Situaciones: Alem, eclosión del delito rural. Casares, reclamos al gobierno local. Junín, llegó la Gendarmería para quedarse. Bragado, hay refuerzos de la regional Pehuajó, el Intendente culpa a la policía, la policía a los Jueces y la oposición arrecia con reclamos de acciones.
Una crisis de
seguridad innegable, que se refleja en los medios de comunicación a través de
los partes policiales, se está viviendo en el noroeste bonaerense sindicándose
al
avance del narcotráfico –advertido por la Iglesia, por ejemplo, a fines de
2013 y que, entre otros, supuso que el obispado de esa confesión con más base
territorial en la región, recibiera en Nueve de Julio a concejales de distintos
distritos para abordar la preocupante situación, a comienzos de 2014 - y los
estragos que hace entre la juventud, así como delitos contra el campo sobre los
que no se descartan móviles políticos.
Casarense
denominados “Vecinos Autoconvocados” se dieron cita el miércoles 24 en plaza
San Martín haciendo entrega de un petitorio sobre el tema al jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, extensivo
a las conducciones de la fuerza policial regional y local y en el que se le
reclama que se haga cargo de la seguridad "porque usted es la máxima
autoridad”. Torchio respondió que no tiene control sobre la Policía y apuntó a
los Jueces bonaerense como los grandes “responsables de dejar en libertad a
quienes delinquen”.
Asimismo,
además de los denominados “delitos urbanos” – que últimamente han asolado a
Bragado, por ejemplo, perpetrados incluso a plena luz del día, con inteligencia
previa, según afirman autoridades policiales, y con armas de fuego – hay una
creciente hostilidad contra el sector rural con “entraderas” a los campos,
roturas de silos bolsa, pintadas amenazantes en sedes de las agremiaciones de
productores y faenamiento de ganado en pie como ha ocurrido en los distritos de
Casares y Nueve de Julio, así como en el propio territorio bragadense en donde,
en inmediaciones de la pequeña localidad de Olascoaga, se intentó quemar viva a
una mujer luego de cometerse un ilícito contra su propiedad, como para borrar
toda huella.
Más al
norte, a Junín llegó la Gendarmería Nacional para instalarse sobre la ruta
nacional 7, una presencia que el intendente Mario Meoni celebró adjudicándose
el pedido de asentamiento de la fuerza federal en su jurisdicción pero que pone
sobre el tapete el crecimiento de hechos delictivos de todo calibre.
En lo que
respecta a Bragado, como se señalaba, ante la ola delictiva debió pedirse el
refuerzo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la regional Pehuajó. En tanto el responsable de la dependencia
distrital de la Policía Comunal – o sea que depende del Intendente Municipal de
acuerdo a la Ley de Policías de la Provincia de Buenos Aires – también se
manifestó en la línea de acusar a la Justicia: “No tengo dudas de que los
autores de los hechos son gente que nosotros ya detuvimos antes y la Justicia
los liberó”, dijo. Por su parte, el intendente San Pedro, al librar al servicio
nuevos patrulleros, afirmó que “lo único
que no se puede hacer en este tema es bajar la guardia porque cuando uno se
‘achancha’ pasan estas cosas” a la vez que apuntó contra los propios efectivos
policiales a su cargo al señalar que está “convencido que los móviles no se
cuidan como se deben; porque yo pregunto, todos abollados, cuantas
persecuciones hacen por día para estar como están?”
En ese
clima, la oposición política bragadense, expresada en las bancadas de radical y
del PRO en el Concejo Deliberante, Llevarán la acuciante cuestión al recinto de
sesiones en el que será tratada en las extraordinarias de marzo a través de
diferentes iniciativas legislativas.
“El Estado
municipal con el Intendente como jefe de la policía comunal y responsable
máximo de la seguridad de todos los vecinos, debe observar y gestionar ante las
autoridades provinciales y nacionales, todo lo concerniente a dotar a la ciudad
de las medidas que terminen con esta ola de hechos, que colocan a todo el
partido de Bragado en emergencia”, dijeron desde el Bloque de Concejales de
‘Unión PRO Bragado’ que encabeza el edil Aldo Expósito y, por su parte, desde
el Radicalismo, el concejal Martín Acosta reclamó “información para llevar
tranquilidad a la comunidad y para proponer medidas alternativas a fin de
garantizar que todos podamos vivir seguros y en paz”.
Reafirmadas
las expresiones de la oposición bragadense por Fernando Neri, titular de la
bancada radical que especificó el pedido acerca de saber “cuáles son las
políticas de seguridad pública en el ámbito del distrito elaboradas por la
Dirección de Seguridad, el resultado de su aplicación y planes de prevención de
actividades y hechos delictivos, la existencia de un mapa del delito y las
políticas de seguridad pública destinadas específicamente al área rural del
Partido de Bragado”, en definitiva “si se ha cumplido con la Ley, porque de
ello depende la Seguridad de nuestros vecinos”.
Por último
en el Partido de Leandro N. Alem, lindante con la Provincia de Santa Fe, causa
preocupación la importante eclosión del delito rural . Esto ha motivado
reuniones entre el titular del Concejo Deliberante distrital Hugo Gonzalez con
, el comisario inspector Omar Villarreal, Jefe de la Subjefatura zonal Lincoln
de la Policía Rural, y el comisario mayor Marcelo Rodriguez, Jefe de la
Departamental Junín, de acuerdo a lo que informa “distrito interior”, de lo que
podría derivarse en un megaoperativo en la zona .
Estas
situaciones se repiten en la región con distintos niveles de importancia pero
que tienen en vilo a las comunidades de las medianas y pequeñas ciudades del
territorio y a sus zonas rurales.
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