La Comisión
Provincial por la Memoria (CPM) se reunió ayer con la gobernadora de la
provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien destacó el trabajo del
organismo en la defensa de los derechos humanos. La comitiva, encabezada por
sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, le entregó
personalmente el décimo informe anual sobre el sistema de encierro y políticas
de seguridad, y solicitó nuevamente el
Durante la
reunión con María Eugenia Vidal, la Comisión Provincial por la Memoria expuso
las conclusiones del Informe Anual 2016 en donde se advierte una vez más sobre
el agravamiento de las condiciones de encierro y el colapso del sistema penal:
las cárceles están sobrepobladas, presentan altos índices de hacinamiento y es
sistemática la práctica de la tortura. A esto se suma el incremento de las
prácticas arbitrarias e ilegales de las fuerzas de seguridad en su estrategia
de saturación territorial.
Las graves
violaciones a los derechos humanos que se desprenden de esta política punitiva
obligan al Estado a implementar, de manera urgente, políticas públicas que
reviertan este estado de situación. En ese sentido, los miembros de la CPM
requirieron el acompañamiento de la gestión actual para la aprobación de la ley
donde se designa al organismo como mecanismo provincial de prevención de la
tortura, ya que su creación es una deuda pendiente de gran relevancia en la
lucha por el mejoramiento de las condiciones del sistema de encierro.
Con la
premisa de lograr cambios estructurales en las políticas de seguridad y
penitenciarias, el organismo insistió en la necesidad de cambiar la orientación
de la política criminal que persigue y encarcela a los sectores pobres de la
sociedad que intervienen en las cadenas más débiles del delito. En ese marco,
la CPM también planteó la urgencia de bajar los índices de prisionización pues
de lo contrario el hacinamiento en las cárceles seguirá en aumento sin que esto
signifique una disminución del delito y la inseguridad.
Por otro
lado, el organismo insistió en el pedido de desplazamiento del cargo del actual
jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, imputado en una causa de
corrupción en curso por irregularidades en la compra de alimentos en el
Servicio Penitenciario Federal cuando se desempeñaba como auditor. Al mismo
tiempo, solicitó que se disponga una auditoría externa para revisar las compras
de alimentos que están en curso en la Provincia con el fin de transparentar
este procedimiento.
Tras la
presentación de las conclusiones por parte de los miembros del organismo, la
gobernadora agradeció el aporte del Informe para la discusión de políticas
públicas en materia de seguridad, valoró la labor de la CPM como organismo de
control y monitoreo de los lugares de encierro, se comprometió a gestionar la
aprobación del proyecto de mecanismo y adelantó que en los próximos días se
presentará un proyecto de reforma estructural del SPB.
En ese
sentido, si bien se remarcó que aún están pendientes estos cambios, la CPM
señaló que ha sido un gran avance separación de asuntos internos del SPB y el
accionar que lleva adelante la Auditoría de asuntos internos del Ministerio de
Seguridad.
Finalmente,
la gobernadora María Eugenia Vidal destacó todas las tareas desarrolladas por
la CPM en la promoción y defensa de los derechos humanos, y valoró
particularmente la experiencia del programa Jóvenes y Memoria que, desde hace
15 años, reúne a miles de jóvenes de escuelas y organizaciones sociales,
políticas y culturales de la Provincia.
