Waldo
Vera, principal involucrado en el fraude a la obra social bonaerense por
“cheques voladores”, seguirá preso. Los ardides utilizados para la maniobra
delictiva. Los vínculos del detenido con el gremio UPCN
La
corrupción orquestada por el kirchnerismo en el Instituto de Obra Médico
Asistencial (IOMA) durante sus doce años de gobierno comienza a tener, en estos
tiempos, resoluciones en el ámbito judicial, quedando así en
evidencia cómo
desde lo más alto del poder se utilizó a la obra social bonaerense,
transformándola en una de sus principales cajas políticas.
La sala de
Feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata,
integrada por los jueces Alejandro Villordo, Ricardo Szelagowski y Silvia
Oyhamburu, rechazó el planteo de Waldo Edgardo Vera, el principal imputado por
la estafa efectuada al instituto provincial a través de cheques falsos, y
confirmó su prisión preventiva.
De esta manera,
Vera, un exempleado administrativo de IOMA, está detenido por el delito de
“peculado”, es decir malversación de fondos públicos, y por falsificar y
quedarse con 1.740.000 pesos a través de diversos cheques falsos, aunque, según
investigadores de la DDI de La Plata, la maniobra incluía cobrar ilícitamente a
través de la obra social una suma superior a los seis millones de pesos. Todo a
través de la financiera que conducía Guillermo Greppi, un hombre ligado al
excandidato a vicepresidente por el Frente para la Victoria, Carlos Zannini.
La
operatoria ilegal quedó al descubierto luego de una denuncia presentada por la
Asociación de Profesionales del IOMA (Apioma), que conduce Idelmar Seillant,
quien desde hace años viene luchando valerosamente para acabar con uno de los
principales nidos de la corrupción política, que ha generado que muchas
campañas se hayan “bancado” con el dinero sucio de la corrupción.
Corrupción al extremo
Tan grave es
la situación por la que Vera se encuentra detenido, que en la investigación
judicial se deja sentado que el dinero que el exempleado de IOMA se quedó como
propio estaba destinado a la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y
Reanimación (Amaar), a la cual el instituto le pagaba por anestesias, lugar al
que esas sumas jamás llegaron.
Vera no se
encontraba solo en este circuito prohibido. Según denunció Apioma, el detenido
“forma parte de las filas de UPCN y nosotros los acusamos por la falsificación
de cheques y el cobro de peajes dentro de la obra social. Él es solo una parte
del entramado. Por encima, estaban Alejandro Fernández, exdirector general de
Administración (DGA), y Bernardo Rodríguez, exdirector de Finanzas de IOMA, que
reportaban directamente a Antonio La Scaleia, extitular de la obra social en la
era Scioli”.
El imputado
estaría vinculado íntimamente a la conducción del gremio UPCN que encabezan
Carlos Teodoro Quintana y Héctor Nieves, quienes, con la venia de La Scaleia,
habrían montado todo un artilugio sombrío para quedarse con dinero que provenía
de la Provincia para cuidar a los más de 14 millones de bonaerenses.
El
exadministrativo de la obra social no es el único imputado en la causa que se
investiga en Delitos Complejos. Junto a él figuran cuatro sujetos, todos
ellos acusados de participación y
encubrimiento: Leandro Rodolfo
Pulvirenti, Leonardo Alberto Araujo, Sergio Hernán Godoy y Juan Carlos Moreira.
Tras años de
encubrimiento oficial por parte del gobierno sciolista, la administración de
María Eugenia Vidal ha decidido investigar a fondo la corrupción en IOMA,
denunciando en la Justicia la descomposición que sufrió el instituto en los
últimos años, lo que hizo que se transformara en una “caja de pandora” que
puede hacer estallar al kirchnerismo por los aires.
Un organismo público salpicado por múltiples denuncias de corrupción
La llegada
de Cambiemos al mando del gobierno bonaerense abrió la puerta para que las
múltiples denuncias, que antes eran tapadas por el poder político K, hayan
comenzado a salir a la luz y tengan un fuerte impulso en la Justicia.
Las nuevas
autoridades de IOMA, encabezadas por Sergio Cassinotti, establecieron que en
los ocho años de sciolismo hubo manejos administrativos y financieros
relacionados con sobreprecios, facturaciones apócrifas y desvíos en las prestaciones
por casi $1.500 millones.
Además, la
primera auditoría realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal incluye
maniobras delictivas en ocho ítems diferentes, como lo son medicamentos,
internaciones domiciliarias, prótesis, atención en clínicas, compra de
computadoras que no ingresaron al instituto y hasta tratamiento de personas
fallecidas.
A esto se le
suma la denuncia que investiga el turbio manejo con cheques falsos, que llevó a
que desde el propio organismo se dijera que el mismo “solo pudo llevarse a cabo
por la falta de controles cruzados, a la vez que queda manifiesta la cobertura
política de quienes gestionaban el estado provincial en los planos más altos de
decisión”.
