Cerca de las
8 de la mañana de hoy jueves, la Secretaria administrativa del Colegio Juan
XXIII recibió un llamado telefónico, con mucha interferencia donde solo se alcanzó
a escuchar la palabra bomba, segundos más tardes, un nuevo llamado donde decían
que había una bomba y que iban a explotar todas y seguidamente un tercer
llamado donde solo había silencio.
Ante ello
las autoridades del colegio alertaron a los docentes del hecho y entre todos
hicieron la evacuación del edificio. También siguieron el protocolo
correspondiente, avisaron a sus superiores y dieron intervención a la policía quienes
convocaron a Bomberos de Policía de Pehuajó
y grupo antiexplosivos los que rápidamente viajaron hacia Casares.
El edificio
quedo perimetrado y la policía realizo la tarea de investigar si existía algún elemento
explosivo. La tarea no fue sencilla ya que los alumnos salieron del edificio
hacia la plaza pero dejaron las mochilas, las que también debieron ser
revisadas a modo preventivo.
Cuando la
tarea se estaba cumplimentando, padres de alumnos responsables de este delito,
sí delito, aunque se le suele decir “broma de adolescente”, hablaron con las
autoridades del colegio para señalarles que habían sido sus hijos quienes habían
realizado las llamadas diciendo que había una bomba.
La policía notificada
del hecho prosiguió con el cauce normal del procedimiento.
Ahora habrá que
ver qué medidas adoptan las autoridades del juan XXIII para con estos chicos.
Si bien a lo
acontecido lo toman como una “bromo”, no lo es, éste tipo de intimidaciones
tienen una pena que va de 2 a 6 años, depende el lugar donde ocurra la movilización
del personal, ya sea bomberos, ambulancia, escuadrón antiexplosivos, etc., etc.,
al Estado le cuesta entre 25 mil y 100 mil pesos y en los últimos meses han
debido a acudir a más de 3 mil hechos de estas características. Dinero que podría
ser utilizado para cualquier otra cosa.
Este tipo de
hechos deberían ser castigados económicamente, cosa que no le queden más ganas
de andar haciendo “bromitas”.
