018.
En tanto,
los restantes dos oficialistas que aún no acataron son Tandil y Coronel
Rosales. En el primero de los casos, el del intendente Miguel Lunghi, pese a
que algunos actores locales señalaban que “el viejo caudillo no va a adherir”,
sólo falta el ok del deliberativo. Y en el segundo, el proyecto está trabado en
el Concejo. “Estamos peleando el tratamiento, somos minoría”, comentó el
intendente Mariano Uset.
Muy distinta
es la situación de los municipios opositores, sobre todo los kirchneristas más
duros. Estos señalan que no van a plegarse por nada del mundo. En este grupo
entran Ensenada, liderada por Mario Secco; Avellaneda, por Jorge Ferraresi; y
Pehuajó, por Pablo Zurro. No importa demasiado la letra del pacto, lo que vale
es negarse. Claro, hay que tener espaldas anchas.
“Nada de Pacto Fiscal; la mentirosa esa (por
Vidal) no me dio ni un litro de nafta para los patrulleros, ni un sólo peso
para las escuelas. Ensenada mantiene la seguridad, la salud y la educación con
recursos propios. Que venga y se siente conmigo a ver las cuentas. Que venga a
ver el superávit de este municipio”, dijo un furioso Secco, al ser consultado
al respecto.
“No vamos por el camino del Pacto Fiscal que
propone el Gobierno provincial. Al contrario, vamos a invertir, somos un Estado
presente”, señaló, por su parte, Ferraresi, al tiempo que, de la mano de la
expresidenta Cristina Fernández, allá por el mes de diciembre, anunciaba un
aumento del 30 por ciento para los trabajadores municipales.
Pero la
postura de los K no es la que predomina en el justicialismo. Los distritos que
ya adhirieron lo hicieron, según dicen, porque no les quedó alternativa; aunque
hay otros, contados con los dedos de una mano, que adhirieron porque quisieron
hacerlo. Aseguran que los problemas económicos a nivel local los llevaron a
acercarse a Provincia a pedir una mano, y que a cambio les solicitaron sumarse
al pacto.
“Ni siquiera había pensado en firmar, pero
necesitaba plata para pagar el medio aguinaldo de diciembre”, contó a este
medio un peronista del interior, y agregó que “a cambio de la adhesión apenas
les pude sacar un adelanto de copa (Coparticipación), por lo que la alegría no
me va a durar mucho y me quedé sin la posibilidad de negociar, como hacen otros
intendentes”.
En tanto,
otro que no firmó pero está a punto de hacerlo comentó que “me tienen agarrado
de los h…..”. Y añadió, en off, que le habilitaron tiempo atrás un importante
endeudamiento para adquirir maquinaria destinada a los caminos rurales, pero
que ahora, “de buenas a primeras me encontré con que estaba trabado. Me la veía
venir, si pongo el gancho se destraba al toque”, completó el alcalde.
En otra
situación están los peronistas sin “deudas” con la Provincia. Se sienten
fuertes, cómodos, y resaltan que “ellos (por la Provincia) son los que se
muestran muy necesitados de firmar con nosotros”.
“Vamos a esperar a ver qué tienen para
ofrecer, no hay apuro”, afirma uno de los alcaldes que se juntaron hace algunas
semanas en los pagos de San Antonio de Areco. Estuvieron también las
principales autoridades del PJ, los intendentes más cercanos a Cristina y un
grupo grande de mandatarios del interior. “Se ha consensuado entre jefes
comunales, legisladores de ambos bloques -senadores y diputados- y autoridades partidarias,
que en los primeros días de abril se presentarán iniciativas parlamentarias
intentando llegar a una solución respecto del denominado Pacto Fiscal”, expre
só Francisco Durañona en un comunicado.
“Las mismas estarán relacionadas con la necesidad
de limitar constitucionalmente la capacidad de endeudamiento provincial, del
mismo modo que se exige a los municipios; modificar la actual ley de
Responsabilidad Fiscal en aquellos aspectos que puedan vulnerar la autonomía
municipal; y, por último, rediscutir el porcentaje de coparticipación destinado
a las comunas”, indicó el intendente anfitrión.
Muy
contundentes los pedidos y los reclamos, pero todos y cada uno de los presentes
en el encuentro tenían y tienen bien en claro que es prácticamente imposible
que la Provincia dé el brazo a torcer. De todos modos, a sabiendas de la
“desesperación” del ministro Lacunza y su equipo para que todos firmen,
entienden que pueden conseguir algo, aunque sea medio Fondo de Infraestructura
Municipal, o sea, financiamiento para obra pública de menor talla.
Planilla en
mano hay que decir que, de los cincuenta y un municipios que gobierna el
peronismo porque en 2015 ganó la elección de la mano del Frente para la
Victoria, apenas adhirieron doce, seis lo harían en la venidera sesión, y los
restantes treinta y tres, por ahora, se niegan o resisten. En tanto, los
massistas están repartidos: cinco firmaron, cuatro no y el restante está
previsto que lo haga la semana que viene.
A todo esto,
más allá del juego político que conlleva, ¿qué es el Pacto Fiscal? La nueva ley
de Responsabilidad Fiscal Municipal, que si bien es optativa para cada
municipio y habilitada por cada Concejo, tendrá privilegios para aquellos jefes
comunales que accedan y logren cerrar sus números. Por supuesto, no todo es
color de rosa.
Entre los
beneficios que pueden lograr los intendentes se encuentra la posibilidad de
acceso a nuevos créditos con organismos internacionales y pedir asistencia
financiera provincial para el desarrollo de obra pública, por ejemplo. Además,
la Provincia se compromete para acompañar al municipio para pedir asistencia a
la Nación en forma de adelanto de Fondos del Tesoro Nacional. También recibirán
pronta ayuda en caso de sequía o inundación.
“Si no firmás el pacto, el Municipio no puede
endeudarse y no habrá acompañamiento de la Provincia en las obras”, afirmó el
jefe comunal de Monte Hermoso, Marcos Fernández, y añadió que “perdimos el
Fondo de Infraestructura, que para Monte significa 20 millones. Tampoco tenemos
el Fondo Educativo, y recibimos un menor porcentaje de coparticipación”.
Igualmente, por ahora, no tiene intenciones de firmar.
Entre los
asuntos que hacen dudar a propios y extraños, los considerados nocivos en caso
de que se estampe la firma y que llevan a los kirchneristas a decir que las
comunas pierden autonomía, se cuenta el “consejo” para que el gasto corriente
no crezca más que la inflación, que la planta de personal no crezca más que la
población (uno por ciento anual) y que la deuda tenga un límite razonable (del
8%) relacionado con sus recursos corrientes, entre otros.
Aunque
parezca un tema más económico-financiero que político, se impone la política.
Tironeos, favores, devolución de favores, advertencias, extorsiones y aprietes
saltan a la cancha en el juego del Pacto Fiscal, en el que, por supuesto,
juegan todos: los que firmaron, los que firmarán y los que no lo harán. Todavía
no es momento para hablar de ganadores y perdedores, pero lo seguro es que
quien pone las reglas es Vidal.
La Tecla