Así lo
señala la revista política “Desafío Económico” en su edición 63. Allí hay
declaraciones de herederos, concejales y se habla sobre la especulación de “Grandes
negocios inmobiliarios. A continuación reproducimos parte de la misma.(CR) Carlos Casares: hospital "5 estrellas"
Un nuevo escándalo se desató en el distrito gobernado por Walter Torchio. Los bloques de la oposición en conjunto presentaron sus críticas y objeciones a la ordenanza impulsada por el oficialismo que pretende vender 59 terrenos que fueron donados a la comuna. Sospechan de un posible negocio inmobiliario por más de 5 millones de pesos
Tras la derrota sufrida por el oficialismo en las últimas elecciones primarias, el Ejecutivo conducido por Walter Torchio vuelve a estar en el ojo de la tormenta. La oposición denunció públicamente la idea del gobierno de Carlos Casares de utilizar los terrenos lindantes al Hospital Municipal Julio F. Ramos, que fueron donados a la comuna para beneficio propio modificando la cláusula de donación existente.
La historia data de 1927, cuando una de las tradicionales familias del partido donó gratuitamente al Municipio las tierras donde hoy se encuentra emplazado el nosocomio local. Según reza en la escritura, las tierras deben tener un “destino permanente y exclusivo a las construcciones actuales, futuras ampliaciones y usos generales del Hospital Municipal de Carlos Casares”.
Ahora, el oficialismo presentó un proyecto de ordenanza para disponer la venta y transferencia de esos 59 lotes recibidos por aquella donación y volcar el dinero resultante al Hospital. En este punto es donde la oposición esgrime sus críticas ya que afirman que se estaría cambiando el sentido a la donación y que se emplearían esos terrenos para usos residenciales (construcción de viviendas), con los cual se vislumbraría un posible negocio inmobiliario.
“Las familias Maya y Zubeldía donaron el terreno de forma permanente para las futuras ampliaciones del Hospital. No vamos a permitir enajenar tierras que están en manos del Estado. Esto es como el menemismo, que vendía las joyas de la abuela”, dijo a Desafío Económico el concejal Fabián Perello.
Tan grande fue la resistencia por parte de los familiares y de los concejales de la oposición que después de varias sesiones sin lograr quórum, el oficialismo decidió sacar del orden del día el tratamiento de la ordenanza. Sin embargo, desde el Deliberante se habla de un stand by, con la idea de no perder votos para las generales de octubre y volver a la carga luego de los comicios y así votar a su favor la polémica norma.
En relación a esto, el intendente Walter Torchio dijo a Desafío que “el proyecto de ordenanza se sacó de la orden del día para que el concejo pueda sesionar, ya que hace un mes que no había sesiones porque la oposición no se presentaba a dar quórum”.
A pesar de esto, desde el oficialismo afirman que la oposición no tiene argumentos para generar observaciones a la ordenanza. La presidenta del cuerpo deliberante, Ana Laffont (FpV), dijo en conferencia de prensa que queda desestimado “totalmente el argumento de la oposición sobre la escritura original, ya que dos gobiernos radicales dieron uso legal diferente al cargo estipulado, coincidiendo con el dictamen enviado por la Asesoría General de Gobierno”.
Sin embargo, la venta de los terrenos tiene una trama más profunda y espesa que transita en los artilugios de la letra chica de la ordenanza y de un posible negocio inmobiliarios orientado a grandes empresarios de la localidad casarense.
Juan Antonio Fernández, descendiente de la familia Maya, expresó a Desafío que “allegados a la familia Zubeldía quisieron entrevistarse con el señor Torchio pero no tuvieron ninguna respuesta. Yo no lo he llamado personalmente pero mi opinión es pública en Carlos Casares. Yo lo veo más como un negocio inmobiliario que como la necesidad de juntar dinero”.Puntos que no son claros
La historia de la venta de los terrenos donados por las familias Maya y Zubeldía a la Municipalidad de Carlos Casares tiene varios puntos oscuros y contradicciones que dirigirían la escena hacia un posible negociado.
