El Defensor
del Pueblo de la Nación, a través de su secretario general a cargo, Carlos
Haquim, recomendó al Ministro de Ciencia y Tecnología y a los ministros
nacionales y provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y la
Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos que coordinen medidas
precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de
agroquímicos. De la zona, el organismo recibió denuncias provenientes de
habitantes de la ciudad de Los Toldos.
Hizo
hincapié en que la medida debe ser especialmente respetada en cercanía de la
población y las comunidades educativas rurales donde asisten niños que se ven
expuestos a los tóxicos como consecuencia de las actividades productivas en la
zona.
El Defensor
del Pueblo nacional interviene en estos casos a través de pedidos de informes y
en virtud de lo establecido por la Ley Nacional de Educación Nº 26.206 que, en
su artículo 126, sostiene que lo/as alumno/as tienen derecho a ser protegidos
contra toda agresión física, psicológica y moral; y a desarrollar sus
aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con
instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.
Las
denuncias y los estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario
de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los
pedidos in situ, los efectos agudos en niños: dolor de cabeza, adormecimiento
de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, cansancio,
náuseas, angustia, entre otros. Además, muchas de las escuelas rurales se
encuentran alejadas de los centros urbanos, por lo cual no son protegidas por
las ordenanzas municipales que regulan la materia.
Por tanto,
la institución considera que “estos derechos y obligaciones de los alumnos se
ven violados cuando, debido a las fumigaciones a las que se ven expuestos,
deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para evitar los efectos
agudos que produce la exposición”.
Asimismo, el
Defensor exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros que arbitre los medios
necesarios para incentivar la producción agroecológica, considerando la
posibilidad de establecer subsidios o reducciones impositivas en los tributos
nacionales que gravan este tipo de actividad.
Además de
los resultados de la investigación para el proyecto “Riesgo Ambiental de la
Niñez en la Argentina” -realizado por la Institución en conjunto con la
Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del
Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- el Defensor
del Pueblo recibió numerosas denuncias sobre casos de fumigación en Pampa del
Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba),
Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los Toldos (Provincia de Buenos Aires) y
Coronel Suárez (Provincia de Buenos Aires).
Además de
los ministerios mencionados, el Defensor del Pueblo también exhortó a los
ministros nacionales y provinciales de Agricultura, a organismos de
investigación y desarrollo, a universidades nacionales y Consejos Federales a
que impulsen mecanismos de monitoreo y seguimiento de los programas que se
desarrollen para controlar que se reduzca efectivamente la presencia de
agroquímicos en el ambiente escolar.
