Una entidad radicada en nuestra ciudad, denominada Cooperativa Obrera “General Pinto”, aparece en una causa que trata de establecer si hubo “irregularidades en la entrega de los subsidios” por parte de la Provincia, durante la gestión de Daniel Scioli. La denuncia fue reflejada en el diario Clarín.
Una denuncia
por supuestas irregularidades en la entrega de los subsidios puso en el tapete
a la Cooperativa Obrera “General Pinto”, que, más allá de su
nombre, tiene
domicilio en la ciudad de Lincoln.
Según
detalló el periódico de alcance nacional Clarín, “una investigación sacude a
funcionarios de la gestión de Daniel Scioli, en el marco de un a causa sobre
supuesto lavado de dinero que impulsa la diputada Elisa Carrió. Están bajo
sospecha de la Justicia $8.550.000 que habían sido entregados a través de dos
decretos en 2009 y 2010 a diez cooperativas de la provincia que debían realizar
trabajos de reparación y construcción en diferentes municipios”.
“El fiscal
Álvaro Garganta detectó todo tipo de irregularidades en la entrega de los
subsidios y, sobre todo, en las compras que debían llevar adelante las
cooperativas con los fondos que recibían en el marco del programa llamado
‘Soluciones Ya’”, informó el matutino.
“El fiscal
se apoyó en un informe del Tribunal de Cuentas de la provincia de 2010 que ya
había detectado irregularidades. Allí se informaba que los montos que recibían
las cooperativas -que iban de los $450.000 a los $1.410.000-, debían ser
destinados a la adquisición de materiales y herramientas para efectuar obras”,
agregó.
“Todas ellas
fueron realizadas en su mayoría en los mismos proveedores de la ciudad de La
Plata, con facturas correlativas, presupuestando los mismos materiales,
constatándose, incluso, que (las cooperativas) habían sido constituidas apenas
unos meses antes del otorgamiento del subsidio”, sostiene Clarín.
El caso de Lincoln
“Uno de los
casos que llamó la atención fue el de la cooperativa Obrera ‘General Pinto’,
radicada en Lincoln. A pesar de estar a 320 kilómetros de La Plata realizaba
todas las compras de materiales en la ferretería ‘Magaro SA’, ubicada en la
capital de la provincia. Incluso adquiría bolsas de arena en ese lugar
incrementando los gastos de traslado. La Justicia sospecha que esas compras
nunca se habrían hecho y que la ferretería funcionaba como una pantalla para
justificar los gastos”, reveló el informe.
En ese
contexto añadió: “Incluso los listados de elementos a comprar que presentaron
ante el Estado eran idénticos, a pesar de que las cooperativas se dedicaban a
diferentes rubros. Adquirían la misma cantidad de tornillos, lijas y hasta
grifería. ‘Eso era un indicio de que esos presupuestos no eran reales’, había
detallado un testigo que declaró en la causa”.
“Con todas
estas pruebas, el fiscal le pidió a la jueza Marcela Garmendia, a cargo del
Juzgado de Garantías Nº 5 de La Plata, que le permitiera allanar las
ferreterías ‘Magaro’ -que concentraba el 90% de las ventas- y ‘RV’, en La
Plata”, señaló Clarín. Y agregó: “Los allanamientos se hicieron el viernes 23
de septiembre. En ‘Magaro SA’ se llevaron la mayor sorpresa. En una caja encontraron
un expediente original del otorgamiento de subsidios a las cooperativas que
había desaparecido del ministerio de Producción. No pudieron explicar qué hacía
ahí. Además encontraron anotaciones con el mail personal de Rodolfo Iriart,
actual diputado provincial, quien en ese momento se desempeñaba como director
de Subsidios y Subvenciones en la Jefatura de Gabinete: era el encargado de
decidir a qué cooperativa se le entregaban los fondos. Ahora, la Justicia
quiere hacer un entrecruzamiento de llamados entre el teléfono de Iriart y el
de ‘Magaro SA’, para determinar hasta qué punto estaban vinculados.
Una defensa
Clarín
aseguró que consultó a quienes estuvieron a cargo del programa “Soluciones Ya”,
quienes dijeron que “las cooperativas existían y que hicieron las obras que se
les adjudicaron. Y agregaron que ellos no intervenían en las compras que
realizaban”.