La ordenanza original presentada por el oficialismo que responde al intendente Torchio estipulaba que en el lugar donde serían enajenadas las 2 hectáreas, se construirían casas residenciales. Esto inmediatamente despertó la atención de los ediles opositores que vislumbraron un “supuesto armado inmobiliario”.
Ante el inminente avance del Ejecutivo distrital, los concejales advirtieron y centraron sus críticas sobre la letra chica del redactado. “Todo estaba encaminado para el gran negocio” afirmaban. Sin embargo, los cuestionamientos hicieron mutar el discurso y al equipo legal, económico y técnico del alcalde, no le quedó otra opción más que resignificar la estrategia.
Así, la ordenanza dejó de estar orientada a “casas residenciales” (por su confusión), para enmarcarse en “viviendas sociales”.
El artículo 5 de la mencionada norma polémica también transita en un plano suspicaz. El texto sostiene que “el Departamento Ejecutivo establecerá las condiciones para la forma de pago por la venta de los mencionados lotes, como así también la modalidad para la participación de intermediarios (“inmobiliarias”) del partido de Carlos Casares en la oferta y venta de los lotes objeto de esta ordenanza”.
“Todas las enajenaciones del Estado tienen que ser a través de una subasta pública, entonces nosotros nos preguntamos cómo van a hacer para vender el terreno. Es todo un engendro para poder beneficiar a 4 o 5 personas que son cercanas al gobierno del Intendente”, ratificó el concejal Fabián Perello a Desafío.
Otra contradicción que dejaría en evidencia las desprolijidades de la futura venta de los terrenos es que el mismo Municipio, en 1984, aplicó un ordenamiento a las tierras donadas por la familia. En relación a esto, Perello sintetizó a este medio que “son tan desapegados a las normas que ese terreno está afectado para espacio libre de construcción porque fue afectado por una ordenanza de 1984 como espacio verde. Hoy tendría que ser una plaza, que incluso no se hizo. Son tan descuidados que antes de mandar esta norma, primero tendrían que desafectarlo como lugar de espacio verde”.
Otra de las curiosidades fue la opinión dada por la Asesoría General de Gobierno, que se encarga de dejar en claro que sólo representa un punto de vista más, no siendo vinculante.
El órgano se expidió dejando de relieve que de acuerdo al carácter “permanente y exclusivo” de las construcciones actuales, futuras ampliaciones y usos generales del Hospital Municipal de Carlos Casares; implica que la gestión de Torchio “no estaría dando cumplimiento estricto a la condición impuesta en la referida escritura de donación por las familias Maya y Zubeldía”, aunque también baticina que los terrenos pueden ser vendidos.
Por último, una de las justificaciones más llamativas es la “necesidad” de vender los terrenos para recibir fondos frescos y así reinvertirlos en el Hospital. Con respecto a esto, Juan Antonio Fernández afirmó a Desafío que “si el oficialismo anuncia que los terrenos se van a abonar de acá a 20 años, entonces ¿dónde está la entrada de dinero para hacer obras en el Hospital? Es un negocio para pocos”. El interrogante habla por sí solo.
Los puntos oscuros fueron puestos ante los ojos de la opinión pública y los ciudadanos casarenses dieron un fuerte respaldo a la solicitud de no vender las más de dos hectáreas donadas a la comuna hace 86 años.¿Se viene un negocio inmobiliario?
La polémica ordenanza impulsada por el oficialismo casarense no hizo más que levantar sospechas en cuanto a la utilización de los terrenos lindantes al hospital municipal. ¿Por qué no se quiere respetar la donación? ¿Por qué no se destinan esos terrenos a obras para el Hospital? ¿Por qué se bajó el tratamiento de la orden del día?
Muchas son las dudas que se abren en relación al expediente impulsado por el oficialismo. En un primer momento, la norma planteaba la construcción de viviendas residenciales, pero luego fue cambiada por sociales.
Ante esta modificación, que según la oposición se realizó para “maquillar” el texto, fue que se abrió la sospecha sobre el uso de los 59 lotes que comprenden más de 2 hectáreas: la posible ejecución de un negocio inmobiliario en el partido.
