La dura
sequía que desde octubre pasado derrumbó los rindes y afectó la calidad de los
cultivos de soja, maíz y girasol a lo largo de unas 13 millones de hectáreas en
la provincia, a lo que hay que sumar una caída importante en la producción de
carne, está tendiendo efectos perjudiciales en la economía de las poblaciones
del interior bonaerense que están directamente asociadas a los resultados que
obtenga el agro.
"Si se
para el campo, acá pierden todos" suele ser el lugar común con el que se
describe el
vínculo de dependencia entre la producción agropecuaria y el
universo de bienes y servicios que se mueven a su ritmo. Los economistas lo
llaman la "cadena comercial" y consiste, por ejemplo, en los fletes
que debe contratar un productor para transportar sus productos, que a su vez se
multiplican en sueldos de choferes, ventas de gasoil, de neumáticos y de
repuestos.
Si esa
"plata en la calle" da buena parte de la tónica económica en el
interior, en este semestre el panorama luce sombrío. La reducción del 60% en el
promedio de las precipitaciones entre octubre y febrero que registró el
ministerio de Agroindustria en el 70% de las hectáreas cultivables produjo un reducción
de entre 10 y 12 millones de toneladas de granos de la producción total
prevista de 44 millones, según publicó hoy el diario Extra, que edita agencia
DIB.
Para la
cadena comercial el impacto es de al menos 733 millones de dólares, unos 15.026
millones de pesos que faltarán de los 54 distritos que están afectados de
manera principal, según una estimación de Carbap. Ese impacto ya tiene lugar,
por el efecto de la falta de agua en los
cultivos de soja, maíz y, en menor medida porque es más resistente el girasol.
Se trata de la cosecha gruesa que por la época del año en que se dio el
fenómeno climático es la que resultó afectada.
Desde el
punto de vista técnico, el impacto en la economía de los pueblos se replica en
los fiscos, nacional y provincial, que dejan de percibir impuestos y derechos
de exportación por otros 733 millones y por los productores ?las personas
físicas y las empresas- que pierden ingresos por un monto similar, parte de los
cuáles también se canalizan a las economías locales.
Más difícil
El impacto
en la ganadería es más difícil de estimar, ya que se trata de calcular, entre
otras cuestiones, cuántos terneros menos nacerán producto de la mala
alimentación de las vacas debido a los pastos ralos producto de las pocas lluvias.
Pero ya se sabe que en la Provincia ?que dedica 15 millones de hectáreas a esa
actividad- el stress hídrico que afectó a buena parte de las 20 millones de
cabezas existentes implica retirar de la cadena comercial unos 2.050 millones
de pesos o 100 millones de dólares.
A diferencia
de lo que ocurre con la agricultura, el impacto aquí está secuenciado: parte de
él se dará en la primavera, cuando baje el nivel de pariciones previstas para
esa fecha. En términos comerciales, en la provincia habría una caída de
producción de 120 mil toneladas, lo que primero contribuiría a hacer descender
los precios ya que derivó en una reducción del peso de faena y, hacia 2019 los
elevaría.
Ayuda actual, discusión futura
El jueves
próximo a las 10:30 en La Plata volverá a reunirse la Comisión de Emergencia y
Desastre Agropecuario (CEDABA) de la provincia, algo que no ocurría desde el 31
de enero. En ese período se produjo lo más duro de la sequía, pero en un marco
de tensión entre la gobernadora María Eugenia Vidal y la dirigencia ruralista,
el organismo, encargado de tramitar los pedidos de emergencia que cursan los
productores, no tuvo actividad.
Ahora, tras
el reacercamiento que se produjo en la reunión de la Mesa Agropecuaria de hace
dos semanas, el gobierno se apresta a avanzar con la declaración de emergencia
para los distritos de Adolfo Alsina, Alberti, Bahía Blanca, Bolívar, Bragado,
Cañuelas, Castelli, Coronel Suárez, Daireaux, General Alvear, Belgrano, Guaminí,
Junín, Navarro, 9 de Julio, Olavarría, Pergamino, Puán, Ramallo, Saavedra,
Saladillo, Torquinst y 25 de Mayo.
Esa lista,
que puede ampliarse en las próximas horas, forma parte de esquema de contención
del impacto entre los ruralistas más inmediato. El ruralismo pide que se
complemente con la vuelta a las reuniones mensuales o incluso quincenales de al
CEDABA, aunque reconoce que el Banco Provincia "hizo punta" en la
asistencia a los productores flexibilizando el otorgamiento de créditos a tasa
subsidiada.
Pero al
mismo tiempo, desde hace unos meses el gobierno trabaja en un nuevo sistema de atención de las emergencias
que reemplace el esquema de prórrogas impositivas y subsidios para avanzar en
un modelo inspirado en el que rige en Australia y Estados Unidos, basado en
seguros paramétricos y fondos rotatorios. El proceso, de todos modos, es muy
lento. Una idea que el ruralismo rechaza es la de utilizar los CUIT de los
productores a la hora de definir las emergencias. La atribuyen al ministerio de
Economía, que conduce Hernán Lacunza.
