“La
situación de los doce vecinos detenidos el día viernes 9 de febrero por ejercer
su derecho a la protesta que se llevaba a cabo en la intersección de las rutas
5 y 50 es extremadamente grave.
De los
vecinos detenidos ese día, solo dos recuperaron su libertad por falta de
mérito, por lo que actualmente continúan detenidos 10 en la alcaldía 49 de Junín.
Las
condiciones de detención en esta alcaldía son muy malas y alarmantes, se ven
obligados a dormir en el piso desde su detención, reciben comida una sola vez
al día y sus familiares recién pudieron visitarlos el miércoles por la mañana.
A casi una
semana de su detención el Juez Federal que entiende en la causa Dr. Héctor Pedro Plou aún no dictó el auto de
procesamiento, por lo que aún no están
imputados de ningún delito pero siguen detenidos.
Las figuras
penales que se leen en el expediente son:
. Entorpecimiento del transporte terrestre
. Privación ilegítima de la libertad agravada
por amenazas.
. Daño agravado por ser en poblado y en
banda.
. Tentativa de homicidio con dolo eventual
agravado
. Desobediencia a la autoridad.
Por su parte
la defensa presentó un pedido de excarcelación que deberá resolver el juez
mañana, de ser denegado serán trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal 4
de Santa Rosa.
La denuncia
fue hecha por el diputado de Cambiemos Mauricio Vivani de 9 de Julio y se les atribuyen
hechos de violencia que no están probados y solo fueron pregonados por medios
oficialistas y algunos interesados en que todos creamos que nuestros vecinos
son violentos e irracionales, haciendo perder de vista el verdadero motivo de
la protesta.
La mayoría
de nosotros conocemos a uno o varios de los transportistas que hoy están
sufriendo este atropello judicial y sabemos que
son vecinos trabajadores que estaban reclamando por una tarifa de referencia que les permita viajar y
mantener a sus familias con dignidad.
Desde el
punto de vista legal esto es una violación y un avasallamiento de sus derechos, una muestra más de la
precariedad en la que se encuentra el estado de derecho desde que asumió este
gobierno.
En síntesis,
una situación de angustia extrema para los detenidos y sus familias y debiera
serlo para toda la comunidad de Carlos Casares.
No se ha
escuchado de parte de nadie: autoridades, compañeros, organizaciones civiles,
sociales o políticas el más mínimo gesto de solidaridad o acompañamiento a las
familias de los que hoy sufren cárcel, decomiso de sus herramientas de trabajo
y privaciones. Y los más importante darnos cuenta que todos estamos a merced de
ser vulnerados en nuestra libertad y nuestros derechos, hoy fueron ellos mañana
puede ser cualquiera.
Por eso,
manifiesto mi solidaridad con los detenidos. No hay ningún derecho para que un
modelo económico se sustente en el miedo y la represión a las demandas
ciudadanas, una metodología semejante solo redundará en más conflicto social y
más enfrentamiento".
Gisela
Valente familiar de Cristian Valente uno de los chicos detenidos. “estamos
desesperados hoy los trasladarian a una unidad de Buenos Aires ellos realmente
no hicieron daño a nadie”
