miércoles, 19 de abril de 2017

Concejales del bloque 8 de Enero piden a Torchio que deje de “firmar con su nombre” móviles y cartelería de la vía publica

En línea con lo planteado por legisladores oficialistas y el propio Gobierno Provincial, el Bloque de Concejales “8 de Enero” presento un proyecto de ordenanza donde le solicitan al intendente Walter Torchio que se abstenga de usar el nombre propio en el ploteo de innumerables automotores y rodados pertenecientes al municipio, como así también la propaganda en variadísima cartelería existente en la vía pública o propaganda que se utiliza en actos de gobierno y/o campañas de programas oficiales que se difunden ya sea por medios gráficos, radiales, audiovisuales y/o electrónicos.

 
La argumentación del proyecto


Los argumentos del proyecto de ordenanza presentado por los concejales del Bloque “8 de Enero” señalan “Que resulta de público y notorio conocimiento la creciente propaganda política de la gestión municipal y particularmente  el uso del nombre propio del actual Intendente que se evidencia en el continuo ploteo de innumerables automotores y rodados pertenecientes al municipio (automóviles de guardia urbana, barredora municipal, ambulancias, vehículos oficiales destinados a diversos usos, etc.), como así también la propaganda en variadísima cartelería existente en la vía pública (entre ellas la señalización de tránsito) o propaganda que se utiliza en actos de gobierno y/o campañas de programas oficiales que se difunden ya sea por medios gráficos, radiales, audiovisuales y/o electrónicos”.
También destacan que la propaganda también comprende el uso de logos y colores determinados que no se corresponden con símbolos oficiales de nuestro municipio, que se estampan en  vestimenta y diversos elementos de trabajo del personal de distintas áreas municipales.
Dicha propaganda política, resalta la argumentación,  se financia mediante el uso de recursos públicos aportados con el esfuerzo de todos los ciudadanos casarenses a través del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como asimismo de los recursos provenientes de la administración provincial y/o nacional que se otorgan a fin de articular y concretar políticas públicas locales”.

No mal gastar los recursos publico


El proyecto señala que actualmente no existe control ciudadano ni administrativo alguno en relación a las sumas utilizadas por la administración municipal para propaganda política en el distrito de Carlos Casares, desconociéndose los montos destinados a ese fin, los cuales podrían invertirse en otras problemáticas locales que requieren urgente atención y solución.
Por otro lado destaca que quienes se encuentran a cargo de la administración municipal, tienen el deber inexcusable de velar por el cuidado y uso razonable de los recursos públicos de todos los casarenses y le solicita al Ejecutivo que interrumpa inmediatamente el uso de dinero público en propaganda política.
Teniendo en cuanta los argumentos planteados, el alma del proyecto insta al Intendente Walter Torchio a que se abstenga en forma inmediata destinar fondos públicos para la realización de propaganda política y/o utilización de símbolos y/o logos que no resulten oficiales y le solicita además que informe los montos destinados a propaganda política en el transcurso de los años 2011 a 2017 inclusive.

Trabajan en una ley provincial


Legisladores provinciales del oficialismo y del Frente Renovador salieron a mover proyectos de ley que apuntan a prohibir que los intendentes puedan “firmar” con sus nombres móviles policiales u otros bienes públicos.
Las iniciativas se sumaron a la polémica que se inició el lunes pasado, cuando trascendió que la jefa comunal de La Matanza Verónica Magario había ordenado “plotear” con su nombre y apellido unos cuarenta móviles adquiridos con fondos municipales para reforzar el patrullaje en ese distrito.
El de La Matanza, con todo, no es el único caso, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, también “firmó” móviles, en este caso ambulancias. La polémica también incluyó al distrito de Moreno, donde gobierno otro peronista, Walter Festa, que puso su nombre en patrullas, y a Vicente López, donde el intendente oficialista Jorge Macri ploteó móviles de atención veterinaria con su nombre y apellido.
En ese marco, el diputado provincial del Frente Renovador Pablo Garate presentó un proyecto de ley para prohibir la colocación de los nombres de intendentes y gobernadores en bienes del Estado. La limitación también abarca a “todo tipo de publicidad que se realice, tanto por los medios de comunicación social o comunicación gubernamental alternativa”.

En tanto, el diputado de Cambiemos Guillermo Castello dijo que viene trabajando en un proyecto para que la Provincia adhiera a una ley nacional “que tiene como objetivo poner sanciones a los intendentes que utilizan la propiedad pública”.