El 8/10 se
realizó en el Colegio de Abogados de La Plata la nueva audiencia pública. La
justicia obligó a OCABA, a ABSA, al Defensor del Pueblo y al Gobernador Scioli
a convocarla en una localidad urbana donde la asistencia fuera posible y
superara las zancadillas geográficas de San Cayetano (localidad sin micros de
larga distancia y a 500 km de los centros geográficos), allí en plena zona
rural Scioli decidió hacer clandestinamente una audiencia el 19 de agosto
pasado para que los usuarios no pudieran llegar y luego de ese “trámite”
aplicar el aumento de tarifa en el agua.
La nueva
audiencia contó con 200 asistentes de
Moreno, Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Bragado, Merlo, Punta Alta, Varela,
Pehuajó, Casares, 9 de Julio, San Miguel, La Plata, Gonet etc. y Comisiones de
vecinos que luchan por tener agua potable sin arsénico y que funcionen las
cloacas. Estuvieron presentes Senadores, Diputados y Concejales de muchas
localidades. Hubo 80 intervenciones de la oposición política y de las
comisiones de vecinos y ninguna pudo evadirse del mandato popular de NO al
aumento de tarifas y algunos reclamaron ¡fuera Scioli!
La
audiencia, a pesar del cuidadoso léxico de los expositores, desnudó que ABSA
sigue el “modelo Pedraza”: es una cueva de explotación del trabajo, de
especulación y de ataque a la vida de millones que habitan 91localidades.
ABSA es
Scioli, una S.A. mixta (Estado/Sindicato); el 90% es del Estado Provincial que
maneja a discreción el gobernador y el operador es la Comisión Directiva de
Obras Sanitarias. El directorio no tiene legalidad, tampoco el organismo de
control (OCABA) que destinado a defender al usuario es un aguantadero de
punteros del sciolismo y es parte sustancial de la Caja de recaudación de
recursos en negro del gobernador y principal candidato de Cristina.
Dos empresas
tercerizadas en ABSA son explotadas con trabajo precario por la burocracia
sindical de Obras Sanitarias que responde a Scioli como Pedraza respondía a los
Kirchner.
ABSA
ratificó en la audiencia que provee agua contaminada con arsénico, nitratos,
metales pesados, cloruros, cloro en exceso e inclusive materia fecal. Los
gerentes admitieron en la audiencia que el tratamiento de aguas cloacales es un
circuito de contaminación alimentado por ABSA que vuelca sin tratamiento las
aguas servidas a ríos, arroyos, canales y lagunas. Las abundantes pérdidas en
cañerías, la contaminación y falta de tratamiento abarcan a 91 localidades de
la PBA.
El tarifazo
trata de esconder la quiebra de ABSA, con un déficit de u$s74 millones confesado
en la audiencia por los gerentes. La empresa es una caja negra con balances
dibujados no obstante los funcionarios reclamaron $400 millones para seguir
funcionando.
En agosto de
este año ABSA recaudaba $1024 millones (www.lanueva), cobrando el servicio a
usuarios domiciliarios, quienes sólo consumen el 9% del agua. El oficialismo y
la oposición política se niegan a cobrar el agua al otro 91% que son los
grandes consumidores –industriales y explotadores del agro- quienes usan agua
como principal insumo para su producción de mercaderías. Si ese 91% pagara el
consumo, el superávit sería extraordinario y sobraría dinero para obras
públicas.
Scioli,
además de ser uno de los deudores de ABSA por $405 millones de aportes de
capital en los últimos 2 años, está asociado a la empresa sionista Mekorot
Water Company, que ha sido declarada por los organismos internacionales de DDHH
como empresa genocida por sancionar a los palestinos con cortes de agua.
Los
prontuarios del directorio de ABSA certifican que son “okupas” que no pudieron
presentar sus declaraciones juradas, mientras dos gerentes anteriores están
cumpliendo una “probation” por estafar a ABSA.
OCABA en un
acto ilegal se engulle el 4% de la factura “para gastos”. Sólo de Bahía Blanca,
se estipuló en la audiencia, se llevan $6 millones. Los funcionarios de OCABA
presentes no pudieron explicar el destino del dinero recaudado.
Las pruebas
fueron demoledoras con fotos de desbordes cloacales, nula evacuación de los
efluentes sin tratamientos, poca presión, obras públicas millonarias que nunca
funcionaron, falta de plantas potabilizadoras mal construidas y facturadas que
hacen que en los últimos 100 años los habitantes de PBA puedan intoxicarse con
arsénico y adquirir distintas variedades de cáncer; todo fue proyectado en
“power point” por los oradores que señalaron con rigurosidad una a una las
deficiencias en el servicio en los 91 distritos y demostraron que es
injustificable el pretendido aumento por la Gobernación.
Hubo tres
impactantes intervenciones: 1) la de Alicia Tortora, Directora de Servicios
Públicos de la Municipalidad de La Plata, que se pronunció contra el ajuste. 2)
la de Analía Canusso, una de la varias enfermas de Hacre (arsenicismo)
presentes en la sala, quien contó con detalles como adquirió la enfermedad por
beber agua de red contaminada con arsénico. 3) Una abogada que advirtió al
directorio de OCABA y al de ABSA que sus mandatos son ilegítimos ya que no
están inscriptos ante la justicia porque no pudieron o no quisieron presentar
sus declaraciones juradas y que al no brindar el servicio que por estatuto
están obligados a dar son contraventores de leyes de la nación que involucran a
los funcionarios públicos, con lo que pueden ser imputados y terminar en la
cárcel, la advertencia fue redondeada por la letrada quien señaló que iniciaba
la demanda judicial, mandatada por varios de los presentes.
Al día
siguiente el Defensor del Pueblo Carlos Bonicatto mintió en un reportaje a
Radio Universidad “fue una reunión (audiencia) crítica y se opusieron al
aumento dos o tres localidades”.
No obstante
la acumulación de pruebas en contra del aumento, Scioli va a aplicar el
tarifazo (Clarin.com iEco10/10/14).
