Fue
detenido en horas de la mañana a partir de una denuncia por presunta
defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos
y administración fraudulenta de fondos
públicos nacionales, provinciales y municipales. Se trata de terrenos linderos
al barrio conocido como “La Feria”. Según el expediente judicial, el hecho se
produjo el 3 de octubre de 2013. En la causa, además, está implicado Roberto
Freston, quien fue el director de Caminos del municipio durante la gestión de
Fernández.
La causa
incluye también los delitos de cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento
ilícito, que investiga el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de
Instrucción (UFI) 2 de Junín.
La Justicia
ordenó la inhibición general de bienes de Jorge Fernández (FpV), ex intendente
de Lincoln, y los de Roberto Freston, su director de Caminos por una causa
enmarcada en el delito de usurpación de terrenos, tras una denuncia realizada
por quien sería dueño de esas propiedades y denunciante, Jorge Omar
Aguirrezabala, tras un hecho ocurrido el 3 de octubre de 2013.
También
fueron detenidos por orden del fiscal de Junín, Javier Ochaizpuro, los ex
funcionarios Walter Fernández (ex contador general), Mario Ruiz (ex secretario
de Gobierno y Silvia Mazaitez (ex empleada de Tesorería).
Las tierras
son linderas al actual barrio “La Feria”, con una superficie que sobrepasa las
siete hectáreas, donde tras la denuncia de su propietario fue frenado el
accionar.
Según el
expediente judicial “el Ministerio Público Fiscal sostiene que existen elementos
suficientes e indicios vehementes de la comisión del delito de usurpación por
turbación, previsto y penado en el art. 181 inc. 3 del Código Penal, y motivos
bastantes para sospechar que Jorge Abel Fernández y Roberto Alfredo Freston
resultan ser autores del mismo”.
Fuentes del
caso, Fernández habría ordenado la acción y Freston como director de caminos a
cargo de las motoniveladoras habría tomado los terrenos y nivelado el terreno.
Según se informó
de manera extra oficial, es por una causa en la que se investiga una presunta
defraudación a la administración pública; malversación de caudales públicos;
administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y
municipales; cohecho; asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Vale
destacar que la causa la llevaba adelante el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la
mencionada Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2, acompañado de
investigadores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos
Económicos (UIDE) de la Procuración bonaerense.
Todos los
detenidos, tuvieron una multa del Tribunal de Cuentas del 2016 sobre el
ejercicio del 2011 por 8 millones de pesos.
El fallo del
Tribunal de Cuentas deja al descubierto, entre otras cosas, la adquisición de
bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio;
facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y
los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP.
Fuentes:
Democracia, La Tecla y La Noticia 1
