Este
proyecto surge como consecuencia que en el análisis de las últimas rendiciones
de cuentas (Periodos 2012/2013) los concejales han cotejado que existen
facturaciones y proveedores que no estarían encuadrados dentro de la normativa
vigente.
La Ley Orgánica Municipal, en su articulado 179 establece que ninguna persona será empleada de la municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario, contrato obra o servicio de ella.
Además la
ley 11757 (Estatuto Empleado Municipal),
en su Art 5 inciso f, afirma que no
podrán ingresar a la administración quien, directa o indirectamente tenga
intereses contrarios con la municipalidad en contratos, obras o servicios de su
competencia; y en el Art. 60 inciso C) Está prohibido, ser directa o
indirectamente proveedor o contratista habitual u ocasional de la Administración Municipal o dependiente o
asociados a ellos.La Ley Orgánica Municipal, en su articulado 179 establece que ninguna persona será empleada de la municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario, contrato obra o servicio de ella.
En otro
orden de cosas, el bloque argumenta en el proyecto y señala que el Código Penal en su artículo 265 expresa “que será
reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial
perpetua, el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o
acto simulado se interesase en algún beneficio propio o de algún tercero, en cualquier
contrato u operación que tenga a su cargo”
Por último
los ediles del FPCyS destacan que en su rol de concejales, elegidos por la
voluntad popular y como rol fundamental de bregar por los intereses de la
ciudadanía, es que han presentado esta
iniciativa tendiente a esclarecer o aportar transparencia en los actos del
gobierno municipal, evitando la existencia de preferencias y amiguismos entre
quienes prestan servicios y los funcionarios o empleados estables del
municipio.