Los nombres de los implicados en el desfalco
Antonio La Scaleia: Durante su gestión
al mando de IOMA se cometieron todo tipo de ilegalidades, que le costaron
cientos de millones de pesos al Estado bonaerense
Carlos Quintana: Su complicidad a
través de la conducción del gremio UPCN con la corrupción ocurrida en la obra
social lo puso en la mira de la Justicia
Héctor Nieves: Mano derecha de
Quintana, fue uno de los artífices para la protección jurídica y política de
los implicados en la estafa al Instituto
Guillermo
Greppi: A través de la “cueva financiera” que comandaba, se lavaba el dinero
sucio que venía de los ilícitos que se realizaban en IOMA
Daniel
Scioli: Su inacción y pasividad permitieron que, bajo su administración, la
obra social pasara por el peor momento económico de su historia
Fuertes lazos con el poder K
Waldo Vera,
a quien ayer se le confirmó la prisión preventiva por la causa de los cheques
falsos usados para producir un desfalco en IOMA, utilizaba para la realización
de sus maniobras la financiera que conducía Guillermo Greppi, una persona con
fuertes nexos con Carlos Liuzzi, el exnúmero dos de Carlos Zannini en la
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia durante la era kirchnerista.
Por medio de
su financiera Propyme, Greppi manejaba un sinfín de actividades ilícitas que,
gracias a sus buenos vínculos con el entonces poder nacional, contaban con el
beneplácito y protección de las autoridades, lo que llevaba a que desde lo más
alto del gobierno K se hiciera la vista gorda ante dicho accionar.
La
financiera de Greppi nunca fue investigada por organismos oficiales, como por
ejemplo la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que conducía José “Pepe”
Sbattella, que recién este año -luego del cambio de gobierno-, comenzó a ser
indagada, lo que llevó a que Greppi fuera procesado y embargado por el juez
Javier López Biscayart por evasión fiscal.
El diario
Hoy fue el único medio que durante años dio una pelea en solitario publicando
las denuncias que carcomían por dentro al instituto bonaerense, y que lo
convertían en la principal fuente de financiamiento de la política K.
Impunidad, al límite
El Instituto
de Obra Médico Asistencial (IOMA) se convirtió durante la era K en un antro de
corrupción, con cientos de hechos de desfalco al Estado, que se están
investigando gracias a la labor llevada adelante por la Asociación de
Profesionales del IOMA (Apioma), que conduce Idelmar Seillant.
Desde Hoy se
levantó como bandera la defensa de IOMA, denunciando la corrupción y dando
nombres de todos aquellos personajes que rapiñaron dinero público llevando
adelante una depredación de la obra social.
A través de
nuestras páginas, el lector pudo conocer cómo en los Tribunales de La Plata hay
quince causas penales abiertas por estafa y diversas irregularidades cometidas
en el instituto, que involucran seriamente a directivos del gremio UPCN.
Entre ellas
figuran las que se siguen por internaciones domiciliarias truchas, sobreprecios
en prótesis e insumos, sobrefacturación a empresas fantasmas, incumplimientos a
discapacitados, gerenciadoras ligadas a políticos y gremios favorecidas por
adjudicaciones oficiales, remedios que no llegaban a sus afiliados, todas ellas
evidenciando la corrupción existente en el organismo durante años y que recién
ahora comienzan a abrirse paso en la Justicia.
Escándalos con sociedades offshore en paraísos fiscales
La polvareda
que generó la revelación internacional de los diferentes políticos que tenían
conformadas sociedades offshore en Panamá para evadir impuestos en sus países
de origen tocó de lleno a IOMA.
Según
informó Hoy el 10 de mayo pasado en forma exclusiva, Antonio La Scaleia,
presidente de la obra social durante la gestión de Daniel Scioli, aparecía
vinculado a una empresa fantasma en el país caribeño, lo que provocó un
verdadero cimbronazo en el espectro político bonaerense.
El nombre de
La Scaleia figura como accionista de la firma offshore IT Invest Group
Technologies SA, con domicilio en calle Youyi, en Jiangan District, en China.
Se trata de una empresa que se encuentra activa, según los registros de los
Panamá Papers, y fue fundada en julio de 2012, en pleno proceso donde se
llevaba adelante un desguace de la obra social bonaerense. La intermediación
fue realizada por Paul Etenberg, un abogado especialista en Derecho Tributario
que tiene sus oficinas en la ciudad de Buenos Aires.
En el directorio
de la empresa también aparece Daniel Osvaldo Burgos, exjefe de Gabinete de La
Scaleia. Burgos, pese a formar parte de una empresa en el exterior, aparece en
los registros de la AFIP como monotributista categoría E, declarando tener
ingresos inferiores a los $12.000 por mes.
Sobreprecios en ambulancias
El pasado 28
de junio, desde las páginas de Hoy dábamos cuenta de otro bochornoso caso de
corrupción que competía a IOMA, en este caso, una serie de graves
irregularidades en el proceso de licitación para contratar un servicio de
ambulancias para la atención médica de emergencias y urgencias de la totalidad
de los afiliados.
El negociado
incluía el desembolso de $198.870.930 por una prestación de seis meses, que
abarcaría desde el 1º de julio hasta el 31 de diciembre de este año,
prorrogable por otros seis meses más. Fue tan grande el escándalo que se desató
luego de lo publicado en nuestro diario, que la Justicia, por medio de una
medida cautelar, frenó el proceso que se había puesto en marcha desde el
Instituto.
La Justicia
aplacó así el procedimiento de contratación 63/2016 y suspendió el mismo “hasta
tanto se dicte sentencia en el proceso principal que deberá iniciarse o hasta
que la autoridad demandada subsane las deficiencias de la normativa contractual”.
Los
principales cuestionamientos se dieron porque el negociado habría sido diseñado
para favorecer a la empresa Emergencias SA con aproximadamente $400 millones
anuales. Esta compañía, cuyo titular sería Julio Marino, estaría estrechamente
vinculada al titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
Diario Hoy