“Visualizamos un gran negocio inmobiliario porque en la ordenanza original que ellos vendían hablaban de que esos terrenos iban a ser vendidos para viviendas residenciales. Después dijeron que iban a ser para viviendas sociales, pero están hablando de un monto de venta del terreno entre $ 150.000 y $ 200.000”, afirmó Perello. Y agregó: “Quién tiene ese dinero, sabiendo que sólo estás adquiriendo el terreno, a eso tenés que sumarle construcción y demás. Hay que tener en cuenta que un sueldo estándar en Casares ronda entre los $ 4.000 y 5.000”.
Según contaron a Desafío fuentes extraoficiales, la sospecha estaría consumada con la definición de destino de “viviendas residenciales”. “Lo que ellos quieren hacer ahí es un barrio privado”, afirmaron a este medio.
En total, el monto de venta de todos los lotes ascendería a los 5 millones de pesos aproximadamente y sería posible de solventar sólo por uno de los grandes inversores del país y otra familia tradicional y de gran peso en Carlos Casares: los Grobocopatel. “Las mejores obras están hechas en lugares donde se benefician ellos o a sus familiares”, contaron desde la localidad.
Un ex empleado municipal dijo a este medio que hace unos meses la comuna realizó una cuadra de asfalto en una calle sin salida que beneficia a la empresa del suegro de Torchio; de las cuadras planificadas, todas tienen en beneficio de algún amigo personal o familiar.
Hay que recordar que Andrea Grobocopatel, segunda de Gustavo en la compañía, es la actual esposa del intendente Walter Torchio. Pero este último asegura que nunca le ha traído problemas en su carrera política.
Las sospechas sobre el levantamiento de un lujoso barrio, que lejos estaría de las viviendas sociales, se hace cada vez más fuerte en Casares, aunque el concejal Perello afirmó que “todavía no hay empresas, pero en los pasillos se habla de gente cercana a funcionarios del distrito. El artículo 5 de la ordenanza habla de la participación de las inmobiliarias”.
Con la norma fuera del recinto y gran oposición por parte de los casarenses, el oficialismo espera salir victorioso en las generales de octubre y así volver a la carga con la venta de los lotes que fueron donados a la comuna.
Juan Antonio Fernández: “Lo veo como un negocio inmobiliario”
-¿Cuál es su postura sobre la venta?
-Estoy en total desacuerdo sobre la enajenación de estos terrenos del Hospital. Considero que esto lleva más a un negocio inmobiliario que a otra cosa pero, fundamentalmente, como allegados a la familia Maya, quiero que se respete la voluntad de la familia. Los terrenos habían sido donados pura y exclusivamente para el Hospital.
Yo tengo mis sospechas, puedo estar equivocado o no, pero siento que esto apunta a ser un negocio inmobiliario y solamente para algunos.
-¿Qué otra utilidad se le podría dar a las tierras?
-Muchas. Se pueden hacer varias cosas con los terrenos, como ampliaciones de todo tipo, buscar comodidades, estacionamiento para la gente que va a ver familiares internados. En su momento, hubo una tentativa de hacer una playa de estacionamiento, pero en esa ocasión no se hablaba de dinero, por el contrario era todo usufructo para el Hospital de Carlos Casares. No sé cuál es el motivo de tanto apresuramiento para la venta.
-El dinero, ¿se puede conseguir de otra manera?
-Yo creo que sí, están hablando de cinco millones de pesos, creo que con las amistades que tiene el intendente, como el gobernador o Julio de Vido, me da la sensación de que la plata se podía haber conseguido fácilmente sin la intención de vender los terrenos que fueron donados.
-¿Cuáles son los argumentos más fuertes del oficialismo?
-Lo quieren comparar con otra situación de un balneario de Carlos Casares, pero eso es distinto, porque fue comprado pura y exclusivamente por la Municipalidad, esto fue una donación. El oficialismo compara los dos casos, cuando no hay simetrías entre ambos.
El tema este fue mal encarado. Desde un principio se tendrían que haber sentado a dialogar con la oposición y con las familias y no de golpe como hizo el Intendente y sus funcionarios.
Lea la nota completa en la edición nº 63 de “Desafío Económico”
